Archive for agosto 2018
FONDIOC: Achacollo dice que sus viajes son para cumplir a justicia
La exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, acusada en el caso de corrupción del Fondo Indígena, explicó que sus constantes viajes se deben a que debe estar en La Paz cada semana para firmar su libro de registro y cumplir así con sus medidas sustitutivas que la justicia le impuso.
En los últimos meses surgieron en redes sociales varios videos de la exministra en viajes de avión, lo que provocó la extrañeza de la población, tomando en cuenta de que tiene detención domiciliaria.
Achacollo señaló que debe trasladarse de Santa Cruz a La Paz contantemente para firmar los libros de registro. "Vengo acá todos los lunes y viernes", afirmó en El Alto, donde se aprestaba a ir a la terminal para hacer su viaje de vuelta.
Indicó que este lunes llegó a La Paz a las 07:00 y a media mañana ya estaba emprendiendo el viaje de vuelta desde El Alto por tierra.
"En cumplimiento a la justicia, yo sigo trajinando voy y vengo. Acabo hace una hora de firmar y subirme a El Alto por tramo, y ahorita ya me voy de retorno a Santa Cruz", dijo.
Achacollo afirmó que sufre de presión alta, por lo cual se le dificulta estar en La Paz por más de dos o tres horas. Por eso, aseveró que trata de retornar a Santa Cruz lo más antes posible.
Sostuvo que en mayo le otorgaron cambio de domicilio a Santa Cruz, pero lamentó que aún no puede firmar los registros judiciales en esa ciudad.
La exministra fue detenida en agosto 2016 y liberada en 2017. Señaló que al momento el caso Fondioc está paralizado.
COBERTURA: EDWIN APAZA
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - BOLIVIA
Por la "Ley de Modificación al Sistema Normativo Penal" No. 007 de 18 de mayo de 2010: |
Artículo 240. (Medidas Sustitutivas a la Detención Preventiva). Cuando sea improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento, el juez o tribunal, mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas sustitutivas: |
Convocatoria Prueba de Suficiencia Académica - Derecho y Ciencias Políticas 2018
Versión Original
Nota: No tenemos ningún tipo de relación con la presente convocatoria, se publica la misma para fines de difusión.
Yacuiba: Conoció a menor por Face y fue a su casa para violarla
Una menor de 14 años de edad fue violada en su propia casa por un sujeto al que conoció hace poco tiempo por Facebook y que tras varios días de "chatear", se apareció en su domicilio sin previo aviso.
De acuerdo a la declaración de la víctima ante personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yacuiba, ésta habría conocido a su agresor por medio de la red social de Facebook, puesto que ella habría aceptado una solicitud de amistad del sindicado, con quien terminó entablando una amistad y conversaciones más amenas.
Es así que el pasado 11 de agosto, la menor declaró que se encontraba sola en su domicilio al promediar las 10 de la noche, cuando de repente escuchó que alguien tocó la puerta de su casa, por lo que ella fue a abrir pensando que eran sus padres los que habían llegado, pero en realidad era su agresor, de nombre O.M.V.T (según sus iniciales), de 29 años de edad y con residencia en la comunidad de Bagual.
Cuenta la menor que al verlo, le reclamó por su presencia ahí, pero éste con engaños le pidió a la menor que le preste su baño y que le invite un vaso de agua, por lo que sin poder negarse la menor accedió y cuando se dirigía traer lo que le había pedido, el sindicado la siguió por detrás llegando hasta la habitación de la víctima, a quien la tiró sobre la cama con fuerza y comenzó a realizarle toques impúdicos.
Así, el sujeto comenzó a besarle diferentes partes de su cuerpo y posteriormente procedió a desvestirle, para inmediatamente violarla, ocasionándole fuertes daños físicos y psicológicos.
Actualmente el caso se encuentra en proceso de investigación por parte del personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y fue puesto a conocimiento del Ministerio Público.
