Mägo de Oz acusa a policías bolivianos de recibir sobornos
El grupo de metal Mägo de Oz denunció que policías bolivianos recibieron sobornos de parte del empresario Gustavo Tobar para arrestar a tres de sus miembros el fin de semana.
La denuncia está en un comunicado que la banda española publicó en su página oficial, a propósito del incidente que tuvieron el fin de semana cuando su manager y dos músicos fueron arrestados por la Policía, acusados de incumplir el contrato con la empresa de Tobar, FM Rock, para llevar adelante conciertos en Bolivia.
El texto dice que Tobar "sobornó a 4 policías (de los que daremos sus nombres, apellidos y rango) para encarcelar a 3 miembros de Mägo de Oz". La banda anunció que ampliará este caso en un próximo comunicado.
En el comunicado, la banda española insulta al empresario, a quien se refiere como "Gustabo Robar" y afirma que recibió amenazas tanto de Tobar como de la Policía.
El conflicto surgió porque Mägo de Oz se negó a realizar el concierto sinfónico que se había ofrecido, bajo el argumento de que no habían las condiciones técnicas para realizarlo.
Este martes, Tobar aseveró que se otorgó a la banda el escenario con las características que solicitaron, pero los músicos decidieron no hacer el concierto sinfónico, según él, porque preferían no haber un show de tres horas.
El empresario también descalificó a la banda española y aseveró que no hicieron el concierto sinfónico tal vez porque "tienen una vida desordenada" y los "años les pasan factura".
Debido a este conflicto, se suspendió el concierto en Potosí y en La Paz se reprogramó sin la sinfónica.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Guillermo Mendoza, junto a Tobar, explicó que los clientes que quieran la devolución de su dinero los pueden solicitar.
El empresario precisó que quienes tenían entradas para el show de Potosí pueden pedir su dinero en los mismos puntos de venta de donde las compraron. Agregó que también se devolverá el dinero a los que no estuvieron conformes con el concierto en La Paz, dado que no fue sinfónico.
Mägo de Oz sostuvo que está dispuesto a volver a Bolivia, pero con otro empresario.
EL DELITO DE COHECHO
CÓDIGO PENAL BOLIVIANO
Artículo 145°.- (COHECHO PASIVO PROPIO). El funcionario público o autoridad que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para sí o un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado con presidio de dos a seis años y multa de treinta a cien días.
Artículo 158°.- (COHECHO ACTIVO). El que directamente o por interpuesta persona, diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones será sancionado con la pena del Artículo 145, disminuida en un tercio.
Artículo 173° bis.- (COHECHO PASIVO DEL JUEZ). El juez que aceptare promesa o dádiva para dictar, demorar u omitir dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia, será sancionado con reclusión de tres a ocho años y con multa de doscientos a quinientos días.
León alista contrademanda a jueza que denunció consorcio
Eduardo León informó que está alistando una demanda criminal contra la jueza Claudia Castro y pidió que se le haga un examen psiquiátrico. Esto surge después de que la autoridad judicial denunció que un consorcio de jueces y abogados favoreció a León con una acción de libertad.
La semana pasada, el Tribunal Tercero de Sentencia favoreció a León con un fallo que dejó sin efecto la orden de aprehensión emitida por Castro por no presentarse a una audiencia.
Dos de los jueces de dicho Tribunal fueron detenidos acusados de consumir bebidas alcohólicas en oficinas judiciales, sin embargo, el presunto ilícito no se quedó ahí, puesto que la jueza Castro denunció que hubo un consorcio del tribunal con la abogada de León, Zuleika Lanza, para emitir ese fallo.
León dijo que la jueza tiene una fijación "paranoica y esquizofrénica" con él. Pidió que se le haga una pericia psiquiátrica, y aseveró que Castro no aprobó anteriores exámenes de ese tipo que le hicieron para acceder al cargo. Manifestó que es riesgoso que una persona con esas características imparta justicia.
Recordó que tiene un proceso penal contra Castro por difamación, y por aquello debería excusarse de conocer el caso de violencia familiar en su contra. Sin embargo, la jueza condujo una audiencia y emitió orden de aprehensión contra suya.
El exdefensor de Gabriela Zapata anunció que presentará una denuncia penal contra Castro por el delito de consorcio, porque a su criterio la jueza actuó ilegalmente junto a la abogada Marianela Siles, que patrocina a la denunciante de violencia en su contra, y el fiscal Samuel Lima, para perjudicarlo con la orden de aprehensión.
