Archive for 2017
Las conciliaciones evitan que un 40% de casos lleguen a juicio
La ley 708 de conciliación y arbitraje establece esta alternativa para temas de deudas, incumplimiento de contratos, herencias y otros. Es gratuita y rápida
Un paciente exigía el pago de $us 165.000 a un oftalmólogo como resarcimiento por una mala cirugía. Tras cuatro años de conflicto, antes de llegar a un juicio, pasaron a una sala de conciliación y lograron un acuerdo satisfactorio para ambos en menos de un mes.
Como este caso, en las nueve capitales del país, además de El Alto, entre febrero y diciembre de 2016 se registraron 27.458, de los cuales se resolvieron con audiencias de conciliación un 38% (10.318 casos). Ese porcentaje, en las provincias, llega a un 43%, según las estadísticas que maneja el Consejo de la Magistratura.
Wilber Choque, presidente de esta entidad, señaló que en el primer semestre de este año la tendencia de resoluciones de conflicto se mantiene. "De los casos que llegan a conciliación, se resuelven alrededor del 40% a escala nacional", indicó.
Para la conciliadora Iris Téllez, lo principal es que haya la voluntad de ambas partes de llegar a un acuerdo. Además, aclara que del restante 60% no todos son conciliaciones fallidas sino que pasan a juicio por la incomparecencia de una o ambas partes, porque son rechazadas, hay desistimientos, recusaciones u otros motivos.
En el caso de la demanda por $us 165.000, se acordó que el oftalmólogo pague $us 8.000 por daños y perjuicios, además de que comprará lentes de contacto especiales traídos desde Estados Unidos durante 40 años (un par cada año) en favor del afectado. "Esto se logró porque lo que le interesaba al demandante era garantizar su visión por el resto de su vida. Con la alternativa planteada por el demandado, se llegó a un acuerdo", contó el conciliador Pedro Luján.
Tiene carácter de sentencia
La conciliadora Camila Paniagua subraya que una vez que las partes llegan a un acuerdo, se firma un acta de conciliación que tiene carácter de sentencia homologada.
En caso de incumplimiento del compromiso, el proceso se pasa a un juez que se rige directamente a la sentencia porque el caso tiene carácter de cosa juzgada, por lo que el juez puede determinar medidas para hacer cumplir, como congelar cuentas, remate de bienes y otros.
Para determinados casos
Las audiencias de conciliación están destinadas a las causas civiles comerciales que atienden deudas, incumplimientos de contratos, litigios por herencia y otros. El abogado David Gómez puso como ejemplo el de una deuda por anticrético de $us 14.000 que, debido a errores en la redacción del documento, llevó a dos personas a iniciar un proceso.
Un beneficiario de las conciliaciones, G.M.M., comenta que en junio evitó ir a un juicio por daños materiales en accidente de tránsito. "La diferencia de monto de resarcimiento entre las partes era abismal y parecía imposible llegar a un arreglo, pero se logró gracias a la conciliadora. Ordenó que los abogados de ambas partes se retiren porque perjudicaban el arreglo y así alcanzamos un acuerdo", aseveró.
Gratuidad y celeridad
Las audiencias se realizan en condición de igualdad para ambas partes y no es obligatoria la presencia de abogados, por lo que llegar a un acuerdo es completamente gratis si la solicitud de conciliación es de ambas partes. En caso de que el requerimiento sea de una de las partes se debe presentar un memorial dirigido al juez público civil y comercial. Las audiencias se realizan en una mesa redonda, en presencia de las partes y los conciliadores; no es necesaria la presencia de abogados a no ser que lo requieran las partes.
El abogado Jaime Caraballo señala que en un principio los casos se presentaban al conciliador de turno, que en menos de 24 horas fijaba fecha de audiencia, pero desde el 14 de agosto debe solicitarse al juez de turno y este debe derivarlo al conciliador, lo que demora unos cuatro a cinco días. "Se pierde el principio de gratuidad porque el requerimiento es por memorial y eso tiene un costo", observó.
EL DERECHO ADMINISTRATIVO EN BOLIVIA - Bases para una reflexión sobre su estado y evolución - Ensayo
Apuntes DERECHO PROCESAL PENAL - DR. IVAN CÓRDOBA - UMSA
Actualización 30 de diciembre de 2019.
El documento se encuentra en este enlace.
UMSA impugna formalmente a seis postulantes para las Elecciones Judiciales
UMSA impugna formalmente a seis postulantes al Órgano Judicial
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) informó este jueves que presentará formalmente seis impugnaciones contra postulantes para las Elecciones Judiciales. Waldo Albarracín, rector de esta casa de estudios superiores, explicó que se presentará un respaldo documental de las denuncias.
La semana pasada Albarracín, afirmó que algunos aspirantes preseleccionados en una comisión legislativa cuentan con antecedentes penales. Los aludidos y autoridades de la Asamblea Legislativa le exigieron pruebas respecto a esas afirmaciones.
"Queremos hacer conocer nuestra impugnación y la vamos a presentar formalmente dentro del plazo establecido por la propia Asamblea Legislativa, que concluye el 7 de agosto. Este es legajo que vamos a presentar ante el Órgano Legislativo como signo de seriedad respecto a la observación que hicimos hace algunos días", afirmó el rector de la UMSA en conferencia de prensa.
Las impugnaciones propiciadas por de la universidad pública de La Paz son contra los postulantes: Francisco Tarquino Blanco, Lilian Sandy Ochoa, Román Castro Quisbert, Gonzalo Alcón Aliaga, Jesús Álvaro Cuellar y Juan Carlos Berrios.
Albarracín detalló que existen denuncias contra estos funcionarios por presuntos hechos de corrupción, consorcio de jueces y abogados, beneficios en razón del cargo e incluso en un caso por violencia intrafamiliar.
Asimismo, la Asociación Nacional de Víctimas de la Injusticia, se adhirió a la iniciativa de la universidad paceña. Su representante, Jaime Gutierrez anunció que también van a presentar antes el Legislativo, denuncias contra otros postulantes. (03/08/2017)
Por qué elegimos a los jueces en Bolivia?
La Constitución Política del Estado Plurinacional ha definido, a partir de la problemática republicana y neoliberal que nos tocó vivir, que la justicia es uno de los principales retos para la Democracia Intercultural que estamos construyendo. Las instancias máximas de decisión en el Poder Judicial fueron históricamente, a nivel institucional, dependientes de las decisiones de grupos de poder. Nos referimos a jueces colocados por parentesco, por imposición de dictadores de turno, o a partir de pactos político-partidarios en la reciente democracia neoliberal.
