La Defensoría del Pueblo denunció este miércoles que se ha detectado cobros indebidos que se realizarían en el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz, a solicitantes de adopción. Remitirá el caso a la Fiscalía para su investigación.
"Se ha detectado que Sedeges de La Paz realiza cobros indebidos a las y los solicitantes de adopción, en montos de 250 bolivianos para personas solas y 350 bolivianos si se trata de parejas. Este cobro vulnera el principio de gratuidad establecido en el artículo 10 de la ley 548 y la prohibición de lucro señalado en el artículo 94 de la misma norma", dijo la Defensora interina Nadia Cruz.
La Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente dispone en su artículo 10 que los procesos judiciales y administrativos en los cuales se encuentran involucrados niñas, niños o adolescentes, sean de carácter gratuito; mientas que el artículo 94 dispone que se remita al Ministerio Público los casos en que se encuentrenfines de lucro de servidores públicos en centros de acogimiento u organismos intermediarios de adopciones.
La Defensora explicó que este y otros hallazgos se realizaron en el marco de una investigación que se lleva adelante con asistencia técnica de UNICEF, con la finalidad de proponer acciones que contribuyan a mejorar los procesos de adopción.
Señaló que los cobros se descubrieron en grupos focales realizados con madres y padres que han solicitado la adopción en el Sedeges. Recalcó que el caso se remitirá al Ministerio Público para que se inicie la acción penal correspondiente.
Otros problemas encontrados
La Defensora indicó que en la investigación también se evidenció desconocimiento de protocolos o lineamientos de adopción por parte de las defensorías de la niñez y adolescencia, y los servicios de gestión social.
También se detectó que "una cantidad significativa de niñas niños y adolescentes institucionalizados, muchos de ellos en centros de acogida por un tiempo mayor a 15 años debido a la falta de coordinación" de las defensorías, servicios y jusgados.
También se evidenció que existe abandono de trámites de adopción, generado porque las expectativas de los solicitantes de adopción no están acordes a las necesidades de los niños en condición de adoptabilidad, que las capacitaciones dirigidas a las familias son meramente informativas que generan desconfianza y falta de atención adecuada empática y transparente en el servicio administrativo y judicial.
Asimismo, se develó que personal técnico y profesional de las defensorías, servicios de gestión social y juzgados no cuentan con la formación suficiente en derechos humanos ni en adopciones.
Para atender estas deficiencias la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones, entre las cuales están pedir a las defensorías y servicios sociales que prioricen una solución permanente para los niños frente a una de carácter provisional, además de instar a los diferentes niveles de gobierno a que implementen programas sobre Cultura de la Adopción.
