miércoles, 2 de mayo de 2018
por Carlos Armando Cardozo Lozada
Carlos Armando Cardozo Lozada es economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
En Bolivia el ser emprendedor y decidirse por hacer empresa se convierte en una verdadera odisea digna de admirar, según afirma Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) al señalar que en nuestro país se requiere de 14 pasos burocráticos para abrir una empresa legalmente establecida que involucran tramites en notaria, Impuestos Nacionales, FUNDEMPRESA, Sistema Financiero, Gobierno Municipal, Ministerio del Trabajo, AFP, Caja de Salud, entre otros.
Cumplir con las obligaciones tributarias propias de una empresa requiere de un total de 1.025 horas por año para un empresario boliviano, comparativamente elevado frente a la realidad de Colombia donde solo se necesitan 239, o Chile 293, o Perú 291 o Uruguay 321 horas respectivamente.
Ahora bien, las empresas privadas bolivianas realizan por año 42 pagos por concepto de impuestos a las utilidades, aportes patronales, seguridad social y otros mientras que sus pares en Chile realizan 7 pagos, Ecuador 8 pagos y Argentina 9 pagos anuales.
Si a este se suma que Impuestos Nacionales asume una actitud "bravucona" con los empresarios privados con multas, sanciones y fiscalizaciones por demás excesivas que salen de toda lógica y comprensión, se configura un clima por demás desalentador para los emprendedores.
Este 1ro de mayo el presidente Evo Morales promulgó la Ley de Creación de Empresas Sociales a pesar de las disidencias y severas críticas desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), analistas económicos y académicos entendidos en la materia.
La ley en líneas generales establece la opción de que los trabajadores puedan "heredar" una empresa que se encuentren en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, lo cual será determinado por un juez a simple trámite solicitado por representantes acreditados del gremio de trabajadores con la firme intención de conformar una empresa social para preservar y salvaguardar sus fuentes de empleo.
No existen muchos condicionamientos para que se pueda establecer la viabilidad de la nueva empresa privada, salvo el dictamen de un juez en base a un peritaje del cual se desconocen los criterios e indicadores sujetos a valoración. Entonces de los 14 pasos burocráticos detallados por Nostas, pasamos a un par de pasos que en teoría beneficiarían a los trabajadores empresarios para poder iniciar una nueva empresa de los remanentes de la anterior, ¿existe lógica?
Bien lo describe Gonzalo Chávez, reconocido analista económico, cuando señala que el ciclo natural del mercado hace que el cierre de empresas está dado por un sinfín de causales, es algo que pasa en todas las economías a nivel mundial, sin que esto deba ser motivo de intervención del Estado para tomar medidas de salvataje para mantener a los trabajadores en sus fuentes laborales.
Las empresas no son eternas y es justamente ese ciclo de apertura-cierre que dinamiza una economía que incentiva a la competitividad y diversificación en la producción de bienes y servicios no solo mirando exclusivamente el mercado local sino perfilarse a posicionarse en mercados internacionales.
El Gobierno Nacional asume la promulgación de la Ley de Creación de Empresas Sociales con un trasfondo claramente político para reconducir su relación con la Central Obrera Boliviana (COB) esto con miras a recomponer una alianza de cara a las elecciones del 2019.
Lanzar empresas sociales a la economía nacional, sin capital, sin capacidad real de poder reinventarse y adaptarse a las cambiantes condiciones de mercado, sin visión más allá de sostener fuentes de empleo aun siendo insostenible e inviable da cuenta del manoseo en las políticas de Estado en materia económica.
¿Soluciones? Están ahí, en cancha del Gobierno Nacional, abolir el pesado sistema burocrático de 14 pasos y rediseñar un marco institucional más eficiente que permita crear nuevas empresas sin mayores costos en tiempo y dinero, alivianar la carga impositiva para que más bolivianos salgan de la informalidad y se decidan por crear una empresa legalmente constituida que aporte al desarrollo del país, generando fuentes de empleo y por ende mejorar las condiciones de vida de los bolivianos a partir de mayores oportunidades.
