lunes, 20 de agosto de 2018
La Paz, 20 de agosto (ANF).- La ciudadana peruana Gladys Centeno presentó la denuncia por xenofobia y discriminación ante el Viceministerio de Descolonización y Racismo en favor de su hijo Renatto Cafferata, quien fue sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto sin que nunca haya podido dar su versión sobre los hechos ante el tribunal quinto de sentencia en lo penal de Santa Cruz. Además de este hecho, desde el inicio proceso de investigación se vulneraron muchos derechos de Cafferata, Centeno atribuye esta situación a su nacionalidad peruana.
"Vengo denunciando hace siete años y ocho meses a distintas autoridades mi caso, sobre la forma xenofóbica y arbitraria en la que fue sentenciado mi hijo por ser peruano", se lee en parte de la denuncia presentada.
En el recuento del caso, se evidencia que Cafferata fue acusado del homicidio de su enamorada y sentenciado a 30 años de prisión sin pruebas y sin una investigación debida; "siempre fue visto como culpable", señala Centeno.
En las investigaciones y pericias realizadas, tras las pruebas de ADN en Renatto, la policía no halló indicios en el supuesto cuchillo asesino encontrado, tampoco en las uñas de la occisa que habría arañado a Cafferata para contener el ataque. "Todas las pruebas salieron negativas", remarca Centeno.
Por otra parte, no se realizaron pericias en el celular de María Rosario Castedo, la enamorada fallecida, para corroborar la versión de Renatto de que no se encontraba en el lugar de los hechos cuando sucedió el delito.
A esto se suma que el policía encargado de la escena del crimen Kent Ortiz hizo desaparecer la mochila de Cafferata que contenía elementos para su defensa y solo recibió como castigo cuatro días de arresto.
Gladys Centeno, junto a su esposo, también fue víctima de agresión física y "permanente maltrato por parte de las autoridades judiciales".
Una reciente muestra de la xenofobia recibida por Centeno fue el trato que le brindó la funcionaria Eva Javetti, de cobranzas, del Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz, donde acudió para hacer trámites en favor de Renatto, preso en Palmasola. "Esa extranjera que se ha creído, que porque ella llega se le tiene que atender, ella tiene que darse cuenta que es extranjera peruana, tiene que venir suavita, no tiene derecho a pedir o exigir nada…", dijo Javetti, según la denuncia presentada por Centeno a Oscar Urenda, secretario de salud y políticas sociales de la Gobernación de Santa Cruz.
Además del trato discriminatorio, están las denuncias por extorsión en contra de fiscales y jueces que le pidieron en un primer momento 10.000 dólares para cambiar la acusación contra Renatto, y luego el fiscal Jorge Tamayo Antezana pidió 20.000 dólares para "mejorar" la sentencia, dinero que no entregaron.
Xenofobia judicial
Eddie Cóndor Chuquiruna, jurista y director de la Fundación Buen Gobierno y experto en América Latina en temas de Justicia y Gobernabilidad, advirtió en una de sus columnas que existe un discurso punitivo predominante "de algunos interlocutores del gobierno nacional, y sus rasgos xenófobos repercuten en policías, fiscales y en algunos jueces y periodistas. Cita los casos Renatto Cafferata Centeno y Jheysen Edilberto como los que se enmarcan en esta lamentable situación.
En el caso Cafferata, el Tribunal Quinto de Sentencia le denegó a Renatto el ofrecimiento de pruebas documentales; ejerció ilegal coacción respecto a su persona, a efectos de prestar declaración dentro del juicio oral, no obstante de existir certificación médico forense que acreditaba su delicado estado de salud; a la vez, su derecho a la defensa técnica fue arbitraria e indebidamente restringido por la ilegal sustitución de su abogado.
Ante la ausencia de su abogado que atendía otro proceso, el juez designó a una abogada de oficio y le otorgó 24 horas para que conozca el caso.
La Sentencia Constitucional N° 0099/2016-S2 que dispuso la nulidad del Auto de Vista 157, de 6 de septiembre de 2013, y Auto Supremo 25/2014, de 17 de febrero, que convalidan la sentencia inicial de 30 años, fue emitida el 15 de febrero de 2016 y determinó anular la sentencia de 30 años de cárcel y dictar una nueva resolución, al identificar estas irregularidades, pero hasta el momento no fue cumplida.
La sala civil y comercial segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca conminó a los vocales Sigfrido Sotelo Gualoa y Hugo Juan Iquise, del Tribunal Departamental de Santa Cruz, a cumplir el fallo del Tribunal Constitucional.
El vía crucis
Gladys Centeno contó a Agencia de Noticias Fides que vive un calvario judicial desde que su hijo fue detenido y acusado por la muerte de su ex enamorada.
Refiere que el Ministerio Público y la Policía Boliviana "no solo exhibieron su xenofobia contra mi hijo (por ser peruano), si no que ocultando y desechando pruebas de su inocencia, buscaron la forma de engañar y cambiar la verdad histórica de los hechos".
Un investigador de la policía "perdió" la mochila de Renato que contenía pruebas a su favor y fue sancionado con una medida administrativa.
"El Tribunal Quinto Penal hizo lo mismo, acusó con saña y xenofobia, el fiscal Olvis Eguez Oliva que acusó, mintió, engañó, se burló de mis abogados, protegió a los policías de la escena del crimen (que perdieron la mochila) y tubo el total apoyo de los jueces de sentencia", dijo.
