Archive for mayo 2018
Capturan a 32 por delinquir el fin de semana de Gran Poder
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz informó que durante el fin de semana de la festividad del Gran Poder se logró la captura de 32 personas, acusadas de cometer diferentes delitos.
El coronel Johnny Aguilera informó que el sábado, día de la entrada, se aprehendió a 12 personas por delitos contra la propiedad (robos) y atender contra la integridad de las personas.
El domingo, según el jefe policial, se capturó a 20 personas (10 mujeres y 10 varones) acusados de cometer la sustracción de bienes mediante la violencia o el dopaje de sus víctimas.
Aguilera precisó que tres de los detenidos tenían en su poder pastillas que usarían para dopar a personas con quienes consuman bebidas alcohólicas, con el objetivo de facilitar el robo.
Señaló que dos de los detenidos intentaron sobornar a los policías que los detuvieron, ofreciéndoles los objetos que habían robado como pago a cambio de dejarlos en libertad.
Indicó que entre los detenidos hay seis menores de edad, y que el resto tiene entre 22 y 49 años.
Además, señaló que se sorprendió a un "Alberto" (personas que compra productos robados), con dos mil bolivianos de "dinero caliente" para adquirir los objetos ilícitos.
El coronel Aguilera explicó que usualmente hay mayores índices delictivos el día posterior a la entrada, porque en la misma se controla la bebida a los danzarines, pero las reglas son más flexibles para los acontecimientos del domingo.
Fuente.ARTICULO 172°.- (RECEPTACION).
Quedará exento de pena el que encubriere a sus ascendientes, descendientes o consorte.
Médico captaba a víctimas desde consultorio privado
Verónica Zapana / La Paz
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, explicó el modus operandi en este caso. Un médico captaba a los pacientes en su consultorio privado, hacía cobros de hasta 14.000 bolivianos por tratamientos de radioterapia y los derivaba a hospitales públicos. Hay 11 implicados en el caso y son imputados por cuatro delitos. Hoy son sus medidas cautelares.
"El modus operandi era que a través de un consultorio particular, el médico captaba gente que pagaba sumas cuantiosas entre 12.000 y 14.000 bolivianos por tratamientos contra el cáncer y esos montos eran pagados en el consultorio particular, pero lo llamativo era que los tratamientos eran procesados en los nosocomios públicos", dijo Blanco y aseguró que esa teoría está respaldada por declaraciones de los mismos imputados.
Aseguró que si bien los casos son similares, son completamente distintos desde todo punto de vista. "Técnica y jurídicamente es viable tener los casos separados, porque no hay conexión entre ambos casos".
El martes, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó una intervención en el Hospital de Clínicas y en el Hospital Obrero, perteneciente a la Caja Nacional de Salud (CNS). En ambos operativos se arrestó a 12 funcionarios, entre técnicos radiólogos, físicos médicos, administrativos y un médico. De ellos, 11 fueron aprehendidos.
Blanco aseguró que el miércoles a las 22:00 concluyeron con sus declaraciones, por lo que se les imputó a seis personas que trabajaban en el Hospital Obrero, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes públicos, delitos contra la salud pública, y uso indebido de influencias. "Por eso se solicita la detención preventiva".
Los otros cinco que son del Hospital de Clínicas también fueron imputados por incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes públicos, delitos contra la salud pública y uso indebido de influencias.
De acuerdo con el fiscal departamental, entre los detenidos, "está el principal sospechoso. "El médico de quien preferimos no dar su nombre, además de otros ocho técnicos radiólogos y dos administrativos", dijo.
Desde el 29 de abril, Página Siete informó que una paciente con cáncer denunció cobros irregulares de parte del radiooncólogo A. Q. por el tratamiento de radioterapia. Ella canceló en el consultorio privado del galeno la suma de 8.000 bolivianos, pero hizo su tratamiento en el Hospital de Clínicas, un nosocomio público.
Días después, otros dos pacientes denunciaron tráfico de pacientes del Hospital de Clínicas al hospital Obrero, contra el mismo doctor, ya que ese especialista trabajaba también en ese nosocomio. Ambos pacientes también pagaron de forma particular al galeno, pero fueron atendidos en Radioterapia de ese hospital del seguro a corto plazo.
Blanco aseguró que es posible que haya más implicados, pero eso lo indicará la investigación. Detalló que hay gente de esas unidades que está de vacaciones, pero de todos modos será convocada a declarar.
ARTICULO 142°.- (PECULADO).
ARTICULO 224°.- (CONDUCTA ANTIECONOMICA).
Si actuare culposamente, la pena será de reclusión de tres meses a dos años.
Seguridad 7 de mayo de 2018 13:30 Capturan a abogada que ejercía con título falso e indagan caso similar en Obras Públicas
ARTICULO 198°.- (FALSEDAD MATERIAL).
ARTICULO 199°.- (FALSEDAD IDEOLOGICA).
En ambas falsedades, si el autor fuere un funcionario público y las cometiere en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de privación de libertad de dos a ocho años.
Policía intercepta a dos camiones con contrabando
Efectivos de la Policía interceptaron este lunes a dos camiones con contrabando que transitaban por la carretera entre Viacha y El Alto, logrando la aprehensión de cinco personas, informó el subcomandante nacional, coronel Agustín Moreno.
Según el reporte, los policías capturaron a los camiones entre Viliroco y San Martín, y luego interceptaron a una vagoneta que levantó sospechas. El coronel Moreno indicó que este tercer vehículo tenía la función de encubrir el movimiento de los motorizados de alto tonelaje.
Entre los aprehendidos hay tres varones y dos mujeres, quienes serán puestos a disposición de la justicia.
Según el coronel, los detenidos indicaron que en uno de los camiones se trasladaba forzadas y en el otro ropa nueva. Se convocó a la Aduana para que proceda con el decomiso de los productos ilegales.
COBERTURA EL ALTO: EDWIN APAZA
CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO - Aprobado por Ley 2492 de 02/08/2003
ARTÍCULO 181° (Contrabando).
Comete contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:
| a) | Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía. |
| b) | Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales. |
| c) | Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más próxima. |
| d) | El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria. |
| e) | El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser sometidas. |
| f) | El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. |
| g) | La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita. |
El contrabando no quedará desvirtuado aunque las mercancías no estén gravadas con el pago de tributos aduaneros.