A lo largo de la historia de Bolivia, nunca se concibió a la justicia institucional como un derecho de la ciudadanía, sino más bien como un privilegio de sectores de poder, es decir, los jueces nombrados se debían al poder político y recibían beneficios de él. El conjunto de la ciudadanía simplemente sufría las decisiones (o falta de ellas) del Poder Judicial, que fluctuaban según la capacidad económica y el poder político del involucrado.
Pero además, en una sociedad históricamente marcada por la exclusión de la mayoría indígena originario campesina, la elitización señorial también se "validó" por el conocimiento, el color de la piel y el apellido, características que otorgaban pertenencia a los espacios de decisión, también en la justicia, por supuesto.
Los "escribanos y doctorcitos" de la Colonia, y posteriormente de la República, siempre jugaron el papel accesorio de legalización del poder colonial y señorial, que reproducía también el hecho de contar con el privilegio del conocimiento como poder y artilugio (capital simbólico) ajeno a la mayoría y dotado a personas especiales. Esos "doctorcitos" están presentes en gran parte de nuestra historia republicana, como parte integrante del Estado y muchas veces como operadores directos del poder en la presidencia de la República.
El ser abogado era concebido como un privilegio que permitía estar cerca de la administración del poder, y se convirtió en una expectativa para la mayoría excluida. Por eso, cuando los procesos democratizadores de la revolución de 1952 ampliaron las posibilidades de acceso a la educación, paulatinamente se produjo la irrupción de sectores populares en las universidades, principalmente en la carrera de Derecho como canal académico de ascenso social a través de la política o bien en los niveles inferiores del poder simbólico, en los que los abogados viven gracias a la extracción de recursos a la población a nombre de la legalidad y el mercado.
Este modo en el que el Derecho se ha desplegado en nuestra vida social no expresa ni más ni menos que la forma en la que se concibió el Estado republicano excluyente y hermético (cargado de simbolismos que solo tenían la pretensión de divinizar el poder del Derecho y de los que lo ejercían) porque no existía como pretensión histórica el de construir un país, sino el de proteger los intereses patrimoniales de las élites. En los tiempos neoliberales, los partidos políticos se repartieron los nombramientos de magistrados en el Parlamento, arrogándose espacios de poder judicial por largas temporadas que llegaban a los 10 años con derecho de reelección. Seguramente, hubo algunos meritorios, pero la gran mayoría estuvieron en el marco del tutelaje político para ejercer sus funciones.
Con los procesos de modernización posteriores se dieron algunos cambios que buscaban mayor democratización de la justicia, pero fracasaron o están agonizando bajo la sombra de la corrupción institucionalizada y las prebendas políticas.
El proceso constituyente tuvo que partir del fracaso del sistema judicial boliviano para proponer cambios en la justicia ordinaria que integren también a la justicia indígena originaria campesina, en la tarea de construir una nueva justicia plurinacional para un nuevo país. Pero además, en los niveles máximos de decisión, donde existía más presión partidaria y de grupos de poder, se propuso una total democratización abriendo la elección de jueces y magistrados al mandato del pueblo que les otorgaría la misión fundamental de hacer cumplir la Constitución y las leyes, en el marco de una nueva justicia, acción pública sobre la que serán juzgados por la sociedad.
El constituyente también propuso que la elección de los jueces debía marcar un derrotero propio, pues los procesos electorales habían sido convertidos, por la democracia representativa, en espacios de mercado en el que los candidatos se valorizan apadrinados por los partidos o grupos de poder, y se exhiben comercialmente por los medios de comunicación para convencer a la población de "darles" su voto a cambio de ofrecimientos futuros o de dádivas entregadas en la campaña.
El grado de inversión se convirtió en el eje rector de la decisión, pues los medios no "informaban" acerca de las cualidades y características de los candidatos, sino que los prefabricaban como parte del mercadeo electoral para generar un proceso de inducción mediática de la sociedad civil. La mayoría de los candidatos elegidos, en la era neoliberal, fueron producto de una gran dosis de mercado que además lanzaba el mensaje colonial de la incapacidad del pueblo para gobernar con sus propios dirigentes. Tuvo que entrar en crisis el imaginario neoliberal para que estas ideas neocoloniales también hicieran aguas.
Así, la elección de jueces no es un tema de detalle, sino estructural para construir la justicia relacionada con la Democracia Intercultural.
También pudimos ver con la primera experiencia de elección judicial que fueron elegidos, en su gran mayoría, jueces por su dimensión simbólica relacionada con la plurinacionalidad, aunque llevaban consigo expectativas de poder propias basadas en la tradicional formación del Derecho que han pervertido en mucho la defensa de los derechos fundamentales. Muchos de ellos con poncho, ojota o pollera no estuvieron a la altura de las transformaciones que el país requiere y profundizaron aún más la crisis de la justicia.
Como un tema de principio no debemos confundir la mala acción judicial de los nombrados en la primera experiencia, con los propósitos estratégicos propuestos por el constituyente y plenamente presentes en la actual CPE que son los de transformar la esencia señorial de la justicia.
Existe hoy la experiencia democrática de la elección judicial de 2011, que fue una lección también para el mundo. Para algunos, la conclusión es volver al planteamiento tradicional y retornar a que las elecciones sean totalmente meritocráticas y no representativas, basados en la funesta experiencia anterior, pero sin recordar que toda la historia republicana se ha nutrido de meritocráticos magistrados que estuvieron al servicio de las oligarquías de turno y fueron parte del poder constituido.
En fin, un debate mayor nos debería llevar a ver la necesidad de encontrar la relación entre lo meritocrático y lo representativo, entre los títulos y la experiencia de vida, pues quizás esa relación es la que nos permita tener magistrados con nuevas propuestas para cambiar la justicia, pero además con la suficiente ética de vida para sostener esos cambios.
- Juan Carlos Pinto es sociólogo; fue director del Sifde, del OEP
Ministro Arce pide cárcel para fiscal y jueces por "ocultar" pruebas en el caso Ramírez
Arce también cuestionó el actuar de los funcionarios policiales que habrían torturado a Reynaldo Ramírez. Dijo que no se puede permitir la tortura como mecanismo de investigación.
