Postulantes para magistrados
Frente al cuestionamiento de un rol supuestamente figurativo del sistema universitario en la preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), mediante carta, advirtió que se alejará "en cualquier momento" de dicho proceso si los partidos políticos intentan controlar de hecho a los tribunales evaluadores o interfieren en el trabajo de la comisión de profesionales universitarios. El oficialismo, por su parte, también por carta, ratificó que la labor del equipo académico será "protagónico" y que los criterios que éste emita "se respetarán".
Descreída, también por carta, la oposición reiteró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizará al sistema universitario como una "figura decorativa" para legitimar una preselección "sesgada" en favor de sus candidatos. Por ello, adelantó una "fiscalización constante" del proceso.
Si hay algo que diferencia a los reglamentos de preselección de 2011 y 2017 es la introducción del Sistema Universitario Boliviano (SUB) como actor de dos tramos (de tres) del proceso de evaluación. De los 100 puntos de calificación, 40 se llevará la "evaluación curricular", 30 la "evaluación escrita", y 30 la entrevista; los dos primeros estarán a cargo de la Universidad. Para ello, el SUB designará a ocho académicos.
El secretario ejecutivo de la CEUB, Gustavo Rojas, indicó que la Universidad envió, el 2 de mayo, una carta a las bancadas del Legislativo; en ésta demanda que la labor de la Comisión Universitaria de Académicos debe ser "protagónica y no figurativa", por lo cual los criterios que emitan tendrán que ser "respetados" por la Asamblea Legislativa para "contribuir de manera efectiva" en la preselección de los candidatos.
Por ello, Rojas dijo que el sistema universitario planteó la firma de "un compromiso o acuerdo nacional" entre los partidos políticos para que, renunciando a sus aspiraciones propias, se comprometan "a respetar el reglamento y los procedimientos propuestos por el SUB asegurando que la población vote para elegir profesionales probos en cuanto a capacidad profesional, solvencia académica y trayectoria transparente".
Espere…
"El acuerdo busca que los partidos políticos se comprometan a que no haya interferencias políticas, a que no haya sesgos, ni malinterpretar los resultados que se emitan de las dos evaluaciones en las que la Universidad está a cargo y que las calificaciones de los postulantes sean respetadas en todas las instancias hasta que lleguen a las elecciones del 22 de octubre", afirmó Rojas.
Caso contrario, el directivo del CEUB advirtió que, según la carta remitida al Legislativo, "en el supuesto no consentido de que sigan vigentes la obsesiva intención de controlar fácticamente los tribunales o interferir con el trabajo de la comisión de profesionales, por parte de los partidos políticos, tendremos que lamentar nuestro alejamiento para no ser cómplices de esa anomalía".
El ejecutivo alertó que si el sistema universitario ve que "en cualquier momento" existen "interferencias políticas" del oficialismo, de los partidos de la oposición o de cualquier otra instancia en la labor y evaluación de la comisión de profesionales de los postulantes, la Universidad no participará del proceso.
Ante esto, los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, José Alberto Gonzales, enviaron, el 10 mayo, una respuesta a la institución académica ratificando que el trabajo que efectuarán los ocho integrantes de la Comisión Universitaria de Académicos "será protagónico; por tanto, los criterios que emitan serán respetados en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial".
En la carta del MAS se señala que todos los parámetros de evaluación se basan en criterios técnicos, académicos, de experiencia y de valoración ética que recoge la propuesta del SUB, que tiene experiencia en procesos de evaluación y calificación.
"El hecho de que el Reglamento y sus anexos fueron aprobados en la sesión de la Asamblea Constituye es un tácito compromiso de cumplimiento para todos y cada uno de los asambleístas, lo que garantizará la preselección de profesionales idóneos, meritorios y con trayectoria ética".
Dicho reglamento fue aprobado, el 29 de abril, tras varias modificaciones y una larga sesión, con los dos tercios de los votos del oficialismo, mientras la oposición no participó de la votación bajo el argumento de que no avalaría una norma que "da defunción a la Justicia", no obstante, los opositores anunciaron que fiscalizarán todo el proceso de selección.
Los jefes de bancada de Unidad Demócrata (UD) de Diputados, Wilson Santamaría, y de Senadores, Edwin Rodríguez, también remitieron una misiva al CEUB en la que reiteraron que están convencidos de que el MAS "usará a la Universidad como una figura decorativa para legitimar una preselección sesgada en favor de sus candidatos".
Ambos asambleístas destacaron la intención del sistema universitario de generar un cambio en la Justicia, empero —afirman— "mientras el MAS no tenga la mínima intención de modificar su reglamento para conformar una verdadera comisión académica independiente, que ustedes encabecen, en la cual tengan un carácter protagónico fuera del manoseo político este proceso de preselección, volverá a fracasar como ocurrió en la gestión 2011".
Rojas señaló que, en su criterio, la carta enviada por el oficialismo ratifica que no existirá una "interferencia política" en el trabajo de la comisión académica para preseleccionar a los candidatos a autoridades judiciales, mientras que la oposición de la misma manera remarca que no habrá ninguna injerencia política y que fiscalizará el proceso.
"En mi posición personal, las cartas enviadas han sido positivas porque ya tenemos el compromiso de dos partidos políticos", apuntó Rojas.