La jueza Castro denunció que hubo irregularidades desde el sorteo para la acción de libertad que ganó León, pero el acusado aseguró que el sistema judicial de distribución de causas es invulnerable.
Fuente.Caso ABC: Noemí Villegas se declaró inocente
El Fiscal de Materia Luis Tola, integrante de la comisión de fiscales asignados al caso, informó que durante la etapa preliminar, la expresidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Noemí Villegas declaró su inocencia ante las acusaciones de corrupción.
Sostuvo que Villegas declaró que como Máxima Autoridad Ejecutiva tenía la facultad de realizar los nombramientos, respecto a diferentes procesos de contratación y se ha declarado inocente de las acusaciones de favorecer con contratos a los familiares de su exGerente Nacional Técnico, Erick de las Heras.
Tola dijo que esperan la notificación formal de parte del juzgado anticorrupción de La Paz, donde en pasadas se enteró que la audiencia de medidas cautelares fue fijada para el jueves 14 de junio.
Precisó que además de Villegas, están implicados el exGerente, el Responsable de Proceso de Contratación Jonatan Lazarte y el representante legal de los tres consorcios, Luis Alberto Aguilar. Todos fueron interrogados en la etapa preliminar y en función a sus declaraciones se formuló la imputación.
Aclaró que se ha investigado el nexo familiar del representante legal de los consorcios y con el exGerente Técnico y aseguró que hay elementos indiciarios sobre el caso.
Dijo que el proceso de licitación fue por tres contratos y por un valor de 100 millones de bolivianos que fueron ejecutados y cancelados en su totalidad al representante legal.
JONATAN LAZARTE CALIFICA DE TEMERARIAS LAS ACUSACIONES
El entonces Responsable del Proceso de Contratación de la ABC Jonatan Lazarte Mejía, rechazó por "canallezca y cobarde" las denuncias de Marcos Loayza, por el presunto delito de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas , asociación delictuosa y conducta antieconómica.
A través de una solicitada, Lazarte Mejía afirmó que los tres contratos a los que hace referencia la denuncia, han sido licitaciones internacionales financiadas por la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Eximbank.
Asegura que estos contratos han sido adjudicados de manera transparente y legal con todos los pasos del proceso de contratación, donde su persona ha aprobado el trámite sobre la base y recomendaciones de tres comisiones calificadoras diferentes y al precio más bajo.
"No hay manera de influir de la adjudicación, no lo ha hecho nadie. Este extremo en modo alguno ha sido probado por el temerario acusador", afirmó Mejía quien dice desconocer alguna relación familiar de la empresa con algún personero de ABC.
Señaló que no hay manera de favorecer a nadie porque la información es pública en el Sicoes para garantizar transparencia y aclara que si existiera que alguna información del Ministerio Público , es una opinión provisional que tiene que ser probada en el órgano jurisdiccional donde asegura que actuará "contra la perversidad de los denunciantes".
- TÍTULO II
DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN PÚBLICA- CAPÍTULO I
- DELÍTOS COMETIDOS
POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS- Artículo 142. (PECULADO). La servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que
desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes de cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días.
(Modificado por el artículo 34 la Ley No 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz") - Artículo 144. (MALVERSACIÓN). La servidora o el servidor público que diere a los caudales que administra, percibe o custodia, una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados, será sancionada con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos cincuenta (250) días.
Si del hecho resultare daño o entorpecimiento para el servicio público, la sanción será agravada en un tercio.
(Modificado por el artículo 34 la Ley No 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz") - Artículo 145. (COHECHO PASIVO PROPIO). La servidora o el servidor público o autoridad que
para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o por interpuesta persona, para sí o un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cincuenta (50) a ciento cincuenta (150) días.
(Modificado por el artículo 34 la Ley No 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz") - Artículo 146. (USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS). La servidora o el servidor público o autoridad
que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.
(Modificado por el artículo 34 la Ley No 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz") - Artículo 147. (BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO). La servidora o el servidor público o
autoridad que en consideración a su cargo admitiere regalos u otros beneficios, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a doscientos cincuenta (250) días.