Tras reunirse este lunes con Reynaldo Ramírez, víctima de un injusto fallo judicial, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, acusó al fiscal Marcelo Delgadillo y a los jueces Mery Yanet Mojica y Alberto Luis Paz de "ocultar" las pruebas y no haber tomado en cuenta un informe pericial que señalaba que el investigado era inocente.
"Se ha evidenciado acciones criminales de parte del fiscal Marcelo Delgadillo y acciones criminales de parte de los dos jueces. El fiscal oculta deliberadamente el informe pericial que decía que la fotografía de Reynaldo Ramírez no presenta similitudes y rasgos iguales a niveles de rasgos fotográficos faciales más significativos con el individuo masculino de la fotografía rotulada", señaló la autoridad.
Arce refirió que el 22 de diciembre de 2015, el fiscal presentó en el juicio un total de 63 pruebas, y "en las 63 pruebas oculta criminalmente (el informe pericial) y esa es la responsabilidad penal de este fiscal, que tiene que estar en la cárcel, oculta deliberadamente el informe, lo esconde" añadió la autoridad de Estado.
Asimismo, expresó muy molesto que la mayor responsabilidad está en los que dieron la sentencia, que condenó a Reynaldo Ramírez a 30 años de prisión sin derecho a indulto, sabiendo que no había evidencias certeras de que él fuera el autor del feminicidio.
"Ellos (los jueces) han actuado culpando y responsabilizando a una persona inocente y eso es un crimen que no se puede permitir", aseveró.
El ministro lamentó que las autoridades jurisdiccionales que llevaron este caso hayan actuado de manera ligera y sentenciando a un inocente, por lo que anunció que el Gobierno presentará una demanda penal contra el fiscal y los dos jueces.
"Había prueba de su inocencia y la han escondido, la han guardado y no lo han tomado en cuenta. Han desoído los principios fundamentales que hacen al derecho penal. Ellos han condenado a un inocente. Es inadmisible", apuntó.
Arce indicó que pedirá una "profunda investigación penal" porque está convencido de que "hay responsabilidad penal por prevaricato e incumplimiento de deberes" en los funcionarios que llevaron el caso de Ramírez sin tomar en cuenta las pruebas que lo favorecían.
"Y por el bien de la justicia, quienes han causado este daño deben responder penal y civilmente, no es un caso que va a quedar en la impunidad", remarcó.
Tortura como mecanismo de investigación
Arce también cuestionó el actuar de los funcionarios policiales que habrían torturado a Reynaldo Ramírez, tal como lo denunció. Anunció que solicitará una profunda investigación al respecto.
"Vamos pedir una investigación a la Policía porque no podemos concebir que la tortura sea un mecanismo de investigación. A partir de este caso, vamos a solicitar al Comando General de la Policía una investigación de los hechos que Reynaldo ha vivido", aseguró.
El ministro Arce anunció que el gobierno ayudará a Ramírez para que se reinserte en la sociedad, así como en el ámbito laboral por mandato del presidente Evo Morales.
"Vamos analizar con Reynaldo los medios y mecanismos para que él pueda reinsertarse en la sociedad. Laboralmente vamos a coadyuvar y colaborar para que pueda rehacer su vida y reinsertarse en la sociedad en las mejores condiciones. Esto es un ejemplo que no debe pasar y un ejemplo de sobrevivencia", precisó Arce.
Entre tanto, el sentenciado injustamente, Reynaldo Ramírez, muy dolido señaló que iniciará una querella penal y una demanda civil contra los responsables de este hecho irremediable.
"Vamos a iniciar un proceso penal y civil por el daño ocasionado a mi familia, daño a mi imagen y a mi honor. Me dañaron psicológicamente", afirmó Ramírez.
Asimismo, contó el calvario que vivió al ser condenado a 30 años y del que tuvo que pasar dos años en la cárcel de Palmasola. Pidió al Gobierno y la población boliviana ayuda para su familia a para rehacer su vida.
"Me siento muy mal, desde el día que me metieron al penal. Fue como un infierno, sentí mucho dolor, maltrato 
psicológico y físico. Tengo que rehacer mi vida, comenzar de cero. Pido que me apoyen. Pido resarcimiento económico para mi familia", agregó.
Convocatoria a la Prueba de Suficiencia Académica - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - 2017
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas convocan a estudiantes de último curso, bachilleres y profesionales , que deseen cursar estudios en las Carreras de Derecho o Ciencias Políticas y Gestión pública a inscribirse a la Prueba de Suficiencia Académica Gestión 2017.
Costo: Bs. 550 (Post. Nacionales) y Bs. 1740 (Post. Extranjeros).
Debe registrarse a http://www.fdcp.umsa.bo/prefacultativo.
Las inscripciones inician el 10 de julio hasta el 11 de agosto de 2017.
Envían a la cárcel al destituido Fiscal Departamental de Oruro
El Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal ordenó la detención preventiva del destituido Fiscal Departamental de Oruro, Franz Ochoa Yucra, después de que el Ministerio Público lo imputó por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Familia vive una “tortura” tras sufrir estafa de $us80 mil
El sueño de la familia Zonco Lobo de La Paz se convirtió en una pesadilla que ya lleva tres años. Estafadores les quitaron los ahorros de toda la vida y desde entonces peregrinan en instancias de Policía, Fiscalía y Justicia en busca de recuperar el dinero que tanto les costó ganar, sin embargo, este proceso se convirtió en una "tortura" de trabas, papeleos y frustraciones.
"Toda una tortura. Yo me enfermado, estoy mal de salud, todo un desastre. El gasto ha sido terrible. En la Policía, la Fiscalía nada es gratis, en el juzgado menos, todo hay que pagar", lamentó entre lágrimas Mercedes Zonco.
La pesadilla de esta familia comenzó como el sueño de tener un inmueble. Según su denuncia, en julio 2014, vieron un anuncio de venta de terreno en la zona Sur de La Paz, y esperanzados contactaron al presunto vendedor, Enrique Kanda Aliaga, un hombre de la tercera edad que usa su condición de adulto mayor para generar confianza.
Kanda llevó a la familia al terreno que estaba vendiendo, ubicado por la zona El Pedregal. El adulto mayor dijo que era cuidador de ese inmueble que pertenecía supuestamente a su sobrina, quien necesitaba el dinero de la venta para actividades comerciales.