Estupro
En otro caso que sucedió en Yacuiba, el pasado viernes por la noche cuando se realizaba el plan Tukuy Rikuy, se encontró a una menor de 15 años junto a un joven de 19, quienes se encontraban hospedados en la habitación 31 de un alojamiento ubicado frente a la terminal de buses.
Los mismos fueron remitidos a oficinas de la FELCV, donde el sujeto L.A.R.B. (según sus iniciales) fue llevado en calidad de aprehendido, mientras que la menor de 15 años, en calidad de víctima, misma que declaró ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia que actuó con consentimiento.
Presentan denuncia por xenofobia y discriminación en el caso Cafferata
"Vengo denunciando hace siete años y ocho meses a distintas autoridades mi caso, sobre la forma xenofóbica y arbitraria en la que fue sentenciado mi hijo por ser peruano", se lee en parte de la denuncia presentada.
En el recuento del caso, se evidencia que Cafferata fue acusado del homicidio de su enamorada y sentenciado a 30 años de prisión sin pruebas y sin una investigación debida; "siempre fue visto como culpable", señala Centeno.
En las investigaciones y pericias realizadas, tras las pruebas de ADN en Renatto, la policía no halló indicios en el supuesto cuchillo asesino encontrado, tampoco en las uñas de la occisa que habría arañado a Cafferata para contener el ataque. "Todas las pruebas salieron negativas", remarca Centeno.
Por otra parte, no se realizaron pericias en el celular de María Rosario Castedo, la enamorada fallecida, para corroborar la versión de Renatto de que no se encontraba en el lugar de los hechos cuando sucedió el delito.
A esto se suma que el policía encargado de la escena del crimen Kent Ortiz hizo desaparecer la mochila de Cafferata que contenía elementos para su defensa y solo recibió como castigo cuatro días de arresto.
Gladys Centeno, junto a su esposo, también fue víctima de agresión física y "permanente maltrato por parte de las autoridades judiciales".
Una reciente muestra de la xenofobia recibida por Centeno fue el trato que le brindó la funcionaria Eva Javetti, de cobranzas, del Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz, donde acudió para hacer trámites en favor de Renatto, preso en Palmasola. "Esa extranjera que se ha creído, que porque ella llega se le tiene que atender, ella tiene que darse cuenta que es extranjera peruana, tiene que venir suavita, no tiene derecho a pedir o exigir nada…", dijo Javetti, según la denuncia presentada por Centeno a Oscar Urenda, secretario de salud y políticas sociales de la Gobernación de Santa Cruz.
Además del trato discriminatorio, están las denuncias por extorsión en contra de fiscales y jueces que le pidieron en un primer momento 10.000 dólares para cambiar la acusación contra Renatto, y luego el fiscal Jorge Tamayo Antezana pidió 20.000 dólares para "mejorar" la sentencia, dinero que no entregaron.
Xenofobia judicial
Eddie Cóndor Chuquiruna, jurista y director de la Fundación Buen Gobierno y experto en América Latina en temas de Justicia y Gobernabilidad, advirtió en una de sus columnas que existe un discurso punitivo predominante "de algunos interlocutores del gobierno nacional, y sus rasgos xenófobos repercuten en policías, fiscales y en algunos jueces y periodistas. Cita los casos Renatto Cafferata Centeno y Jheysen Edilberto como los que se enmarcan en esta lamentable situación.
En el caso Cafferata, el Tribunal Quinto de Sentencia le denegó a Renatto el ofrecimiento de pruebas documentales; ejerció ilegal coacción respecto a su persona, a efectos de prestar declaración dentro del juicio oral, no obstante de existir certificación médico forense que acreditaba su delicado estado de salud; a la vez, su derecho a la defensa técnica fue arbitraria e indebidamente restringido por la ilegal sustitución de su abogado.
Ante la ausencia de su abogado que atendía otro proceso, el juez designó a una abogada de oficio y le otorgó 24 horas para que conozca el caso.
