El presidente en ejercicio Álvaro García Linera afirmó ayer que desde 2016 se realiza una auditoría legal para ver si hubo alguna otra irregularidad o mala decisión durante el proceso de defensa del arbitraje con la empresa Quiborax.
"Está en marcha una decisión que se tomó en 2016, una instrucción que dio el Procurador (Pablo Menacho) y ya lo informó respecto a una auditoría legal para ver si hubo alguna otra irregularidad o mala decisión al interior de todo el proceso que hubo en la defensa del Estado frente a Quiborax", señaló ante la consulta de que si es o no un delito la filtración de información que cometió Carmiña Llorenti (exsubprocuradora) y qué debería proceder en este caso.
Dijo que habrá que esperar todos esos resultados de esa investigación interna, que establecerá si hubo otro tipo de responsabilidad o fallas que pueden haberse suscitado durante la defensa que se encaró ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
"No vamos a proteger absolutamente a nadie, se partió de un error de procedimiento que es la causa de la derrota. Se recuperaron los recursos de una manera no legal, eso fue terrible y eso lo admite un canciller del expresidente Carlos Mesa, que le dice que se equivocó, no lo dice Álvaro García Linera, ese es el error de inicio", enfatizó.
No obstante, aseguró que si se identifica que entre 2004 y 2018 hubo otros errores durante el proceso que hizo la defensa boliviana contra la firma chilena, de inmediato se establecerán las sanciones que correspondan.
La filtración de información
Este medio publicó que Carmiña Llorenti, exsubprocuradora de Defensa y Representación Legal del Estado, cometió ilegalidades en el ejercicio de sus funciones al realizar la defensa boliviana en el arbitraje presentado por la chilena Quiborax.
En el informe con la denominación RPAD/ASE/004/2018, emitido por la autoridad sumariante externa de la Procuraduría, Ana Guevara Clavijo, se detalla que la exfuncionaria, durante una reunión de negociación en La Paz en agosto de 2016, con los abogados de Quiborax y Non Metallic Minerals, prestó su computadora a uno de los abogados de las demandantes.
Llorenti dejó abierto su correo personal e institucional, hecho que fue "aprovechado" por el representante de la firma chilena, Rodrigo Gil, para reenviar desde esa dirección tres documentos a su equipo jurídico.
Al respecto, el procurador Menacho dijo ayer a Página Siete que la autoridad sumariante determinó que Llorenti sea procesada sólo por la vía administrativa y el informe sea remitido a la Contraloría.
El arbitraje
- Laudo A fines de mayo, el CIADI comunicó a Bolivia que debe indemnizar a la chilena Quiborax con 57 millones de dólares, por haber revertido sus concesiones en el Salar de Uyuni. Sin embargo, luego se acordó un pago final de 42,6 millones de dólares.
- Resolución Luego del fallo, la Procuraduría General del Estado interpuso una proposición acusatoria contra el expresidente Carlos Mesa, por no cumplir las normas al momento de revertir las concesiones. Según el Gobierno, el hecho originó el arbitraje internacional con la empresa chilena. Por este caso, Mesa fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado.
Carlos Mesa argumenta prescripción y pide archivo
Mediante un nuevo memorial, el expresidente Carlos Mesa solicitó ayer a la Fiscalía General del Estado que se rechace la proposición acusatoria y se archiven los obrados en su contra, ya que los delitos de los que se lo acusa ya prescribieron.
"Señor Fiscal del Estado, se hace conocer elementos de juicio adicionales para el rechazo de la proposición acusatoria presentada por el Procurador General dentro del caso denominado Quiborax", señala el documento que remitió Mesa, y que fue publicado en su blog.
En el documento reiteró que el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé abrogó su Decreto 27589, con el Decreto 28527, por lo tanto, la norma cuestionada por la Procuraduría se extinguió y dejó de existir jurídicamente.
Sobre la prescripción, sustentó que los artículos 27 y 29 del Código Penal disponen la extinción de la acción penal por prescripción y establecen plazos dentro de los cuales fenecen. Por ejemplo, en ocho años para los delitos que tengan una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea seis o más de seis años.
Asimismo, hizo referencia al inicio del término de cómputo para que proceda la prescripción, incluido en el artículo 30, que dice que "el término de la prescripción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito (...)".
El 22 de mayo, Menacho solicitó a la Fiscalía el inicio de una investigación contra Mesa, por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, que el expresidente niega haber cometido.