La familia observó que Kanda tenía acceso físico al terreno y además exhibió el documento de información rápida del mismo. Entonces, los Zonco decidieron avanzar con la compra, con la condición de que el vendedor lleve a la dueña del inmueble para completar la transacción en persona.
La supuesta dueña del terreno no apareció y Kanda se presentó con el joven Robert Mauricio Caba Dorado, de quien aseguró que era ahijado de la propietaria. Los vendedores argumentaron que la dueña había viajado de urgencia y que había dejado un poder a su ahijado para hacer la transacción.
La familia decidió hacer el pago. Quedaron en una transacción de 89 mil dólares, de los cuales entregaron 80 mil en la mano de Caba, dejando el resto para después. Fueron con el joven a oficinas de la Alcaldía para pagar el impuesto a la trasferencia, y en la tardanza Caba escapó del lugar y después ya no contestaba las llamadas.
Los Zonco siguieron adelante y contrataron obreros para limpiar el terreno. La sorpresa fue grande cuando el 17 de julio de 2014, Mercedes recibió una llamada de sus trabajadores para decirle que unas personas que decían ser dueñas del inmueble habían aparecido.
La mujer trató de contactarse con los vendedores, pero el joven Caba tenía el celular pagado y Kanda sólo atinó a decir que no hagan caso y pongan un portón, luego ya no contestó.
Ante la emergencia, la familia pidió a una señora que llame a Kanda para hacerse pasar por una compradora y preguntar por el terreno. Se encontraron con que el adulto mayor seguía ofreciendo el inmueble. Lo citaron y lograron capturarlo.
Enfrentaron a Kanda con las personas que decían ser dueñas del terreno, y éstas lo acusaron de haber allanado el inmueble. Todos fueron a instancias policiales, donde la familia Zonco constató que los documentos que les mostraron para la compraventa eran falsos.
Descubrieron que los documentos que les había entregado el joven Caba no coincidían con la realidad, y que incluso los estafadores habían utilizado papeles de otro bien inmueble para fingir que se trataba del terreno que estaban ofreciendo.
Entonces comenzó el calvario de los Zonco con las autoridades. Mercedes relató que pidió ayuda del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía, donde le mostraron la foto de Caba, puesto que el joven ya había tenido antecedentes de conducta delictiva.
En el DACI, según el relato de la mujer, pidieron una semana para encontrar a Caba, pero al terminar ese plazo el oficial que los atendió dijo que ya no formaba parte de esta unidad. Mercedes aseguró con frustración que después descubrió que la versión del uniformado era mentira.
Mientras tanto, la familia Zonco sin ayuda policial logró detectar por su cuenta el paradero de Caba y fueron a su encuentro. Según Mercedes, el joven dijo que devolvería los 80 mil dólares de la siguiente manera: 28 mil con un terreno a nombre de un familiar, 12 mil con un vehículo y 40 mil en efectivo.
Los Zonco esperaron a que la familia de Caba aparezca para hacer estas transacciones –como él había prometido- pero no lo hicieron, por lo cual iniciaron el proceso judicial en el acto.
De acuerdo con la denunciante, en julio de 2015, se logró que un juez envíe al joven Caba a la cárcel con detención preventiva. Sin embargo, Mercedes dijo que a su familia no le sirve que el acusado esté encerrado, porque lo que necesita es recuperar el dinero. "Es el sacrificio de toda mi vida, cómo puede quedar asi tan fácilmente los maleantes", exclamó.
Por otro lado, el adulto mayor sigue en libertad. La familia Zonco intentó encontrarlo, pero él cambiaba constantemente de teléfonos y daba direcciones falsas. Hace poco lo capturaron y se sorprendieron con que tenía en su posesión varios documentos de poderes para inmuebles. "A tantos está haciendo llorar", lamentó Mercedes.
Ahora, la familia Zonco teme que se consume lo que consideran una injusticia. Según Mercedes, uno de los acusados de estafa pidió mediante su abogada Zuleika Lanza someterse a un juicio abreviado. Explicó que el sindicado aceptaría su delito, pero eso no convence a la familia.
La familia Zonco pidió que se amplíe a más delitos la imputación, pero se sorprendió de que primero se diera lugar a la solicitud de juicio abreviado. La audiencia se realizará este lunes 3 de julio y las victimas aseguraron que se negarán a que se consume el procedimiento abreviado.
Por otro lado, también está por comenzar el juicio oral por este caso. Mercedes aseveró que la misma fiscal que lleva adelante el proceso le dijo que con este litigio se podrá conseguir una condena a los acusados, más no así la recuperación de su dinero. Los acusados no tienen bienes a su nombre.
Mercedes rompió en llanto y dijo estar frustrada con el curso que siguió el caso, que incluso ha deteriorado su salud, puesto que recientemente le diagnosticaron diabetes. Lamentó que mientras ella sufre por el dinero que le sonsacaron, los estafadores están tranquilos, uno en libertad y el otro –según la mujer- con el beneficio de estar en el sector Posta de la cárcel.
La mujer cree que el dinero de los estafadores los ayuda a tener ventajas ante las autoridades. "No quiero recordar, estoy dolida contra la Policía, los fiscales, los jueces. Son corruptos. Él único que nos ha tocado que ha actuado bien en el doctor Iván Córdoba", manifestó con pena.
Mercedes con los ojos empapados en lágrimas recordó a las autoridades que ella es la víctima y les pidió que no se parcialicen con los estafadores.Comisión Codificadora analiza perspectivas del nuevo Código Procesal Administrativo
La Comisión, encargada de elaborar las propuestas de códigos en lo Civil, Comercial, Administrativo, Laboral y de Ejecución Penal, inició el tratamiento del nuevo Código Procesal Administrativo, que es parte del denominado "Códigos Morales".
Los abogados de la Comisión Administrativa, Wilson Jaime Villarroel Montaño y Carlos Rocha Orozco, expusieron los fundamentos teórico-doctrinales y normativos. Además, explicaron los alcances que debe contener la nueva norma.
La sesión de la Comisión fue presidida por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta, quien expresó su reconocimiento al trabajo de los expertos y recomendó que las normas sean trabajadas en base a la realidad del pueblo boliviano y no sean exclusivas de sectores privilegiados.
Destacó la decisión de acelerar el trabajo para plantear los anteproyectos, a la brevedad posible, de las nuevas normas que completarán los "Códigos Morales".