Las sanciones aplicables en sentencia por el Tribunal de Sentencia en materia tributaria, son:
| I. | Privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a UFV's 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA). Se agravará la sanción penal en una mitad si el delito fuere cometido por Servidores Públicos. |
| II. | Comiso de mercancías. Cuando las mercancías no puedan ser objeto de comiso, la sanción económica consistirá en el pago de una multa igual a cien por ciento (100%) del valor de las mercancías objeto de contrabando. |
| III. | Comiso de los medios o unidades de transporte o cualquier otro instrumento que hubiera servido para el contrabando, excepto de aquellos sobre los cuales el Estado tenga participación, en cuyo caso los servidores públicos estarán sujetos a la responsabilidad penal establecida en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de la Ley 1178. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía sea igual o menor a UFV's 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), se aplicará la multa del cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía en sustitución del comiso del medio o unidad de transporte. Cuando las empresas de transporte aéreo o férreo autorizadas por la Administración Tributaria para el transporte de carga utilicen sus medios y unidades de transporte para cometer delito de Contrabando, se aplicará al transportador internacional una multa equivalente al cien por ciento (100%) del valor de la mercancía decomisada en sustitución de la sanción de comiso del medio de transporte. Si la unidad o medio de transporte no tuviere autorización de la Administración Tributaria para transporte internacional de carga o fuere objeto de contrabando, se le aplicará la sanción de comiso definitivo. |
| IV. | Se aplicará la sanción accesoria de inhabilitación especial, sólo en los casos de contrabando sancionados con pena privativa de libertad. Cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando, sea igual o menor a UFV's 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA), la conducta se considerará contravención tributaria debiendo aplicarse el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título IV del presente Código. |
| V. | Quienes importen mercancías con respaldo parcial, serán procesados por el delito de contrabando por el total de las mismas. |
Conductores en estado de ebriedad ahora podrían recibir hasta 15 años de cárcel
A través de un nuevo decreto, se están endureciendo las sanciones contra los conductores que sean encontrados en estado de ebriedad.
Los conductores en estado de ebriedad que provoquen la muerte o lesiones graves a una víctima, podrían recibir una pena privativa de libertad que va desde los cuatro hasta los 15 años, informó el director Departamental de Tránsito, Transporte y Viabilidad, Sadid Ávila Vargas.
A través de un nuevo Decreto, se están endureciendo las sanciones contra los conductores que sean encontrados en estado de ebriedad.
Ahora cualquier conductor podría ir a la cárcel en corto tiempo, por estas nuevas disposiciones nacionales, ya que los procesos serán abreviados.
En caso de que la infracción sea cometida por primera vez, la sanción sería que se suspenda su licencia por el periodo de tres años, anteriormente se privaba de la licencia cuando el caso era por primera vez y era suspendida por el lapso de un año.
Aquellos conductores que sean reincidentes en conducir bajo los efectos del alcohol, podrían además recibir la pena de cárcel.
"Tenemos la obligación nosotros (como tránsito) de pasar a conocimiento del fiscal, y el fiscal hacia el juez, el juez pues es el que va a valorar eso e inmediatamente en un proceso corto pues va a determinar la sanción correspondiente que puede ser cárcel desde seis meses hasta cuatro años", dijo Ávila.
"En caso de que (en un accidente) exista muerte de persona, o daños personales o lesiones graves, pues la sanción ahora se ha incrementado (y van) desde cuatro a 15 años de cárcel, esto se va a dar en aquellos casos flagrantes, cuando nosotros encontremos de forma flagrante manejando o conduciendo un vehículo en estado de ebriedad", concluyó
Fuente.Vecinos muestran recelo por préstamos de colombianos
lunes, 21 de mayo de 2018 · 00:16
Pamela Pomacahua / La Paz
"CREDIYA. Prestamos al instante", se lee en la tarjeta blanca con letras color azul que recibió Herminia (nombre ficticio) de un muchacho de acento extranjero que "hablaba rápido". La mujer es propietaria de una pequeña carnicería en la zona Norte de la ciudad de La Paz, una de las laderas de la sede de Gobierno que se beneficia de programas de reconstrucción de barrios a cargo de la Alcaldía de La Paz.
Herminia vende carne en pequeñas cantidades y sus compradores son los mismos vecinos que habitan en este cinturón popular en las barriadas paceñas. Gracias a los medios de comunicación, la comerciante minorista aseguró que no se prestó dinero de estos extranjeros porque escuchó que "es plata que viene del narcotráfico".
"Yo no me atreví ni a llamar porque escuché por los medios de comunicación que son colombianos y que te cobran con un porcentaje mucho más que los bancos para pagar los intereses", expresó la mujer. Hace un mes, un joven bajó de una motocicleta, mientras su acompañante esperaba con el motor encendido. Se aceró a la mujer y le dio la tarjeta de contacto.
Página Siete llamó al número que figura en la tarjeta, pero éste ya está desconectado.
Los colombianos dejaron su tarjeta en diferentes tiendas de barrio y a los negocios de comida. Una de ellas fue Inés Poma, quien vende comida en la avenida 9 de abril. Ésta contó que un joven con casco de motocicleta entró a su tienda y le dijo que si quería dinero rápido sólo debía llamar al número que estaba en la tarjeta. "Cuando me dio la tarjeta, me asusté porque escuché que si no pagas te cobran a la fuerza y de paso te golpean o te despojan de tus bienes y dinero, por eso dije: 'no gracias'".
La Policía explicó que estos préstamos "de colombianos" son con tasas de interés de hasta el 40%, pero uno de los objetivos es el despojo de bienes y dinero de víctimas del denominado préstamo "gota a gota" que se originó en Colombia y se extendió como red ilegal a otros países, entre ellos, Bolivia.
Según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), el dinero viene del narcotráfico y luego los colombianos lo prestan a las personas que lo necesitan.
Acciones policiales
- Operativo.- Hace tres semanas, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz realizaron un operativo en un domicilio de la avenida Busch para investigar a un colombiano sospechoso, pero éste ya había escapado del lugar. La Policía encontró tres hojas con nombres y números de celular y en el cabezote de la hoja decía "deudores", además de fotocopias de cédulas de identidad.
- Aprehendidos.- La Policía realizó diferentes operativos, el último en abril, en el que atraparon a nueve ciudadanos colombianos, entre ellos dos mujeres, dedicados a préstamos de "goteo". Éstos tienen sus papeles de ingreso a Bolivia en orden, pero se los detuvo tras conocerse su actividad.