(Modificado por el artículo 34 la Ley No 004 de 31 de marzo de 2010, de Lucha Contra la
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz")
Emite orden de aprehensión contra Eduardo León
La Juez de Instrucción Anticorrupción y Lucha Contra la Violencia Claudia Castro emitió este jueves una orden de aprehensión contra el abogado Eduardo León Arancibia por no haberse presentado a una audiencia cautelar, a denuncia de su exesposa Graciela Mendoza, por delito de violencia intrafamiliar.
El fiscal asignado Samuel Lima explicó que el Ministerio Público pidió medidas sustitutivas, pero la otra parte solicitó la detención preventiva y adicionalmente se dispuso el arraigo.
La abogada del León, Zuleica Lanza dijo que su defendido no se presentó porque guarda detención domiciliaria y no puede ser conducido sin autorización judicial.
Lanza dijo que solicitaron la excusa de la juez porque existe un juicio penal pendiente con Eduardo León; sin embargo ha tomado conocimiento y "en un acto de venganza" dispuso la aprehensión.
En medio de gritos de parte de sus seguiodores y acusaciones de ambos lados, aclaró que la denuncia de Mendoza es una venganza porque León no le dio una asistencia familiar de 15.000 bolivianos y porque fue descubierta en un acto de bigamia cuando el denunciado estaba en la cárcel de San Pedro.
Consultada por si actualmente vive con quien es su cliente - tal como afirma la exesposa- prefirió no referirse al tema porque se trata de un tema personal de Eduardo León.
La abogada denunciante Mariela Siles estimó que una vez sea detenido se realizará la audiencia, donde fundamentarán las acusaciones y aclaraciones de bigamia y pedirán la detención preventiva de León.
Mendoza se ratificó en la denuncia por violencia, apoyada en videos grabados por cámaras de vigilancia, donde se mostraría cómo León ignora el ruego de las hijas para que no entre al dormitorio a agredirla a la madre.
Lanza anunció que presentará un recurso de acción de libertad con la intensión de dejar sin efecto la orden de aprehensión y lamentó que la juez no se excuse del proceso.
Ley 348 se establecen nuevos tipos penales, además del feminicidio, está el acoso sexual, la violencia familiar, la esterilización forzada, el incumplimiento de deberes, actos sexuales abusivos y se define que hay 16 formas de violencia en contra de la mujer, de las que destacan.
Violencia física: Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio.
Violencia feminicida: Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo.
Violencia psicológica: Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio.
Violencia mediática: Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen.
Violencia simbólica y/o encubierta: Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.
Violencia contra la dignidad, la Honra y el Nombre: Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer.
Violencia sexual: Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la mujer.
Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer: Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido.
Implican a otro médico y radióloga por tráfico de pacientes
El Ministerio Público sindicó a otro médico y una radióloga por el tráfico de pacientes y uso indebido de equipos de los hospitales Obrero y Clínicas de la ciudad de La Paz.
Este lunes declaró en la fiscalía el nuevo médico implicado en el caso, mientras que la declaración de la radióloga se suspendió para el próximo jueves.
Por este mismo caso existen seis detenidos y otras cinco personas se encuentran con medidas sustitutivas.
Según las investigaciones, todos los funcionarios son acusados de derivar pacientes de consultorios particulares a los dos hospitales mencionados.
Además, habrían utilizado e incluso alquilado equipos de esos nosocomios para atender a personas no aseguradas.
Asimismo, los acusados habrían cobrado a distintas personas entre Bs 9 mil a Bs 15 mil por atención médica.
A la fecha declararon 20 personas.
La Policía hizo allanamiento del domicilio particular del nuevo médico implicado y al cerrar la tarde de este lunes debía también allanar el consultorio del acusado.
Corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito debe realizar todos los actos necesarios para preparar la acusación y para participar en el proceso (Art. 70 parr. 1).
Por consiguiente, el Código parte de la premisa de que el Fiscal tiene la facultad de citar a los testigos en la etapa preparatoria. Los Artículos 193 y siguientes establecen además garantías procesales, las cuales debe cumplir el juzgador al momento de citar a un testigo. En este entendido hay que constatar, que una aplicación análoga no violaría derechos ciudadanos, sino que más bien permite contar con garantías expresas para las personas citadas como testigos, por ello se justifica una aplicación análoga del Artículo 193.
Por consiguiente el Fiscal, en analogía al Artículo 193, podrá citar a los testigos en la etapa preparatoria (tendrá asimismo las mismas obligaciones y derechos establecidos en el Título III del libro cuarto de la parte primera).