El jurista Villarroel Montaño manifestó en su ponencia que la nueva norma se ajusta a los preceptos básicos de la Constitución Política del Estado, es decir las reglas del procedimiento administrativo deben asegurar la aplicación del derecho de petición, el más importante de todos los derechos fundamentales y que es el que pone en contacto al ciudadano con el Estado.
Asimismo, manifestó que se trabaja con prioridad para garantizar "mayor seguridad jurídica".
"Se refuerzan los principios de legalidad y de control judicial, a diferencia de la Ley del Procedimiento Administrativo Nº 2341, que no los preveía, en el Código se exige información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, como un principio específico", aseveró.
Se plantea una mayor efectividad en las decisiones del Estado. Según Villarroel la nueva propuesta busca superar a la Ley del Procedimiento Administrativo, al incluir medidas cautelares en el procedimiento.
"Anteriormente sólo estaban previstas en los procedimientos regulatorios y hoy alcanzan a toda la Administración. Esto permitirá, en contrapartida a un mayor y mejor margen de tutela de los derechos de los administrados, que el Estado también pueda disponer medidas urgentes para preservar el interés público, sin necesidad de pedir, por ejemplo, auxilio judicial", explicó.
En la misma línea, continuó el perito, se encuentran las previsiones destinadas a la ejecución de los actos administrativos, que no estaban previstas en la vigente ley.
A su turno, el jurista Carlos Rocha consideró importante la celeridad en los trámites, pues reviste mayor de interés para los ciudadanos administrados.
"Superando a la Ley del Procedimiento Administrativo, en la propuesta de este nuevo Código se prevén plazos específicos para ciertas actuaciones, así como se ha incorporado la figura del pronto despacho que permite a la autoridad judicial requerir inmediato pronunciamiento de la administración cuando ésta es renuente a cumplir su deber o intenta evadir la definición en un asunto determinado", afirmó.
En la misma línea, a decir de Rocha, se incluye el régimen de denuncias ausente de la Ley del Procedimiento Administrativo. "Se ha simplificado el cómputo de términos y plazos. Se han incluido nuevas figuras como la delegación de firma y la encomienda de gestión que, se espera, coadyuven de manera notable a una mayor celeridad en los trámites".
En el anterior periodo constitucional, de la gestión del presidente Evo Morales, se han viabilizado un primer paquete de normas fundamentales como el nuevo Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, el Código Niño, Niña, Adolescente, el Código de las Familias y el Proceso Familiar; y la Ley del Notariado.
Para el segundo paquete de los "Código Morales" se tiene que trabajar en cinco normas. Se perfiló un nuevo Código Civil, Código de Comercio, Código Laboral y de Proceso Laboral, el Código Procesal Administrativo y la Ley de Ejecución Penal.
El pasado 30 de mayo Arce Zaconeta presentó a los miembros de las comisiones codificadoras para trabajar el segundo paquete de los "Códigos Morales". El 19 de junio arrancó el trabajo de la Comisión del Código Civil.
Fuente.
Oruro: Aprehenden a exfiscal y a un abogado acusados de consorcio de jueces
La Paz, 27 de junio (ANF).- La exfiscal de Materia en Oruro, Lourdes R., y el abogado Ever Froilán O.Y. fueron aprehendidos por la presunta comisión de delitos de consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados. Así lo informó este martes el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.
"Se ha desplazado una comisión de la Fiscalía General del Estado hasta Oruro y realizadas las diligencias correspondientes, se procedió con la aprehensión de estas dos personas", manifestó la máxima autoridad del Ministerio Público.
La aprehensión de estas personas se da dentro del proceso investigativo de actos irregulares con los que se benefició a un grupo de antisociales. Estos quedaron en libertad tras emitirse una resolución de sobreseimiento que fue redactada por el abogado y firmada por la exfiscal.
El Fiscal General señaló que tras la destitución de la exfiscal se abrió un proceso penal por resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, incumplimiento de deberes, además de consorcio. En cuanto al jurista aprehendido este sería hermano del fiscal departamental de Oruro.
En las próximas horas la Fiscalía presentará la imputación formal contra los acusados, mientras que la autoridad jurisdiccional determinará el día y la hora en la que se desarrollará su audiencia de medidas cautelares.
/ANF/
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Anomalías en la preselección y el MAS no toma en cuenta al CEUB
APG. Ayer se llevó a cabo la verificación de documentos.
Elecciones Judiciales 2017: Oficialismo destaca transparencia en la revisión pública de requisitos de postulantes a magistrados
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, informó el domingo que la revisión pública de los requisitos comunes y específicos de los postulantes a magistrados y consejeros del órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional avanzó entre el sábado y domingo con total transparencia.
"Hay control permanente de los medios, hay redes sociales, las puertas abiertas, aquí no hay reuniones secretas", dijo en el programa de televisión Pentágono.
La Asamblea Legislativa cerró el viernes las inscripciones con 492 postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
"Son tres menos, porque tres renunciaron durante el proceso y ayer (el sábado) la comisión, en la que se presentaron esas renuncias, las han aceptado. O sea, son en total 489", informó Gonzáles.
Las elecciones judiciales están programadas para el 22 de octubre próximo, previo a un proceso de preselección de candidatos que lleva adelante la Asamblea Legislativa con la participación del sistema universitario boliviano.
La Comisión Mixta de Justicia Plural revisa los requisitos de los postulantes al Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental, y la Comisión Mixta de Constitución verifica la documentación de los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La Asamblea Legislativa tiene seis días para dar a conocer la lista de los habilitados y, luego, se iniciará la etapa de las impugnaciones que durará cinco días.
"Una vez que se verifique la revisión de los documentos comunes y específicos publicaremos la lista en medios de circulación nacional de quienes resulten habilitados para la siguiente etapa", informó el presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Milton Barrón.
El legislador añadió que la siguiente etapa será de evaluación curricular, el examen escrito y la entrevista.
xzs-rm/ ABI
Según experta, el sistema de judicial resuelve menos procesos que antes de la reforma de los años 90
Justicia . Foto: Internet La experta asegura que durante la reforma penal de 1999 el promedio de procesos con sentencias era más alto, pues llegaba a un 16% en 1996 y un 20% en 1997; frente al 9% de 2014 y el 13% del 2015.