Artículo 409 del Código Civil puntualiza que el denominado interés convencional (que es convenido entre las partes) no puede exceder del 3 por ciento mensual, por lo que cualquier monto superior a esta cifra se considera como usura.
El artículo 410 de este mismo código considera interés no solo al acordado con ese nombre sino también a todo recargo, porcentaje, comisión o excedente sobre la cantidad principal.
* La usura agravada, según el artículo 361 del Código Penal, señala que la sanción de usura será agravada en una mitad en los siguientes casos:
- Si el autor fuere prestamista o comisionista, usurero profesional o habitual.
- Cuando se hubiere empleado cualquier artificio o engaño para obtener el consentimiento de la víctima.
- Si el hecho fuere encubierto mediante otras formas de contrato, aun a manera de cláusula penal que fije los intereses respectivos.
- Si el hecho constituyere alguna de las formas de anatocismo (interés compuesto).
Operativos en “barrios chinos” termina con varios detenidos
La Policía realizó el jueves operativos en los denominados "barrios chinos" de El Alto y La Paz, además en la zona Sur, en los cuales logró el secuestro de cientos de teléfonos celulares presuntamente robadas y la captura de varios comercializadores.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, señaló que para estos operativos se apuntó a los "albertos", es decir, los receptores de los objetos robados y que los ponen a la venta.
La autoridad dijo que en total hay más de 400 celulares secuestrados, además de prendas de vestir nuevas, productos que son de dudosa procedencia.
En el caso de La Paz, el director de la fuerza anticrimen, coronel Jhonny Aguilera indicó que se aprehendió a 18 personas en el "barrio chino" de la zona Rosario.
Asimismo, el coronel Aguilera señaló que se secuestraron 101 celulares en el operativo en el "barrio chino" paceño, y 225 en comercios de la zona Sur.
En El Alto, el subdirector de la fuerza anticrimen, coronel Freddy Medinaceli, indicó la noche del jueves que en el "barrio chino" de esa ciudad se arrestó a 86 personas, de los cuales cinco serían remitidos a instancias judiciales.
El coronel Aguilera pidió a los comunicantes de objetos usados que eviten vender productos de dudosa procedencia, y a la misma población que no compre estos objetos, para no fomentar la delincuencia.
Código Penal (CPP)en su artículo 172.
La norma penal establece en el caso de quienes cometan delito de recepción:
"El que después de haberse cometido un delito ayudare a alguien a asegurar el beneficio o resultare del mismo o recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas los instrumentos que sirvieron para cometer el delito o las cosas obtenidas por medios criminosos, será sancionada con reclusión de seis meses a dos años. Quedare exento de pena el que encubriere a sus ascendientes, descendientes o consortes", establece la norma.
Construirán 2.000 viviendas sociales en ciudad de El Alto
La Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) construirá 2.000 soluciones habitacionales en El Alto. Para ello convoca a todas las personas que necesiten mejorar, ampliar, renovar o la construcción de una vivienda nueva aproximarse a la oficina temporal que abrirá la Agencia, a partir del miércoles 16 de mayo, en la Federación de Juntas Vecinales de la urbe alteña (FEJUVE) para una mejor atención y rápida ejecución de los proyectos.
La AEVIVIENDA tiene programado ejecutar este año 23.000 soluciones habitacionales; unas 5.270 corresponden al departamento de La Paz, de las cuales 2.000 están asignadas a la ciudad de El Alto (9% del total nacional). Se programó más de 1.400 mejoramientos, ampliaciones y renovaciones de viviendas y más de 500 construcciones nuevas.
Para cumplir con dicha programación en la urbe alteña personeros de la AEVIVIENDA atenderán en la sede de la FEJUVE, que se encuentra en la Avenida 6 de marzo, de 08:00 a 16:30 para brindar asesoramiento técnico, legal y armado de carpetas para determinar si cumplen con los requisitos para ser beneficiados con dichos programas.
Se pensó en esta modalidad directa de atención y acompañamiento a los postulantes a dichos programas de vivienda social debido a la falta de coordinación de las organizaciones vecinales de El Alto con la AEVIVIENDA, lo cual retrasa la ejecución de los proyectos programados para esta gestión.
Pese a esas dificultades se tiene programado informar sobre los programas de vivienda social en todos los distritos y/o urbanizaciones alteñas que requieran beneficiar a las personas que carecen de una vivienda propia o que viven en condiciones precarias y hacinadas.
Las zonas que quieran postular a este beneficio deben: presentar una solicitud de intervención firmada por el presidente de la junta de vecinos dirigida al Director Departamental de La Paz, Luis Torrez; tras una coordinación se realizará una socialización a los vecinos interesados, luego se armará carpetas de los postulantes con la documentación correspondiente (todo en foto copia simple) para realizar la evaluación técnica y social para determinar el tipo de intervención.
Cabe remarcar que la Agencia Estatal de Vivienda no realiza cobros de dinero para postulación de acceso a una vivienda social, tampoco autoriza a personas particulares o dirigentes vecinales a realizar recaudaciones para acceder a este beneficio estatal.
COMO POSTULAR A VIVIENDAS CUALITATIVAS AREA URBANA
Las Entidades Territoriales Autónomas, las Organizaciones Territoriales o las Organizaciones Sociales solicitantes (juntas de vecinos), deberán presentar:
Documentos de Solicitud: (urbano)
1. Nota de Solicitud al director de la agencia estatal de vivienda Departamental La Paz
2. Ficha de Factibilidad debidamente llenada (será proporcionada por la AEVIVIENDA La Paz)
3. Planimetría de la zona aprobada por el Municipio
4. Documento que aprueba la planimetría (Ordenanza o Resolución Municipal)
5. Personería Jurídica de la zona
6. Acta de elección y posesión de autoridades vecinales
Nota: Presentada la documentación se procederá a su verificación y análisis de factibilidad de la zona, siendo positiva la verificación se comunicara al representante de zona para programar la socialización del proyecto, posterior a la socialización se deberá presenta la siguiente documentación:
7. Acta de la Reunión y/o Ampliado de la Entidad Territorial Autónoma (Organización Social, personas solicitantes) consensuada, en la que se avale la priorización y ejecución del proyecto en las zonas o barrios seleccionados, debidamente firmado por la Autoridad correspondiente.