La Sentencia Constitucional N° 0099/2016-S2 que dispuso la nulidad del Auto de Vista 157, de 6 de septiembre de 2013, y Auto Supremo 25/2014, de 17 de febrero, que convalidan la sentencia inicial de 30 años, fue emitida el 15 de febrero de 2016 y determinó anular la sentencia de 30 años de cárcel y dictar una nueva resolución, al identificar estas irregularidades, pero hasta el momento no fue cumplida.
La sala civil y comercial segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca conminó a los vocales Sigfrido Sotelo Gualoa y Hugo Juan Iquise, del Tribunal Departamental de Santa Cruz, a cumplir el fallo del Tribunal Constitucional.
El vía crucis
Gladys Centeno contó a Agencia de Noticias Fides que vive un calvario judicial desde que su hijo fue detenido y acusado por la muerte de su ex enamorada.
Refiere que el Ministerio Público y la Policía Boliviana "no solo exhibieron su xenofobia contra mi hijo (por ser peruano), si no que ocultando y desechando pruebas de su inocencia, buscaron la forma de engañar y cambiar la verdad histórica de los hechos".
Un investigador de la policía "perdió" la mochila de Renato que contenía pruebas a su favor y fue sancionado con una medida administrativa.
"El Tribunal Quinto Penal hizo lo mismo, acusó con saña y xenofobia, el fiscal Olvis Eguez Oliva que acusó, mintió, engañó, se burló de mis abogados, protegió a los policías de la escena del crimen (que perdieron la mochila) y tubo el total apoyo de los jueces de sentencia", dijo.
Ahora Eguez Oliva es magistrado por Santa Cruz del Tribunal Supremo de Justicia y es quien ve el recurso presentado por Centeno para logra que se ejecute una segundo resolución del Tribunal Departamental de Amparo. "Con Eguez en el tribunal, que fue el actuó con saña contra mi hijo, es imposible que alcance justicia", expresó.
Ordenan detención domiciliaria para funcionario que conducía ebrio un vehículo municipal
Carnicera va a prisión por matar a perro que trató de robar carne
La justicia determinó enviar a la cárcel de mujeres de San Sebastián, con detención preventiva, a Victoria L. (55), acusada del delito de biocidio. El caso data del sábado pasado, cuando la sindicada apuñaló a un perro que intentó robar un trozo de carne de su puesto de venta, en el mercado Campesino de Cochabamba.
Durante la audiencia de medidas cautelares, que se realizó este lunes, un grupo de activistas en defensa de los animales, que sentó la denuncia, se hicieron presentes y montaron una vigilia hasta la culminación del caso.
De acuerdo con el sitio Facebook del colectivo Narices Frías, se trata de la primera detención preventiva que se registra por un caso de biocidio.
"El fiscal no aceptó el procedimiento abreviado y la juez no reconoció la documentación presentada para corroborar Domicilio y Trabajo", señala el post de Narices Frías.
La Ley 700 Para la Defensa de los Animales penaliza los actos de violencia, maltrato, crueldad y biocidio cometidos por personas contra animales domésticos. La pena por este delito es de 3 a 5 años de cárcel.
Radioterapia: una jueza libera a cabecilla de tráfico de pacientes
La jueza del juzgado Tercero Anticorrupción, Claudia Castro, dispuso la cesación de la detención preventiva de la técnica radióloga del Hospital de Clínicas, Karina M., una de las cabecillas del caso de corrupción y tráfico de pacientes de ese nosocomio al Obrero. Estaba detenida en el penal de Obrajes y se benefició con medidas sustitutivas, dijo la abogada de las víctimas, Virginia Salgado.
"El miércoles (1 de agosto) se desarrolló la audiencia de la señora Karina M., quien es una de las técnicas del Hospital de Clínicas. La jueza del juzgado Tercero Anticorrupción ha dispuesto la cesación de la detención y le ha aplicado medidas sustitutivas a la aprehensión, como presentación al Ministerio Público, presentación de un garante solvente y la firma en el sistema biométrico", dijo la jurista.