No basta con subvencionar el empleo, los causales del subdesarrollo de Bolivia yacen simplemente en la satanización de la empresa privada cuando este es un aliado innegable del progreso y crecimiento económico de un país.
Cumplir con las obligaciones tributarias propias de una empresa requiere de un total de 1.025 horas por año para un empresario boliviano, comparativamente elevado frente a la realidad de Colombia donde solo se necesitan 239, o Chile 293, o Perú 291 o Uruguay 321 horas respectivamente.
Ahora bien, las empresas privadas bolivianas realizan por año 42 pagos por concepto de impuestos a las utilidades, aportes patronales, seguridad social y otros mientras que sus pares en Chile realizan 7 pagos, Ecuador 8 pagos y Argentina 9 pagos anuales.
Si a este se suma que Impuestos Nacionales asume una actitud "bravucona" con los empresarios privados con multas, sanciones y fiscalizaciones por demás excesivas que salen de toda lógica y comprensión, se configura un clima por demás desalentador para los emprendedores.
Este 1ro de mayo el presidente Evo Morales promulgó la Ley de Creación de Empresas Sociales a pesar de las disidencias y severas críticas desde la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), analistas económicos y académicos entendidos en la materia.
La ley en líneas generales establece la opción de que los trabajadores puedan "heredar" una empresa que se encuentren en proceso de concurso preventivo, quiebra o liquidación, lo cual será determinado por un juez a simple trámite solicitado por representantes acreditados del gremio de trabajadores con la firme intención de conformar una empresa social para preservar y salvaguardar sus fuentes de empleo.
No existen muchos condicionamientos para que se pueda establecer la viabilidad de la nueva empresa privada, salvo el dictamen de un juez en base a un peritaje del cual se desconocen los criterios e indicadores sujetos a valoración. Entonces de los 14 pasos burocráticos detallados por Nostas, pasamos a un par de pasos que en teoría beneficiarían a los trabajadores empresarios para poder iniciar una nueva empresa de los remanentes de la anterior, ¿existe lógica?
Bien lo describe Gonzalo Chávez, reconocido analista económico, cuando señala que el ciclo natural del mercado hace que el cierre de empresas está dado por un sinfín de causales, es algo que pasa en todas las economías a nivel mundial, sin que esto deba ser motivo de intervención del Estado para tomar medidas de salvataje para mantener a los trabajadores en sus fuentes laborales.
Las empresas no son eternas y es justamente ese ciclo de apertura-cierre que dinamiza una economía que incentiva a la competitividad y diversificación en la producción de bienes y servicios no solo mirando exclusivamente el mercado local sino perfilarse a posicionarse en mercados internacionales.
El Gobierno Nacional asume la promulgación de la Ley de Creación de Empresas Sociales con un trasfondo claramente político para reconducir su relación con la Central Obrera Boliviana (COB) esto con miras a recomponer una alianza de cara a las elecciones del 2019.
Lanzar empresas sociales a la economía nacional, sin capital, sin capacidad real de poder reinventarse y adaptarse a las cambiantes condiciones de mercado, sin visión más allá de sostener fuentes de empleo aun siendo insostenible e inviable da cuenta del manoseo en las políticas de Estado en materia económica.
¿Soluciones? Están ahí, en cancha del Gobierno Nacional, abolir el pesado sistema burocrático de 14 pasos y rediseñar un marco institucional más eficiente que permita crear nuevas empresas sin mayores costos en tiempo y dinero, alivianar la carga impositiva para que más bolivianos salgan de la informalidad y se decidan por crear una empresa legalmente constituida que aporte al desarrollo del país, generando fuentes de empleo y por ende mejorar las condiciones de vida de los bolivianos a partir de mayores oportunidades.
No basta con subvencionar el empleo, los causales del subdesarrollo de Bolivia yacen simplemente en la satanización de la empresa privada cuando este es un aliado innegable del progreso y crecimiento económico de un país.
Carlos Armando Cardozo Lozada es economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
Twitter: @CharlieCardozo