El estudio además cita diversos factores, como la sobrecarga de trabajo en los juzgados en materia penal, de manera más contundente en La Paz y El Alto que contribuyen a esa situación y asegura que "En materia civil, la sobrecarga afectó a los juzgados de La Paz (instrucción) y de partido de ambas ciudades. El Alto solo tuvo sobrecarga en sus juzgados civiles de instrucción en algunas gestiones".
Feriados en Bolivia (UMSA) - 2017
Cinco libros de Derecho Civil.
Para descargar haz clic en la imagen.
1.- COMPENDIO DE DERECHO CIVIL I – RAFAEL ROJINA VILLEGAS.
Simplemente uno de los mejores civilistas, te recomiendo ampliamente sus obras, este libro es sobre las Personas y la Familia.
2.- COMPENDIO DE DERECHO CIVIL II – RAFAEL ROJINA VILLEGAS.
3.- LA FILIACION – MARÍA JOSEFA MÉNDEZ COSTA.
Este libro toca temas como la filiación, nexo biológico, nexo jurídico, unidad de filiación y su proyección legal, consagración legal de la unidad de la filiación a nivel internacional e interno constitucional, aplicación del principio de la unidad de la filiación en derecho positivo privado extranjero, entre otros.
4.- DERECHO CIVIL – JORGE A. SÁNCHEZ-CORDERO DÁVILA.
Un compendio que agrupa todos los temas del derecho civil: personas, bienes, sucesión, obligaciones y familia.
5.- ESTUDIOS DE DERECHO CIVIL – IGNACIO GALINDO GARFIAS.
Este libro toca temas de filiación adoptativa, asociaciones y sociedades, el ilícito civil, interpretación e integración de la ley, evolución de la reforma agraria mexicana, contratos civiles etc.
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Elecciones Judiciales / Compromiso: el CEUB se alejará de la evaluación si ve injerencia política
Postulantes para magistrados
Frente al cuestionamiento de un rol supuestamente figurativo del sistema universitario en la preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), mediante carta, advirtió que se alejará "en cualquier momento" de dicho proceso si los partidos políticos intentan controlar de hecho a los tribunales evaluadores o interfieren en el trabajo de la comisión de profesionales universitarios. El oficialismo, por su parte, también por carta, ratificó que la labor del equipo académico será "protagónico" y que los criterios que éste emita "se respetarán".
Descreída, también por carta, la oposición reiteró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizará al sistema universitario como una "figura decorativa" para legitimar una preselección "sesgada" en favor de sus candidatos. Por ello, adelantó una "fiscalización constante" del proceso.
Si hay algo que diferencia a los reglamentos de preselección de 2011 y 2017 es la introducción del Sistema Universitario Boliviano (SUB) como actor de dos tramos (de tres) del proceso de evaluación. De los 100 puntos de calificación, 40 se llevará la "evaluación curricular", 30 la "evaluación escrita", y 30 la entrevista; los dos primeros estarán a cargo de la Universidad. Para ello, el SUB designará a ocho académicos.
El secretario ejecutivo de la CEUB, Gustavo Rojas, indicó que la Universidad envió, el 2 de mayo, una carta a las bancadas del Legislativo; en ésta demanda que la labor de la Comisión Universitaria de Académicos debe ser "protagónica y no figurativa", por lo cual los criterios que emitan tendrán que ser "respetados" por la Asamblea Legislativa para "contribuir de manera efectiva" en la preselección de los candidatos.
Por ello, Rojas dijo que el sistema universitario planteó la firma de "un compromiso o acuerdo nacional" entre los partidos políticos para que, renunciando a sus aspiraciones propias, se comprometan "a respetar el reglamento y los procedimientos propuestos por el SUB asegurando que la población vote para elegir profesionales probos en cuanto a capacidad profesional, solvencia académica y trayectoria transparente".
Espere…
"El acuerdo busca que los partidos políticos se comprometan a que no haya interferencias políticas, a que no haya sesgos, ni malinterpretar los resultados que se emitan de las dos evaluaciones en las que la Universidad está a cargo y que las calificaciones de los postulantes sean respetadas en todas las instancias hasta que lleguen a las elecciones del 22 de octubre", afirmó Rojas.
Caso contrario, el directivo del CEUB advirtió que, según la carta remitida al Legislativo, "en el supuesto no consentido de que sigan vigentes la obsesiva intención de controlar fácticamente los tribunales o interferir con el trabajo de la comisión de profesionales, por parte de los partidos políticos, tendremos que lamentar nuestro alejamiento para no ser cómplices de esa anomalía".
El ejecutivo alertó que si el sistema universitario ve que "en cualquier momento" existen "interferencias políticas" del oficialismo, de los partidos de la oposición o de cualquier otra instancia en la labor y evaluación de la comisión de profesionales de los postulantes, la Universidad no participará del proceso.
Ante esto, los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, José Alberto Gonzales, enviaron, el 10 mayo, una respuesta a la institución académica ratificando que el trabajo que efectuarán los ocho integrantes de la Comisión Universitaria de Académicos "será protagónico; por tanto, los criterios que emitan serán respetados en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial".
En la carta del MAS se señala que todos los parámetros de evaluación se basan en criterios técnicos, académicos, de experiencia y de valoración ética que recoge la propuesta del SUB, que tiene experiencia en procesos de evaluación y calificación.
"El hecho de que el Reglamento y sus anexos fueron aprobados en la sesión de la Asamblea Constituye es un tácito compromiso de cumplimiento para todos y cada uno de los asambleístas, lo que garantizará la preselección de profesionales idóneos, meritorios y con trayectoria ética".
Dicho reglamento fue aprobado, el 29 de abril, tras varias modificaciones y una larga sesión, con los dos tercios de los votos del oficialismo, mientras la oposición no participó de la votación bajo el argumento de que no avalaría una norma que "da defunción a la Justicia", no obstante, los opositores anunciaron que fiscalizarán todo el proceso de selección.
Los jefes de bancada de Unidad Demócrata (UD) de Diputados, Wilson Santamaría, y de Senadores, Edwin Rodríguez, también remitieron una misiva al CEUB en la que reiteraron que están convencidos de que el MAS "usará a la Universidad como una figura decorativa para legitimar una preselección sesgada en favor de sus candidatos".