8. Acta de Reunión de la Zona o Barrio en la que se eligió a los solicitantes al proyecto de vivienda, con su respectiva lista en el acta
9. Lista de Solicitantes, suscrita por la Autoridad correspondiente en hoja membretada de la zona)
10. Carpetas de los postulantes con la documentación del solicitante
Documentos de los Solicitantes:
11. Fotocopia de Cédula de Identidad del solicitante, en caso de no haber actualizado el estado civil en la cedula de identidad presentar su certificado de matrimonio.
12. Fotocopia de Cédula de Identidad del cónyuge
13. Fotocopia de Cedula de identidad, o certificado de nacimiento (en menores hasta los 5 años
14. Formulario de Certificado de la zona (formulario de la AEVIVIENDA)
15. Fotocopia de Derecho propietario; Folio Real o Testimonio
16. Fotocopia de Pago de impuestos. 2 boletas de pago de los últimos años
17. Plano de lote o certificado catastral (debidamente aprobado por el municipio)
Requisitos de postulación:
Para postular a un Proyecto Cualitativo de Vivienda Social en el área urbana, el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser boliviano o boliviana mayor de edad.
b) Demostrar la propiedad de una sola vivienda. Para el caso de coopropiedad pasará por un análisis jurídico.
c) No haber sido beneficiario de programas de vivienda por el Nivel Central del Estado.
d) Demostrar residencia permanente en el lugar, zona, urbanización de la implementación del Proyecto.
e) Garantizar el efectivo cumplimiento del aporte propio (mano de obra y materiales áridos).
Implicados en caso exjuez Delgadillo concertaron llamadas y reuniones
 LOS INVOLUCRADOS EN LA AUDIENCIA CAUTELAR DEL DÍA SÁBADO DONDE SE DICTÓ DETENCIÓN PREVENTIVA PARA EL ABOGADO BORIS CHOQUE Y ALEXANDER GUARACHI. |
Los cinco implicados en el caso de consorcio de jueces y abogados, en el Juzgado Primero Anticorrupción, que estuvo a cargo de la exjuez Cinthya Delgadillo, realizaron llamadas y concertaron una reunión entre ellos, luego de ser denunciados y antes de ser aprehendidos, para acordar la versión que darían ante la Fiscalía, confirmó a EL DIARIO, Blanca Ugalde, defensa de uno de los pasantes imputados.
Ugalde, abogada de Jhosep Canaza, uno de los pasantes del juzgado de la exjuez Delgadillo, procesado en este caso, aseguró que su cliente confirmó que recibió una llamada para asistir a una reunión el lunes 7 de mayo, pasadas las 10 de la noche en cercanías de la Estación Central.
A la reunión, "se presentan la juez (Delgadillo), el doctor Boris, Alex Jhosep, la secretaria. Y con Jhosep no hablan mucho, (Delgadillo) le dice no te preocupes, no va haber ningún problema, porque tú has llevado mis cosas personales y nada más", detalló Ugalde sobre el encuentro.
La denuncia fue presentada cerca de las 18 horas de ese día ante el Consejo de la Magistratura, por el abogado Juan Sadoc, quien afirmó que al interior de un saco azul, (13 expedientes judiciales del juzgado de Delgadillo) fueron llevados "de regreso" desde la oficina del abogado particular Boris Choque por dos de los pasantes, como se verifica en un video donde se identifica a Jhosep Canaza y Alexander Guarachi.
Por otro lado, en audiencia cautelar, Rene Salazar, abogado de su colega Choque, confirmó que presentó un audio, al que tuvo accedo EL DIARIO, sobre la conversación que sostuvo su cliente con el pasante Alexander Guarachi, esto luego de que aprehendan a Delgadillo.
Recordemos que luego de iniciar la investigación y realizar dos allanamientos, el jueves 10 de mayo, el juez segundo anticorrupción, Alan Zárete, ordenó la detención preventiva de Delgadillo en la cárcel de Mujeres de Obrajes y concedió detención domiciliaria a la secretaria del juzgado intervenido, Yveth Flores, por estar en estado de gestación.
Esa misma jornada, se entrega Choque y el viernes aprehenden a Guarachi, la audiencia cautelar se desarrolló el sábado ante el mismo juez, donde también se procesó a Canaza que había permanecido aprehendido desde el miércoles.
Canaza fue beneficiado con detención domiciliaria, mientras Choque y Guarachi fueron remitidos al penal se San Pedro.
AUDIO
"Hermano, las cosas se han agravado de gran manera, tú sabes que yo no tengo nada que ver en esta m…y esa bolsa que yo no sé qué tenía, es de vos y creo que de la Cinthya (Delgadillo) más, pero yo no tengo nada que ver Alex, (…) vos se lo has llevado, lo has metido a mi oficina sin mi autorización, yo no estaba ni cuando has metido ni cuando has sacado y ahora yo estoy con mandamiento de aprehensión por tu culpa y no sé si por la doctora, eso vos y ella no más saben", asevera Choque en el audio de la conversación grabada vía celular, que sostuvo con Guarachi, a quien le exige que se presente a declarar antes que él.
Por los datos de la charla, la conversación se produce cuando la juez Delgadillo ya fue aprehendida (martes por la noche) y antes de que la misma sea imputada.
En la misma conversación, la voz que se atribuye al pasante Alexander Guarachi, en tono nervioso también niega haber conocido el contenido del saco donde se encontraron 13 expedientes judiciales y que los testigos afirman que ese material estuvo por más de tres semanas en la oficina donde Choque trabaja junto a otros dos abogados en el edificio Mariscal de Zepita frente a tribunales en la calle Jenaro Sanjinés de la ciudad de La Paz.
"Cómo hacemos Boris, porque he hablado ahora y ha dicho que espere a (saber) qué es lo que ha pasado con la (exjuez) Cinthya, no sabemos en qué calidad está", replica Guarachi en otra parte del audio sin revelar quién le da esa instrucción.
En el audio, ambos alegan ser inocentes y desconocer el contenido del saco azul, pero Guarachi admite haber llevado el saco azul por instrucción de Delgadillo.
Por su lado, la abogada Ugalde sostiene que su cliente fue utilizado y en su criterio correspondía que se defienda en libertad irrestricta.
