lunes, 30 de diciembre de 2019
El poco interés que el Estado ha tenido en los últimos años en hacer que se cumplan los límites de la denominada justicia indígena, originaria y campesina está causando problemas serios a empresarios y personas particulares en el país. Esos problemas serán crecientes si no se toman medidas pronto.
Algunos de esos tribunales desconocen al Estado boliviano y sus normas, además que vulneran los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado. En ocasiones, han demostrado incumplimiento incluso de las normas internas de las comunidades, han aplicado indebidamente el régimen de imprescriptibilidad, han aplicado normas de manera retroactiva y realizado usurpación de funciones.
Los tribunales de justicia indígena han establecido abultadas multas contra empresas mineras, por ejemplo, con montos que están por fuera de lo establecido en la normativa boliviana; también han acusado a esas empresas de supuestos delitos cometidos décadas atrás, antes siquiera de haber sido constituidas. También han desconocido decisiones y autorizaciones dadas por el Estado a lo largo de varios años a diversas inversiones.
Todo ello viola la Ley de Deslinde Jurisdiccional de 2010, que establece que el trabajo de los tribunales indígenas sólo puede autorizarse cuando existen tres elementos simultáneamente:
a) Personal, que implica que la aplicación de la justicia indígena se debe dar exclusivamente a los miembros de una determinada nación o pueblo indígena.
b) Territorial, que implica la aplicación solamente a los hechos jurídicos que se materializan dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena.
c) Material, que excluye el tratamiento por parte de estos tribunales de hechos relacionados con intereses del Estado, entre otros.
Por tanto, en muchos casos, los tribunales de justicia indígena están sobrelimitando sus atribuciones y entrando en colisión con los derechos que les otorga la Constitución y las leyes a los ciudadanos bolivianos.
En muchos casos que se refieren a actividades empresariales, los fallos de estos tribunales están motivados por el intento de obtener ventajas económicas mediante presiones o chantajes.
Esta forma de administración de justicia, si no es supervisada y controlada adecuadamente por el Estado, se constituirá en un aspecto que ahuyentará toda posibilidad de generar inversiones internas y externas en tareas mineras y de otros rubros empresariales, ya que suscita una evidente inseguridad jurídica. Y son precisamente las áreas rurales las que más necesitan de inversiones.