Ambos asambleístas destacaron la intención del sistema universitario de generar un cambio en la Justicia, empero —afirman— "mientras el MAS no tenga la mínima intención de modificar su reglamento para conformar una verdadera comisión académica independiente, que ustedes encabecen, en la cual tengan un carácter protagónico fuera del manoseo político este proceso de preselección, volverá a fracasar como ocurrió en la gestión 2011".
Rojas señaló que, en su criterio, la carta enviada por el oficialismo ratifica que no existirá una "interferencia política" en el trabajo de la comisión académica para preseleccionar a los candidatos a autoridades judiciales, mientras que la oposición de la misma manera remarca que no habrá ninguna injerencia política y que fiscalizará el proceso.
"En mi posición personal, las cartas enviadas han sido positivas porque ya tenemos el compromiso de dos partidos políticos", apuntó Rojas.
El 16 de octubre de 2011, por primera vez se eligieron mediante voto a autoridades judiciales tras un proceso de selección cuestionado por aspectos como la minimización de los criterios de meritocracia.
En la primera fase, la comisión de profesionales y las comisiones mixtas revisarán los documentos de los solicitantes sobre su formación académica, su producción intelectual y trayectoria profesional.
En la segunda fase, el equipo académico se encargará de la evaluación escrita —que es un nuevo requisito incorporado al Reglamento— y para ello elaborará unas 720 preguntas para formular cuatro exámenes, uno para cada tribunal y para el consejo.
Para el diputado oficialista Manuel Canelas la inclusión de la prueba escrita en la evaluación de los candidatos busca dar "mayor prioridad" a la meritocracia, la cual admitió que "no tuvo o no fue lo suficientemente significativa" en la elección de magistrados de 2011.
La diputada del partido de oposición Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa señaló que si bien se han efectuado "modificaciones positivas" en dicho Reglamento como la inclusión de una comisión del sistema universitario y la prueba escrita, el "tema de fondo" es que pese a los cambios lo que se mantiene como ocurrió en 2011 es que de la lista de candidatos habilitados el MAS elegirá con dos tercios de los votos a 'sus' candidatos a magistrados.
"Todos los cambios que se han hecho terminan en nada y no tienen ninguna significancia si al final el resultado será el mismo, porque la decisión final para seleccionar a los candidatos, pese a que tengan buenas notas, está en manos del MAS y elegirán a quienes son funcionales o cercanos al oficialismo, como pasó en la elección del Defensor del Pueblo, los vocales departamentales electorales o del Tribunal Supremo Electoral (TSE)", aseguró Costa. Canelas justificó que el hecho de que dos tercios del puntaje de la evaluación curricular y escrita (70% de la nota) para la preselección esté en manos de especialistas del sistema universitario, busca precisamente "despejar susceptibilidades".
En la fase de entrevistas, los delegados del sistema universitario solo serán observadores, señaló Rojas. Al respecto, la oposición criticó que la universidad solo participe como veedor en dicha entrevista y no evalúe de forma oral el conocimiento de los solicitantes.
La Universidad tendrá un papel 'protagónico'
Los criterios de la comisión de profesionales designada por el sistema universitario tendrán un papel protagónico y se respetarán en todo el proceso de evaluación de los postulantes a magistrados y ratificamos que ese proceso será transparente. Y su participación no será de "floreros", como afirmó la oposición. Por esto, las universidades no deben desconfiar del proceso.
Si no se tiene ética, los méritos no son válidos
La elección de magistrados en 2011 no fue meritocrática, pero ahora sí se tomará en cuenta los méritos pues 70 puntos suman la evaluación curricular y escrita pero los otros 30 puntos que vale la entrevista los evalúa el MAS, lo cual es subjetivo. Empero, de qué validez sirven todos los títulos si no hay ética e integridad en los profesionales si éstos se ponen al servicio de un gobierno.
Debían sumarse más instancias a evaluación
Me parecía más pertinente que a la comisión de profesionales se sumen instituciones de la sociedad civil y personalidades reconocidas que participen en la evaluación de la preselección de los postulantes. La evaluación curricular y escrita que hará la universidad ayudará a verificar la profesionalidad, pero debe garantizarse la transparencia y que el proceso sea abierto a la gente.
Exigencia de idioma nativo es innecesaria
El partido opositor Unidad Demócrata (UD) y dos analistas coinciden en que el requisito de hablar un segundo idioma oficial cuando el magistrado asuma el cargo es "innecesario" y que debería darse una flexibilidad para que se cumpla esta medida.
El Reglamento de preselección de candidatos dispone como requisito hablar al menos dos idiomas oficiales, lo cual debe ser acreditado ante el Tribunal Supremo Electoral antes de asumir el cargo, a través de una certificación emitida por una entidad autorizada para el efecto. Por ello, no será una petición que inhabilite a los postulantes.
El diputado del oficialismo Manuel Canelas explicó que el cambio de exigir a los candidatos que presenten una certificación de que hablan dos idiomas oficiales, uno originario, cuando las autoridades sean posesionadas "no tiene un interés muy relevante".
Agregó que la medida abre la posibilidad de que las autoridades judiciales electas tendrán un periodo de tiempo para obtener el conocimiento de otra lengua.
En 2011, el sexto requisito común del reglamento para la preselección de los candidatos a magistrados era hablar dos idiomas oficiales, pero en una de las disposiciones transitorias se disponía que esa obligación no se aplicaría "de manera excepcional" para esa primera elección judicial.
La diputada del partido de oposición Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa indicó que desde la emisión de la norma en 2012, que obliga a los funcionarios públicos a hablar dos idiomas oficiales —castellano y originario—, hasta ahora "no se aplica".
En esa línea, Costa afirmó que es una "reforma innecesaria" porque no se puede condicionar la capacidad de un funcionario público a hablar una lengua originaria para el ejercicio de su cargo.
La politóloga y socióloga María Teresa Zegada, por su parte, sostuvo que el requisito de hablar un segundo idioma originario debería implementarse a largo plazo ya que puede evitar la participación de personalidades con mucha capacidad en el área judicial y "obstaculiza más este proceso".
El economista Armando Ortuño sostuvo que el hablar un idioma originario debería ser un "proceso paulatino" y de mayor flexibilidad para los profesionales, a fin de que cumplan la medida.
Fuente.Elecciones Judiciales: Más sospechas de ‘cuoteo y boicot’ opacan inscripciones
Las sospechas de cuoteo y acusaciones boicot entre el oficialismo y la oposición se intensificaron este fin de semana, después que la Asamblea Legislativa bajo control del oficialista MAS, decidiera el viernes ampliar el plazo para la inscripción de más postulantes a magistrados y consejeros del Órgano Judicial.