Señaló que Jhosep Canaza desconoce de lo que las otras personas hablaron antes de llegar a la reunión el 7 de mayo y desconoce si alguno de los involucrados grabó esa conversación.
Por el momento solo anunció que apelaría para que su cliente logre salir a trabajar, debido a que es una persona de escasos recursos.
En este contexto, para esta semana se aguarda el informe pericial al audio presentado por Choque además de conocer si los casos que estaban a cargo de Delgadillos serán sometidos a una auditoría jurídica como ya se ha solicitado desde el ámbito político.
Detienen a 2 abogados por usar un poder falsificado
El responsable de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) Marcelo Fernández, informó que dos abogados fueron aprehendidos este viernes por haber presentado un poder falso para una audiencia que debería resolver un incidente planteado por el Ministerio de Gobierno en un juzgado de El Alto.
Dijo que el poder fue falsificado porque nunca fue emitido por la respectiva a Notaría de Fe Pública y que incluso presentaron una certificación que no corresponde, por lo que solicitaron al juzgado suspender a la audiencia y pidieron a la Policía detener a los abogados.
El auxiliar de ambos abogados también fue detenido por ser partícipe de una figura penal de uso de instrumento falsificado.
Explicó que solicitó al juez la nulidad de la devolución de dos bienes que debían ser monetizados por Dircabi, pero de manera inexplicable, porque nadie sabe cómo se enteraron del proceso, los abogados presentaron un poder del propietario que se benefició del bien inmueble.
En ese proceso, Dircabi se enteró que el poder nunca fue extendido por la notaria y que la finalidad de los abogados era interrumpir que se moneticen estos inmuebles valuados en más de 100 mil dólares cada uno.
"Lo raro que es de la noche a la mañana estos dos abogados han aparecido cuando el incidente tardó cuatro meses en notificaciones y de repente no aparece el propietario, pero sí los abogados con un poder falsificado", manifestó.
Dircabi espera que el Ministerio Público pueda actuar y levantar cargos por uso de instrumento falsificado.
COBERTURA EL ALTO: EDWIN APAZA
Ocho jóvenes van a juicio por la muerte de un estudiante de la UMSA
El Ministerio Público acusó formalmente a ocho jóvenes para ir a juicio por el asesinato Adrián Moya Méndez, estudiante de la Facultad Técnica de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
"Ya en la conclusión de la etapa preparatoria el Ministerio Público ha pedido acusar formalmente como acto conclusivo (de las investigaciones) a ocho personas implicadas", informó el fiscal Franz Villegas.
Tres mujeres y cinco varones están detenidos preventivamente en distintas cárceles para ser procesados por los delitos de asesinato, robo agravado y asociación delictuosa.
Cae una juez anticorrupción por consorcio con abogados
La juez anticorrupción Cinthia Delgadillo fue arrestada este martes, investigada por presunto consorcio ilegal con abogados descubierto por irregularidades que se evidenciaron en su oficina y resoluciones. El Consejo de la Magistratura anunció su suspensión del cargo.
El caso surgió después de que pasantes fueron denunciados por llevar expedientes del juzgado hacia una oficina particular de abogados.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, explicó que, tras detectar ese manejo irregular de expedientes, se procedió este martes a un operativo de acción directa en que se arrestó a la juez Delgadillo y a la secretaria de su juzgado.
Asimismo, según Blanco, se allanó la oficina de los abogados particulares en cuyas computadoras se pudo hallar resorciones que corresponderían al juzgado de Delgadillo.
Es decir, que presuntamente en la oficina particular de los abogados se hacían resoluciones de la juez. El fiscal indicó que se encontró dictámenes de medidas cautelares y desarraigo.
Blanco indicó que también se procederá a allanar la oficina de la juez, que está siendo investigada por el delito de consorcio de jueces y abogaos, e incumplimiento de deberes.
Consejo de la Magistratura la suspenderá
El Director Nacional de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, Julio Américo Araníbar, sostuvo que con estos descubrimientos corresponde la suspensión de la juez Delgadillo y, después de un proceso disciplinario, su destitución.
Araníbar corroboró que en las computadoras de los abogados particulares había resoluciones que serían del juzgado de Delgadillo.
Fuente.Señalan 3 faltas disciplinarias en algunos jueces de La Paz
(Claudia Soruco)
La justicia es un tema pendiente de solución en Bolivia y lo afirman autoridades, servidores, pero fundamentalmente la ciudadanía que día a día sufre con las deficiencias de este sistema, desde los recursos humanos hasta la disposición de equipamiento e infraestructura. Y una de estas problemáticas ya recurrentes va ligada a las faltas disciplinarias que los jueces comenten en las áreas urbanas, pero en mayor grado en áreas rurales alejadas.
Estas faltas, como lo manifiesta Williams Dávila, Responsable del Consejo de la Magistratura de La Paz, son las denominadas como leves, graves y gravísimas. "Y las más comunes y frecuentes en las que incurren los jueces son las suspensiones para realizar audiencias, maltrato a los litigantes y dictar las resoluciones fuera de los plazos que establece la ley".
Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
La Ley 025 del Órgano Judicial, vigente desde el 2010, establece en su artículo 185 que las faltas disciplinarias gravísimas son causales de destitución y estas incluyen a la "asistencia a la fuente laboral en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias controladas".
Dávila puntualizó que en lo que respecta a este tipo de faltas, "se han registrado muchos casos en diferentes sectores de jueces que asistían en estado de ebriedad, por lo que se hizo la suspensión tras intervenir esos juzgados".
En lo que respecta al 2017, hasta el mes de octubre, al menos 134 funcionarios judiciales, entre jueces y vocales en el país, fueron procesados y destituidos, mientras que 900 recibieron sanciones por incurrir en faltas disciplinarias.
Si bien, explicó Dávila, no existen cifras exactas de jueces suspendidos y procesados en La Paz, son muchos de los 190 distribuidos en el departamento que cometen irregularidades con consecuencias de suspensiones temporales e incluso destituciones definitivas.
"Hay que entender que la ley es para todos y debe cumplirse en la ciudad y provincia. Seguramente existen muchos casos de faltas e inasistencia de jueces en provincias y quizás se deba a la distancia de estos sectores", dijo Enrique Morales, ex juez de instrucción en lo penal cautelar de La Paz, que además trabajó en áreas como Achacachi y Coro Coro.