Salgado anunció que la determinación de la jueza se apelará ante el Tribunal Superior por las víctimas, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) y el Ministerio de Salud.
"Lamentablemente (la víctima) no pudo estar presente el día de la audiencia, no pudo escuchar los argumentos, pero parece que faltó un poco de fundamentaciones y argumentaciones, para que puedan rechazar la cesación. No es muy legal porque hay todavía dos procesos y ante esa situación la jueza no debería tomar esa determinación", dijo.
El 11 de junio, el jefe de la División Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Miguel Ocampo, explicó que Karina "es una de las cabecillas de la red", porque si bien el médico daba las órdenes para que los pacientes derivados de su consultorio privado sean atendidos en el hospital, ella operativizaba ese trabajo.
"Ella era más o menos la jefa de los técnicos radioterapeutas y, de acuerdo con la información que tenemos, coordinaba todo en el Hospital de Clínicas: las visitas, las sesiones y hacía las mediciones de radiación que se tenía que hacer en el cuerpo, junto con el físico médico. Ella manejaba casi todo el servicio", relató.
Es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado, delitos contra la salud pública y uso indebido de influencias.
Salgado acotó que ayer se efectuó la audiencia de otra de las imputadas del caso, Brigitte F. "Conforme a los antecedentes del proceso, no pudo llevar los argumentos, que han dado lugar a su detención, por lo que se rechazó la cesación a la detención", dijo.
Desde el pasado 29 de abril, Página Siete publicó una serie de reportajes de investigación. La primera nota reveló la historia de una paciente que denunció cobros irregulares en Radioterapia del Hospital de Clínicas. El drama de la paciente destapó un caso de corrupción en ese nosocomio. Según la víctima, el radiooncólogo A. Q. le cobró 8.000 bolivianos en su consultorio privado para hacerle un tratamiento de radioterapia que le realizaron en el hospital público, pero luego le exigió otros 4.000 bolivianos por sus resultados.
Debido a esa denuncia el Servicio Departamental de Salud (SEDES) realizó una investigación y luego de hallar indicios de pruebas derivó el caso a la Fiscalía. Además, se presentó otra denuncia de tráfico de pacientes del Hospital de Clínicas al Hospital Obrero, en el que también estaba implicado el mismo especialista, ya que trabajaba en ambos nosocomios.
Ante esa situación, la FELCC de La Paz realizó dos allanamientos simultáneos a ambos hospitales. De esas intervenciones se detuvo a 12 funcionarios, de ellos seis fueron detenidos de forma preventiva.
Fuente.Aprehenden a un juez por recibir dinero para favorecer con una sentencia
El juez Jhonny Z. A. y su auxiliar Jessenia C. V. fueron aprehendidos este jueves en flagrancia por recibir 1.500 dólares para favorecer con una sentencia en un caso de acción privada, informó el Ministerio Público.
El caso se registró en Santa Cruz y el fiscal departamental, Freddy Larrea, señaló que se logró la aprehensión gracias a un operativo armado.
Según los antecedentes del hecho, hace tres semanas el juez llamó a una persona procesada en un caso de acción de privada y le pidió 4.000 dólares a cambio de favorecerla con una sentencia.
Sin embargo, esta persona dijo al juez que no podía conseguir ese monto de dinero y finalmente acordaron el pago de 1.500 dólares.
La entrega del dinero fue pactada para la tarde de este jueves en la tienda de la procesada, pero luego el juez cambió el lugar de la entrega y envió a su auxiliar para recibir el dinero, según una nota de prensa del Ministerio Público.
"Pero justo cuando la auxiliar recibía el dinero en un sobre blanco fue aprehendida y después dio a conocer que fue el juez quien la llevó hasta ese lugar", explicó el fiscal.
El Ministerio Público presentará en las próximas horas la imputación formal por los delitos de concusión y cohecho pasivo propio.
Fuente.
