La presidenta de la Comisión de la Asamblea Legislativa para investigar el caso Lava Jato, Susana Rivero, aseguró este miércoles que hay "indicios muy fuertes" sobre el pago de coimas durante el proceso de contratación de la carretera Roboré-El Carmen, suscrito en el gobierno del expresidente Carlos Mesa.
"Nosotros investigamos sobornos, estamos muy cerca de encontrar (...), tenemos indicios muy fuertes. Les pido tengan paciencia, todo lo que diga la comisión será con pruebas, no podemos atentar contra la presunción de inocencia ni hacer especulaciones", declaró al presentar las conclusiones preliminares del informe llamado Nº 5.
Aseguró que los "sobornos" ya fueron rastrados por la Policía Federal de Brasil desde el inicio hasta la entrega y se ha detectado que la carretera Roboré-El Carmen fue amarrada en el gobierno de Mesa a través de la resolución 004/2005.
Explicó que el contrato principal fue suscrito en el gobierno de Mesa el 27 de enero de 2005 por 118,9 millones de dólares. En el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé se modifica el contrato, rebajando el costo de la carretera a 94 millones de dólares.
Rivero indicó que en la gestión de Evo Morales no se cambia el monto del contrato, pero sí modifica las condiciones del crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento.
"Hasta aquí ya sabemos qué personas han participado, quiénes firmaron qué cosa, quiénes tomaron decisiones importantes firmando documentos desde el Servicio Nacional de Caminos (SNC) y la ABC, y partir de este momento serán investigadas y rastreadas", declaró a tiempo de asegurar que siendo una comisión oficial, todo lo que diga el informe Nº 5 tiene documento probatorio.
Anunció que inicialmente realizarán una invitación abierta para que la persona que tenga información aporte, y quien no quiera venir que no venga y el que quiere venir, que comparezca ante la comisión.
Sin embargo esperan que las personas que sean invitadas, asistan de buena fe, porque igual "las pruebas saldrán por los documentos, movimientos financieros y viajes que no pueden justificar", advirtió. La siguiente fase es rastrear el proceso de contratación de otra carretera.
IV. Responsabilidad en el ejercicio de la Función Pública
Todo servidor está obligado a rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública.
Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión (Artículo 28 Ley 1178). Estas responsabilidades se describen de la siguiente manera:
a) La responsabilidad administrativa emerge de la contravención del ordenamiento jurídico administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público (Cfr. artículo 13 Decreto Supremo 23318-A). El ordenamiento jurídico administrativo está constituido por las disposiciones legales atinentes a la Administración Pública y vigentes en el país al momento en que se realizó el acto u omisión (Cfr. artículo 14 Decreto Supremo 23318-A).
b) La responsabilidad ejecutiva emerge de una gestión deficiente o negligente así como del incumplimiento de los mandatos expresamente señalados en la ley (Cfr. artículo 34 Decreto Supremo 23318-A).
c) La responsabilidad civil emerge del daño al Estado valuable en dinero (Cfr. artículo 50 Decreto Supremo 23318-A).
d) La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público o de los particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal (Cfr. artículo 60 Decreto Supremo 23318-A)
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