Enrique Morales, ex juez de instrucción en lo penal cautelar de La Paz
Arbitrariedades en el área rural
Los jueces destinados a las áreas rurales son los más propensos a cometer diferentes faltas disciplinarias. Son decenas las denuncias que llegan de litigantes en juzgados provinciales. La situación preocupa, porque los entrevistados aseguraron que éstas regiones registran altos índices de homicidios, feminicidios y violaciones a menores de edad.
"Tenemos muchas quejas de las provincias de que los jueces no asisten. Estas denuncias y casos están en pleno trámite. Los jueces disciplinarios deben cumplir con su trabajo ante esto. Porque es incomprensible que estos jueces se hagan destinar a estos sectores y al final no van y reciben su salario de manera normal", agrega Dávila.
Sin condiciones ni garantías
Para el abogado constitucionalista, Williams Bascopé, está problemática es parte de ese cambio estructural que urge en la justicia boliviana, pero puntualmente también se requiere dotar de condiciones y dar seguridad a los jueces que se destinan a las áreas rurales alejadas y que presentan puntos de conflicto.
"En las provincias la situación es crónica, porque solo hay uno o dos jueces que están abandonados a su suerte, porque no se les da la debida seguridad personal y salarial. No hay presencia de autoridades policiales y por eso son agredidos por la presión social", comentó el entrevistado.
La falta de condiciones, la inseguridad, y la carga procesal, son algunas causales para que estos jueces también incurran en maltratos hacia sus litigantes y población y suspensión de procesos, siendo que las denuncias por estos hechos son permanentes.
"Hay maltrato del personal en los juzgados suspensiones de audiencias, estas últimas son faltas graves y corresponde la destitución", manifiesta Dávila.
La Ley 025 es clara en la sanción para dichas faltas, ya que por cometer las leves, como maltrato, descuidos o atrasos, estos operadores de justicia tendrán una amonestación, por faltas graves como suspensión injustificada de audiencias, violencia, retardación en los trámites etc., se define la suspensión temporal, establecida por una comisión disciplinaria. Las faltas gravísimas como corrupción, sobornos o la asistencia a su fuente laboral en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias controladas, ameritan la destitución.
Procesos, cambios y capacitación
Ante esta problemática, el Representante de la Magistratura de La Paz, establece que se requiere implementar nuevas políticas, reglamentos y emprender una capacitación a todos los recursos humanos en los juzgados de área urbanas y rurales.
"Vamos a tener capacitaciones. Se está cambiando primero reglamentos y posteriormente incidiremos en la capacitación de los recursos humanos de manera general".
Abogado constitucionalista, Williams Bascopé.
En esa línea, Bascopé enfatiza de la necesidad de disponer de mayor presupuesto y calidad de funcionarios. "Se requiere que se inicie un nuevo presupuesto para el poder judicial, se cambien la designación de nuevo magistrados y se destinen jueces meritorios a las diferentes área y con un buen salario y capacitación por parte del Estado. Urge además que se multiplique la cantidad de jueces en las área rurales".
Ante este tipo de faltas los litigantes y población en su conjunto deben hacer conocer su denuncia ante las instancias departamentales del Consejo de la Magistratura.
Derecho a la libre determinación de elegir al profesional médico, a la luz de la bioética
Los lineamientos bioéticos generan una conducta humana de resguardo y respeto a la vida, siendo obligación del galeno entregar en forma oportuna el historial clínico actualizado con el último diagnóstico; máxime si la solicitud de documentación y certificación fueron realizadas por el paciente, eligiendo éste al profesional médico, que así viere conveniente.
Síntesis del Caso (Problemas Jurídicos)
El accionante alegó la vulneración de los derechos a la salud y vida, dado que el médico neurocirujano demandado, le negó la devolución de los documentos médicos personales entregados por su madre y por el mismo, solicitando, la entrega de un certificado médico actualizado con el último diagnóstico; para una futura valoración por cualquier otro profesional especialista, sobre su estado de salud. El Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión confirmó la resolución y concedió la tutela solicitada.
Razón de la decisión (precedente implícito)
F.J.III.4. "…de acuerdo a los entendimientos expuestos, además de no justificar el demandado las razones médicas o legales de su negativa de entregar la documentación y certificación requeridas, tampoco expresar las convicciones éticas que le impedirían aquello, de hecho de la revisión del caso concreto, esta Sala no evidencia ni advierte la existencia de ningún justificativo ni razón valedera que respalde la actuación del médico tratante, y al contrario se tiene que el demandado lejos de negar la documentación requerida, debió más bien propender a otorgar la misma de forma oportuna y en su caso incluso generar información coadyuvante a preservar la salud y vida de su paciente, máxime si la solicitud de documentación y certificación fueron realizadas por el propio paciente -lo cual hace a la libre determinación de elegir al profesional médico que así se viere conveniente- y que de por medio estaba en riesgo la salud y vida del paciente ante el padecimiento de una enfermedad catalogada por la OMS como un problema de importancia de salud pública.
Los razonamientos expuestos, llevan a la convicción de que el demandado actuó de forma contraria a la ética protectora de la vida, incurriendo en una actuación indebida al impedir indirectamente a su paciente -ahora accionante- la libertad de decidir y elegir la atención profesional de su preferencia y que -a su criterio- era la más adecuada para su salud y vida, pues el demandado conocía perfectamente los alcances y gravedad de la enfermedad, por lo que no solo existía la necesidad de devolver los antecedentes y exámenes que le fueron proporcionados, sino constituía una obligación como médico el entregar el historial clínico actualizado con el último diagnóstico, al constituir un deber el actuar siempre en el mejor interés del paciente a fin de precautelar su salud y proteger su vida, fundamentos que impelen a conceder la tutela solicitada" (N. de E: destacado no está en el texto original).
Fuente.Abuso, maltrato y violencia: la pesadilla del Internado de Medicina
"¿Saben rezar?... Empiecen", dijo el médico residente cuando abrió las puertas de la sala Britania del Hospital de Clínicas a dos estudiantes que comenzaban su Internado Rotatorio. Uno de ellos era Raúl Valenzuela Marín y ese era el inicio de lo que él llama "una pesadilla" que acabó en un tribunal y truncó su carrera.
"He sido sometido a abusos, tratos degradantes y humillaciones. Trabajaba hasta 36 horas, sin remuneración, y he tenido que atender pacientes sin contar con licencia. Todos los internos están obligados a eso", reafirma.