Un acta elaborada de la declaración de un testigo en la etapa preparatoria, puede ser un medio lícito de convicción (ver Art. 216 parr. 1).
Suben las víctimas de banda de violadores que usaba Facebook
Al menos tres adolescentes de 12, 13 y 15 años fueron víctimas de la banda de violadores que captaba a sus víctimas con perfiles falsos en Facebook. La menor de 12 años está embarazada de dos meses y recibe apoyo psicológico, informó el director de la Defensoría de La Niñez y Adolescencia de Cercado, Jhonny Bustamante.
El fin de semana, la Policía desbarató una banda integrada por cinco sujetos entre 18, 19 y 35 años que enamoraba a adolescentes para después abusar de ellas.
El caso fue revelado debido a que la víctima de 12 años, que fue violada en marzo, presenta un embarazo de dos meses, por lo que los padres de la adolescente denunciaron el caso en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Los delincuentes tenían varios perfiles de Facebook falsos para captar a sus víctimas. Las enamoraban y convencían para verse e ir a pasear, usaban un taxi anaranjado para llevarlas. Una vez con ellas, las convencían de consumir bebidas alcohólicas y las violaban, informó el director de la Felcc, Jhonny Corrales.
El dueño del taxi, de 35 años, y otro de los agresores fueron enviados el domingo con detención preventiva a la cárcel de San Antonio, otros dos implicados fueron detenidos ayer y están a la espera de su audiencia de medidas cautelares.
Los implicados tienen, en sus celulares, conversaciones por WhatsApp en las que hablan de los delitos que han cometido. Los vejámenes fueron en diferentes fechas, se presume que pueden haber más víctimas.
HAY TRES DENUNCIAS EN ESTÁ GESTIÓN
El responsable de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, Jhonny Bustamante, indicó que en lo que va del año han recibido denuncias sobre delitos de violación, abuso sexual y tentativa de violación a través de WhatsApp y Facebook.
En 2017, la Defensoría también atendió casos de violación y de trata y tráfico de personas en los que los agresores usan redes sociales.
En uno de los casos, una adolescente varón de 15 años fue retenido y violado por su agresor, un hombre de más de 50 años.
ANÁLISIS
Marcelo Durán. Experto en redes sociales
"Es importante el círculo de confianza padres e hijos"
Los padres tienen que entender el funcionamiento de esas tecnologías con sus hijos paso a paso, el más importante de ellos es hablar sólo con perfiles de personas que conozcan. Deben aprender a reconocer qué tipos de delitos pueden suceder en Internet, uno de ellos es el "grooming", cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad; entonces, Carlita, de 12 años, que quiere ser tu amiga; puede ser Julio, de 40.
Muchos chicos tienen conversaciones o reciben amenazas y las borran. Lo importante es sacar fotos de pantalla, para que después puedan ir con sus padres a la Policía y poner una denuncia.
Por eso hay que enseñar a los chicos que, sin miedo, puedan ir donde sus papás y decirles lo que les está pasando y mostrar la foto de pantalla de lo que les estén proponiendo.
Creo que eso es importante, cerrar ese círculo de confianza de padres e hijos a través de la tecnología.
Por cada diez policías en el país hay 17 abogados
REALIDAD. La Policía consideró que el número de efectivos policiales aún es insuficiente.
En Bolivia la cantidad de abogados supera al número de policías. Ante el Ministerio de Justicia existen registrados más de 63.000 profesionales del Derecho, mientras que en filas policiales hay más de 37.000 efectivos.
La relación matemática muestra que por cada diez policías existen 17 abogados, lo que también se puede traducir en que la cantidad de litigadores supera en 70% al número de efectivos del orden.
Si se toma en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta una población de 11.3 millones para 2018, se puede inferir que existe un policía por cada 300 ciudadanos, mientras que hay un abogado por cada 177 personas.
El comandante Nacional de la Policía, general Faustino Mendoza, indicó la semana pasada que los 37.000 policías no son suficientes para todo el país. Ante esa situación, indicó que se abrió el ingreso a un mayor número de aspirantes para la Academia de Policía e institutos técnicos de la entidad para incrementar el número de uniformados.
Señaló que la cantidad de policías debe adecuarse a las necesidades, y al "cambio vertiginoso" de las actividades delincuenciales que requieren un mayor compromiso de investigación y servicios.