La senadora Adriana Salvatierra (MAS), dijo al canal estatal que la práctica del cuoteo es típico de los partidos de la oposición y por ello boicotearon en forma permanente el actual proceso de inscripción, incluso días previos a la elaboración aprobación del reglamento de selección.
Salvatierra desempolvó recortes de prensa de 1999, donde los operadores políticos del gobierno y el hoy jefe opositor Samuel Doria Medina, daban señales de cuoteo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
"Son una serie de políticos que aparecieron y que con sus representantes en la Asamblea Legislativa, hoy pretenden a nosotros darnos lecciones de transparencia. El pueblo en ese entonces no decidía porque nunca existió una evaluación de meritocracia y porque todas las negociaciones se realizaban en un cuarto oscuro", manifestó.
Explicó que la ampliación del plazo es para permitir que varios interesados con trámites pendientes ante la Contraloría General, Órgano Electoral y Órgano de Justicia, puedan habilitarse al proceso de selección del cual saldrán 36 candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, 36 para el Tribunal Constitucional, 10 al Consejo de la Magistratura y 14 para el Tribunal Agroambiental.
Hasta este fin de semana existían 166 postulantes para las cuatro instancias del Órgano Judicial, mientras se espera que se presenten más candidatos ante la Comisión de Justicia y de Constitución de la Asamblea, en un plazo que se extendió hasta el 9 de junio.
MURILLO: "SON JANIWAS"
El senador opositor Arturo Murillo manifestó que no habrá ningún proceso de selección adecuada porque el MAS escogerá a sus preferidos con "los papelitos que les mandarán desde el frente (Palacio), indicando por quién votar, por tanto, no habrá renovación ni mejoras de justicia", advirtió.
"Es una pena. La población nos dio oportunidad de reconducir el tema judicial, pero el MAS es 'janiwa' (palabra aimara que define a una persona que no entiende las cosas). Es sordo no escucha ahora ni escuchará mañana. Ellos le van a meter nomás hasta que el pueblo les meta también contra ellos", manifestó.
COSTA: NADA OBLIGA A TOMAR AL MEJOR
La diputada opositora del mismo partido, Ximena Costa, dijo a Erbol que la designación de autoridades judiciales mediante voto popular, no resolverá el problema de la justicia, sino solo las cabezas porque así sean elegidos "los más grandiosos", no se arreglará el conflicto de los juzgados a todo nivel.
Recordó que si bien el actual reglamento es mejor que en 2011 porque las universidades calificarán hasta el 70% de la nota, no hay nada que obligue en el Reglamento a que se tome el puntaje como criterio de selección, es decir, si un postulante ingresa con el 100 puntos y el otro con 55, el MAS definirá políticamente.
"Por más que el Reglamento mejore, igualito al final del proceso, son los dos tercios del MAS que van a decidir a quiénes pone de candidatos y aquí viene un tema de fondo que se debe analizar: qué está pasando con la ética en el país, de qué sirve un magistrado con dos maestrías porque igualito se pondrá al servicio del MAS y se vende al poder", manifestó al remarcar su escepticismo por una pronta mejora de la justicia.
Separación de poderes del Estado
Para nadie es un secreto que la justicia boliviana está plagada de jueces corruptos y funcionarios venales, a lo que se suma la intromisión del Órgano Ejecutivo, que presiona y decide los asuntos de otros poderes del Estado, en franca transgresión a la Constitución Política. Lo peor es que abiertamente se ejercen acciones que van en contra de la independencia del sistema judicial con la aquiescencia y hasta compromiso de funcionarios que declinan dócilmente la cerviz y permiten la intrusión ajena. "A confesión de parte, relevo de pruebas", señala un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.
No otra cosa significa lo que ocurre en el Órgano Judicial, que mediante sus mecanismos propios debiera analizar, evaluar, decidir, anunciar, fundamentar y defender sus determinaciones. Pero el Consejo de la Magistratura (CM), al parecer cedió sus prerrogativas al ministro de Justicia, Héctor Arce, quién informó que el CM destituyó a 130 jueces y vocales que tenían procesos, en cumplimiento del nuevo reglamento de evaluación de autoridades judiciales. Arce además, saludó ese reglamento y la determinación del CM de cesar de sus funciones a los "malos administradores de justicia que tienen en su contra sentencias condenatorias, acusación formal, imputación y más de dos procesos disciplinarios con suspensión".El Ministro de Justicia explicó que la determinación del Consejo "dignificará la justicia boliviana", y recordó que se enmarca en la Ley 898, de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia que se realizó en junio de 2016. Finalmente, el ministro anunció que aquellos cargos acéfalos en los tribunales departamentales de justicia serán cubiertos por los miembros de la primera promoción de la Escuela de Jueces.
¿Y en qué queda la Constitución Política del Estado? Recordemos que el artículo 12 de la CPE dispone que el Estado "se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos". "II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado". "III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí".
En el artículo 184, inciso 5, establece, entre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, la de "Designar, de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, a los vocales de los tribunales departamentales de justicia". Varios medios de comunicación recogieron opiniones de representantes de la Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia (Amabol), entre ellos, de David Rosales, quién anunció que el equipo jurídico de esta entidad trabaja en la elaboración de un amparo constitucional ante el anuncio de despido de jueces.
Se argumenta que hasta ahora no se conoce el nuevo reglamento que fue aprobado el viernes 05 de mayo, en base al que se efectúan las destituciones. Rosales, según publicaciones, explicó que luego del "estado de emergencia" que declaró Amabol, se remitió una solicitud para que se les extienda copia legalizada del supuesto reglamento aprobado, para recién analizar y plantear una postura oficial sobre base legal, ya que hasta la fecha se desconoce el contenido de ese documento, pero que según las declaraciones de las propias autoridades se estarían vulnerando, entre otros derechos, la presunción de inocencia de los jueces.
Es probable que la intención de depurar el sistema judicial haya movido al gobierno a acelerar acciones, pero existen normas y procedimientos que se deben seguir. También es posible que todos los jueces destituidos hayan infringido la ley, y que merezcan ser alejados de sus cargos y hasta enjuiciados, no obstante, todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado y a defenderse de una acusación sobre la base del principio jurídico de un debido proceso.