"El internado es como una especie de servicio militar. Los antiguos abusan a los sarnas (novatos) y nosotros somos los sarnas", dice Luis, un médico interno. Ha denunciado abusos a los estudiantes, trato inhumano, turnos de hasta 38 horas y castigos de parte de los médicos del hospital donde hacen cursar este requisito. Pide guardar en reserva su nombre y el del nosocomio por temor a las represalias.
La Defensoría de los Derechos de los Universitarios (DDU) de la UMSA, en su primer año de labor, ha recibido una decena de quejas de estudiantes de Medicina que cursan el Internado Rotario por abuso, violencia y vulneración de sus derechos. "Un 5% de las denuncias que llegan a esta instancia han sido por esta causa. Algunos casos han requerido intervención inmediata", informa la directora de la DDU, Griselda Sillerico.
Admite que los casos son muchos más, pero que no se denuncian por temor o desconocimiento. "En mi internado a un compañero incluso le han afeitado todo el cuerpo porque dormitó en el turno. Lo peor es que dan obligaciones que no son para un estudiante por más bueno que sea", cuenta la médica cirujana Vivian López.
El Internado Rotatorio forma parte del plan de estudios de las cuatro carreras – Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica- de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de otras casas superiores de estudio. Dura un año, debe ser supervisado por médicos titulares y es la única modalidad vigente de graduación.
Es decir que habiendo vencido la currícula de cinco años, los estudiantes de Medicina deben realizar prácticas con pacientes, rotando por distintas especialidades en hospitales. "No hay escapatoria, o lo haces o lo haces", sentencia Luis.
Hubo alguien que se negó a hacerlo. Raúl Valenzuela asegura que fueron tantos, tan duros los maltratos que solicitó graduarse mediante la modalidad de examen de grado. Y con ese pedido ha llegado hasta el Tribunal Supremo y se ha jugado 13 años de su vida.
"Recen..."
"Era 1 de enero de 2013 el día que hice mi primer turno nocturno en el Tórax, donde empecé la rotación. Era fiesta y el médico de turno se fue. Me quedé yo a cargo de Terapia Intermedia siendo estudiante. Hubo una emergencia y aunque le llamaba al titular no me contestaba", recuerda Valenzuela. Dice que trabajaba hasta 36 horas continuas, que debía dormir en un baño, que era maltratado por residentes que "son los que al final los califican".
Los médicos residentes son aquellos titulados que realizan sus prácticas para obtener una especialidad. Tienen a su cargo a los internos y, según las quejas, abusan de su poder maltratando a otros como a ellos los maltrataron. Una especie de ruleta rusa del absurdo bautizado como tradición.
Los alumnos del Internado Rotatorio se encuentran bajo coordinación y supervisión del Comité del Internado Rotatorio a través del vocal docente responsable y de los jefes de enseñanza y/o docentes responsables de los hospitales reconocidos como centros de enseñanza, establece el Reglamento del Internado Rotatorio vigente en la UMSA. En La Paz, por convenios, 21 hospitales públicos o del seguro social capacitan a los internos.
"Cuando hacía mi rotatorio en el Hospital del Niño me obligaron a atender a infantes con cáncer estando yo muy resfriado con el riesgo de contagiarlos", cuenta Valenzuela. Antes, en la sala Britania, había visto morir a una mujer enferma de pulmonía. "Y ya no aguanté". Decidió entonces abandonar el internado.
Apeló después a todas las instancias -universitarias primero y legales después- con la solicitud de graduarse mediante la modalidad de examen de grado al argumentar la vulneración de sus derechos humanos. Después de haber agotado todas las posibilidades, presentó una acción de amparo constitucional contra el rector de la UMSA que, luego de ser rechazada, llegó al Tribunal Constitucional.
El 22 de mayo de 2015, la máxima instancia judicial determinó denegar la petición de Valenzuela. El fallo argumentó que por estatutos universitarios el Internado Rotatorio es la única modalidad de graduación en la carrera de Medicina y que el demandante había abandonado esa práctica.
"Voy a salir sin dignidad"
Los internos de la carrera de Medicina, durante el desarrollo del Internado Rotatorio, percibieron agresión hacia su persona, al señalar como presuntos agresores a las enfermeras, médicos de planta y residentes, la razón fue el exceso de trabajo, el tipo de conducta agresiva fue la psicológica, sexual y física. Los síntomas durante la agresión fueron el de sentirse abandonados, impotencia, angustia, estrés, tristeza y depresión, con efectos en la salud mental, en sus interrelaciones familiares, en el rendimiento académico", establece el estudio Maltrato y/o violencia en el Internado Rotatorio de Medicina, publicado por Efraín Mariscal y otros.
La investigación aplicó un cuestionario a 125 estudiantes que concluyeron el Internado Rotatorio de Medicina de la UMSA. Uno de los testimonios recopilados dice: "Durante el Internado Rotatorio me di cuenta que para ser médico uno pierde su dignidad de persona, acepta insultos, malos tratos y todo esto por no ser aplazado en el último año. Yo voy a salir, pero sin dignidad".
"Es un abuso constante. Nos dan tareas insulsas, como repetir informes y volver a hacer tareas que ya hicimos. Lo peor son los turnos; yo hace 38 horas que no duermo", cuenta Luis. En el hospital donde realiza sus prácticas hay otro interno y dos residentes. Asegura que hace cuatro turnos nocturnos a la semana; si no está de turno, empieza sus labores a las cautro de la mañana y las finaliza pasadas las 22:00.
Veterano en el oficio, un médico especialista -que pide guardar su nombre- argumenta que el Internado Rotatorio es una "prueba necesaria". "La práctica de la Medicina es muy dura, especialmente en nuestro país tan carente de tantas cosas. Eres responsable de otras vidas, debes ser fuerte y aprovechar esta oportunidad, aprender ante todo", sostiene.
El pacto implícito
"Hay maltrato y abusos a los internos en los hospitales. Todos los médicos han pasado por esta situación y saben que es así. Es un paradigma no escrito que manda a basurear a los nuevos como a ellos los basurearon cuando estaban en ese lugar", define Luis.
Confiesa que no se siente seguro; no obstante espera que sus quejas se investiguen. "Me animé a presentar la denuncia porque si nadie habla, esto nunca va a cambiar. ¿Y después nos preguntamos por qué la atención médica es tan indolente en nuestro país?", cuestiona.