El 16 de octubre de 2011, por primera vez se eligieron mediante voto a autoridades judiciales tras un proceso de selección cuestionado por aspectos como la minimización de los criterios de meritocracia.
En la primera fase, la comisión de profesionales y las comisiones mixtas revisarán los documentos de los solicitantes sobre su formación académica, su producción intelectual y trayectoria profesional.
En la segunda fase, el equipo académico se encargará de la evaluación escrita —que es un nuevo requisito incorporado al Reglamento— y para ello elaborará unas 720 preguntas para formular cuatro exámenes, uno para cada tribunal y para el consejo.
Para el diputado oficialista Manuel Canelas la inclusión de la prueba escrita en la evaluación de los candidatos busca dar "mayor prioridad" a la meritocracia, la cual admitió que "no tuvo o no fue lo suficientemente significativa" en la elección de magistrados de 2011.
La diputada del partido de oposición Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa señaló que si bien se han efectuado "modificaciones positivas" en dicho Reglamento como la inclusión de una comisión del sistema universitario y la prueba escrita, el "tema de fondo" es que pese a los cambios lo que se mantiene como ocurrió en 2011 es que de la lista de candidatos habilitados el MAS elegirá con dos tercios de los votos a 'sus' candidatos a magistrados.
"Todos los cambios que se han hecho terminan en nada y no tienen ninguna significancia si al final el resultado será el mismo, porque la decisión final para seleccionar a los candidatos, pese a que tengan buenas notas, está en manos del MAS y elegirán a quienes son funcionales o cercanos al oficialismo, como pasó en la elección del Defensor del Pueblo, los vocales departamentales electorales o del Tribunal Supremo Electoral (TSE)", aseguró Costa. Canelas justificó que el hecho de que dos tercios del puntaje de la evaluación curricular y escrita (70% de la nota) para la preselección esté en manos de especialistas del sistema universitario, busca precisamente "despejar susceptibilidades".
En la fase de entrevistas, los delegados del sistema universitario solo serán observadores, señaló Rojas. Al respecto, la oposición criticó que la universidad solo participe como veedor en dicha entrevista y no evalúe de forma oral el conocimiento de los solicitantes.
La Universidad tendrá un papel 'protagónico'
Los criterios de la comisión de profesionales designada por el sistema universitario tendrán un papel protagónico y se respetarán en todo el proceso de evaluación de los postulantes a magistrados y ratificamos que ese proceso será transparente. Y su participación no será de "floreros", como afirmó la oposición. Por esto, las universidades no deben desconfiar del proceso.
Si no se tiene ética, los méritos no son válidos
La elección de magistrados en 2011 no fue meritocrática, pero ahora sí se tomará en cuenta los méritos pues 70 puntos suman la evaluación curricular y escrita pero los otros 30 puntos que vale la entrevista los evalúa el MAS, lo cual es subjetivo. Empero, de qué validez sirven todos los títulos si no hay ética e integridad en los profesionales si éstos se ponen al servicio de un gobierno.
Debían sumarse más instancias a evaluación
Me parecía más pertinente que a la comisión de profesionales se sumen instituciones de la sociedad civil y personalidades reconocidas que participen en la evaluación de la preselección de los postulantes. La evaluación curricular y escrita que hará la universidad ayudará a verificar la profesionalidad, pero debe garantizarse la transparencia y que el proceso sea abierto a la gente.
Exigencia de idioma nativo es innecesaria
El partido opositor Unidad Demócrata (UD) y dos analistas coinciden en que el requisito de hablar un segundo idioma oficial cuando el magistrado asuma el cargo es "innecesario" y que debería darse una flexibilidad para que se cumpla esta medida.
El Reglamento de preselección de candidatos dispone como requisito hablar al menos dos idiomas oficiales, lo cual debe ser acreditado ante el Tribunal Supremo Electoral antes de asumir el cargo, a través de una certificación emitida por una entidad autorizada para el efecto. Por ello, no será una petición que inhabilite a los postulantes.
El diputado del oficialismo Manuel Canelas explicó que el cambio de exigir a los candidatos que presenten una certificación de que hablan dos idiomas oficiales, uno originario, cuando las autoridades sean posesionadas "no tiene un interés muy relevante".
Agregó que la medida abre la posibilidad de que las autoridades judiciales electas tendrán un periodo de tiempo para obtener el conocimiento de otra lengua.
En 2011, el sexto requisito común del reglamento para la preselección de los candidatos a magistrados era hablar dos idiomas oficiales, pero en una de las disposiciones transitorias se disponía que esa obligación no se aplicaría "de manera excepcional" para esa primera elección judicial.
La diputada del partido de oposición Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa indicó que desde la emisión de la norma en 2012, que obliga a los funcionarios públicos a hablar dos idiomas oficiales —castellano y originario—, hasta ahora "no se aplica".
En esa línea, Costa afirmó que es una "reforma innecesaria" porque no se puede condicionar la capacidad de un funcionario público a hablar una lengua originaria para el ejercicio de su cargo.
La politóloga y socióloga María Teresa Zegada, por su parte, sostuvo que el requisito de hablar un segundo idioma originario debería implementarse a largo plazo ya que puede evitar la participación de personalidades con mucha capacidad en el área judicial y "obstaculiza más este proceso".
El economista Armando Ortuño sostuvo que el hablar un idioma originario debería ser un "proceso paulatino" y de mayor flexibilidad para los profesionales, a fin de que cumplan la medida.
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