Ahora Eguez Oliva es magistrado por Santa Cruz del Tribunal Supremo de Justicia y es quien ve el recurso presentado por Centeno para logra que se ejecute una segundo resolución del Tribunal Departamental de Amparo. "Con Eguez en el tribunal, que fue el actuó con saña contra mi hijo, es imposible que alcance justicia", expresó.
"Vengo denunciando hace siete años y ocho meses a distintas autoridades mi caso, sobre la forma xenofóbica y arbitraria en la que fue sentenciado mi hijo por ser peruano", se lee en parte de la denuncia presentada.
En el recuento del caso, se evidencia que Cafferata fue acusado del homicidio de su enamorada y sentenciado a 30 años de prisión sin pruebas y sin una investigación debida; "siempre fue visto como culpable", señala Centeno.
En las investigaciones y pericias realizadas, tras las pruebas de ADN en Renatto, la policía no halló indicios en el supuesto cuchillo asesino encontrado, tampoco en las uñas de la occisa que habría arañado a Cafferata para contener el ataque. "Todas las pruebas salieron negativas", remarca Centeno.
Por otra parte, no se realizaron pericias en el celular de María Rosario Castedo, la enamorada fallecida, para corroborar la versión de Renatto de que no se encontraba en el lugar de los hechos cuando sucedió el delito.
A esto se suma que el policía encargado de la escena del crimen Kent Ortiz hizo desaparecer la mochila de Cafferata que contenía elementos para su defensa y solo recibió como castigo cuatro días de arresto.
Gladys Centeno, junto a su esposo, también fue víctima de agresión física y "permanente maltrato por parte de las autoridades judiciales".
Una reciente muestra de la xenofobia recibida por Centeno fue el trato que le brindó la funcionaria Eva Javetti, de cobranzas, del Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz, donde acudió para hacer trámites en favor de Renatto, preso en Palmasola. "Esa extranjera que se ha creído, que porque ella llega se le tiene que atender, ella tiene que darse cuenta que es extranjera peruana, tiene que venir suavita, no tiene derecho a pedir o exigir nada…", dijo Javetti, según la denuncia presentada por Centeno a Oscar Urenda, secretario de salud y políticas sociales de la Gobernación de Santa Cruz.
Además del trato discriminatorio, están las denuncias por extorsión en contra de fiscales y jueces que le pidieron en un primer momento 10.000 dólares para cambiar la acusación contra Renatto, y luego el fiscal Jorge Tamayo Antezana pidió 20.000 dólares para "mejorar" la sentencia, dinero que no entregaron.
Xenofobia judicial
Eddie Cóndor Chuquiruna, jurista y director de la Fundación Buen Gobierno y experto en América Latina en temas de Justicia y Gobernabilidad, advirtió en una de sus columnas que existe un discurso punitivo predominante "de algunos interlocutores del gobierno nacional, y sus rasgos xenófobos repercuten en policías, fiscales y en algunos jueces y periodistas. Cita los casos Renatto Cafferata Centeno y Jheysen Edilberto como los que se enmarcan en esta lamentable situación.
En el caso Cafferata, el Tribunal Quinto de Sentencia le denegó a Renatto el ofrecimiento de pruebas documentales; ejerció ilegal coacción respecto a su persona, a efectos de prestar declaración dentro del juicio oral, no obstante de existir certificación médico forense que acreditaba su delicado estado de salud; a la vez, su derecho a la defensa técnica fue arbitraria e indebidamente restringido por la ilegal sustitución de su abogado.
Ante la ausencia de su abogado que atendía otro proceso, el juez designó a una abogada de oficio y le otorgó 24 horas para que conozca el caso.
La Sentencia Constitucional N° 0099/2016-S2 que dispuso la nulidad del Auto de Vista 157, de 6 de septiembre de 2013, y Auto Supremo 25/2014, de 17 de febrero, que convalidan la sentencia inicial de 30 años, fue emitida el 15 de febrero de 2016 y determinó anular la sentencia de 30 años de cárcel y dictar una nueva resolución, al identificar estas irregularidades, pero hasta el momento no fue cumplida.
La sala civil y comercial segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca conminó a los vocales Sigfrido Sotelo Gualoa y Hugo Juan Iquise, del Tribunal Departamental de Santa Cruz, a cumplir el fallo del Tribunal Constitucional.
El vía crucis
Gladys Centeno contó a Agencia de Noticias Fides que vive un calvario judicial desde que su hijo fue detenido y acusado por la muerte de su ex enamorada.
Refiere que el Ministerio Público y la Policía Boliviana "no solo exhibieron su xenofobia contra mi hijo (por ser peruano), si no que ocultando y desechando pruebas de su inocencia, buscaron la forma de engañar y cambiar la verdad histórica de los hechos".
Un investigador de la policía "perdió" la mochila de Renato que contenía pruebas a su favor y fue sancionado con una medida administrativa.
"El Tribunal Quinto Penal hizo lo mismo, acusó con saña y xenofobia, el fiscal Olvis Eguez Oliva que acusó, mintió, engañó, se burló de mis abogados, protegió a los policías de la escena del crimen (que perdieron la mochila) y tubo el total apoyo de los jueces de sentencia", dijo.
Ahora Eguez Oliva es magistrado por Santa Cruz del Tribunal Supremo de Justicia y es quien ve el recurso presentado por Centeno para logra que se ejecute una segundo resolución del Tribunal Departamental de Amparo. "Con Eguez en el tribunal, que fue el actuó con saña contra mi hijo, es imposible que alcance justicia", expresó.