Han pasado 13 años desde que Raúl Valenzuela dejó inconcluso su internado. En este tiempo ha estudiado otra carrera y ha formado una familia. Sin embargo, dice que no renunciará a su aspiración de ser médico. "Cuando nos dijeron que recemos tenían razón. Fue una pesadilla", dice.
La Defensoría del Universitario coordina acciones con SEDES
Con el objetivo de evitar los maltratos y abusos a los estudiantes de Medicina que realizan su Internado Rotatorio, la Defensoría de los Derechos del Universitario (DDU) y el Servicio Departamental de Salud (SEDES) coordinan acciones conjuntas.
"La prevención es una de las maneras de evitar que se presenten vulneraciones a los derechos de los universitarios, que son parte de los derechos humanos", asegura la directora de la DDU, Griselda Sillerico. Su despacho ha atendido varias denuncias específicas de estudiantes de último año de Medicina que cumplen con su Internado Rotatorio.
Aunque la Defensoría depende de la Universidad Mayor de San Andrés, a esta oficina han llegado también quejas de estudiantes de otras casas de estudios superiores. "En general refieren maltratos del personal médico encargado de la supervisión de sus prácticas", dice Sillerico.
Médicos titulares y residentes de los hospitales públicos de tercer nivel que se abren al internado dependen del SEDES. Por ello, la Defensora del Universitario ha decidido intervenir junto a ésta, que es la máxima instancia de Salud departamental.
"Primeramente estamos realizando capacitaciones sobre derechos humanos con funcionarios del SEDES. Paralelamente se intensifican talleres que capaciten sobre todos sus derechos a los estudiantes que hacen su internado", informó Sillerico.
Para la Defensora es importante que los afectados denuncien cualquier acto de abuso o violencia que sufran durante su formación en los hospitales. "El primer paso es romper el silencio".
Según un estudio Maltrato y/o violencia en el Internado Rotatorio de Medicina, de Efraín Mariscal y otros graduados que concluyeron el internado reportaron haber sufrido tres tipos violencia: psicológica (llamadas de atención en público, gritos, humillaciones, incomunicación y hasta amenaza de golpes); sexual (piropos obscenos, miradas insidiosas: 18,4% actos de acoso, contactos físicos innecesarios); y física (empujones o golpes).
"Durante años el Internado Rotatorio ha sido una pesadilla pero no puede seguir así. Tiene que cambiar con las denuncias de la gente y la ruptura de esa cadena de abusos de los médicos o los residentes a los nuevos por el bien de todos", concluye la médica Vivian López.
Cuando hacer empresa social no cuesta
Cumplir con las obligaciones tributarias propias de una empresa requiere de un total de 1.025 horas por año para un empresario boliviano, comparativamente elevado frente a la realidad de Colombia donde solo se necesitan 239, o Chile 293, o Perú 291 o Uruguay 321 horas respectivamente.
Ahora bien, las empresas privadas bolivianas realizan por año 42 pagos por concepto de impuestos a las utilidades, aportes patronales, seguridad social y otros mientras que sus pares en Chile realizan 7 pagos, Ecuador 8 pagos y Argentina 9 pagos anuales.
Si a este se suma que Impuestos Nacionales asume una actitud "bravucona" con los empresarios privados con multas, sanciones y fiscalizaciones por demás excesivas que salen de toda lógica y comprensión, se configura un clima por demás desalentador para los emprendedores.
Este 1ro de mayo el presidente Evo Morales promulgó la Ley de Creación de Empresas Sociales a pesar de las disidencias y severas críticas desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), analistas económicos y académicos entendidos en la materia.
La ley en líneas generales establece la opción de que los trabajadores puedan "heredar" una empresa que se encuentren en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, lo cual será determinado por un juez a simple trámite solicitado por representantes acreditados del gremio de trabajadores con la firme intención de conformar una empresa social para preservar y salvaguardar sus fuentes de empleo.
No existen muchos condicionamientos para que se pueda establecer la viabilidad de la nueva empresa privada, salvo el dictamen de un juez en base a un peritaje del cual se desconocen los criterios e indicadores sujetos a valoración. Entonces de los 14 pasos burocráticos detallados por Nostas, pasamos a un par de pasos que en teoría beneficiarían a los trabajadores empresarios para poder iniciar una nueva empresa de los remanentes de la anterior, ¿existe lógica?
Bien lo describe Gonzalo Chávez, reconocido analista económico, cuando señala que el ciclo natural del mercado hace que el cierre de empresas está dado por un sinfín de causales, es algo que pasa en todas las economías a nivel mundial, sin que esto deba ser motivo de intervención del Estado para tomar medidas de salvataje para mantener a los trabajadores en sus fuentes laborales.
Las empresas no son eternas y es justamente ese ciclo de apertura-cierre que dinamiza una economía que incentiva a la competitividad y diversificación en la producción de bienes y servicios no solo mirando exclusivamente el mercado local sino perfilarse a posicionarse en mercados internacionales.
El Gobierno Nacional asume la promulgación de la Ley de Creación de Empresas Sociales con un trasfondo claramente político para reconducir su relación con la Central Obrera Boliviana (COB) esto con miras a recomponer una alianza de cara a las elecciones del 2019.
Lanzar empresas sociales a la economía nacional, sin capital, sin capacidad real de poder reinventarse y adaptarse a las cambiantes condiciones de mercado, sin visión más allá de sostener fuentes de empleo aun siendo insostenible e inviable da cuenta del manoseo en las políticas de Estado en materia económica.
¿Soluciones? Están ahí, en cancha del Gobierno Nacional, abolir el pesado sistema burocrático de 14 pasos y rediseñar un marco institucional más eficiente que permita crear nuevas empresas sin mayores costos en tiempo y dinero, alivianar la carga impositiva para que más bolivianos salgan de la informalidad y se decidan por crear una empresa legalmente constituida que aporte al desarrollo del país, generando fuentes de empleo y por ende mejorar las condiciones de vida de los bolivianos a partir de mayores oportunidades.
No basta con subvencionar el empleo, los causales del subdesarrollo de Bolivia yacen simplemente en la satanización de la empresa privada cuando este es un aliado innegable del progreso y crecimiento económico de un país.
Carlos Armando Cardozo Lozada es economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
