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Justicia anula sentencia contra dos médicos por mala praxis

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La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz anuló la sentencia que condenaba a cinco años de prisión a un ginecólogo y un urólogo, acusados de mala praxis por haber extirpado a una mujer un riñón y causado daño al otro, que solo tiene una funcionalidad del 53%. El proceso para la sentencia duró ocho años.

"Me parece injusta lo que hicieron con mi proceso, que después de casi ocho años de pelear con estos hombres fuertes, médicos con cargos altos, y el deterioro de mi salud con mi único riñón que está con una funcionalidad de 53%", dijo a ANF María Nieves Quispe, víctima de este caso.

La Asociación de víctimas de mala praxis médica cuestionó la medida judicial porque considera que se trata de un retroceso, puesto que es la primera sentencia en el país sobre mala praxis.

Quispe sufrió el daño en 2008 después una operación en la que le habían cortado los uréteres de ambos riñones, perforado la vejiga y dañado órganos, lo que ocasionó que entre en terapia intensiva.

/ANF/

Sol.bo recauda fondos para ayudar a Fabián Siñani


La agrupación Soberanía y Libertad (Sol.bo) está instalando 20 puntos para recolectar fondos con el objetivo de pagar la fianza judicial y ayudar a la familia del concejal Fabían Siñani, quien debe cumplir detención domiciliaria por el caso TERSA.

El vocero de Sol.bo, José Luis Bedregal, informó que se colectarán recursos que "puedan contribuir a la familia" de Siñani, pues se le ha retirado también el derecho a trabajar. 

Bedregal lamentó la determinación judicial contra el concejal porque. según él. "Fabián y su familia son como miles de familias paceñas que viven de su salario"

Cerca de la medianoche del martes, la jueza Claudia Castro dictaminó la detención domiciliaria del concejal Siñani, presuntamente involucrado en el caso del favorecimiento a la empresa TERSA. La autoridad judicial fijó además una fianza de 80 mil bolivianos.

Bedregal señaló Siñani necesita el dinero para recuperar su libertad. El concejal saldrá de celdas para su detención domiciliaria, cuando deposite la fianza y cumpla los demás requisitos.    

El vocero de Sol.bo calificó el proceso contra Siñani de "absolutamente manipulado por el poder político".

Fustigó lo que conceptuó como "angurria política" y criticó a quienes "han perdido cualquier tipo de principio y de valor, y hoy, por mantenerse en el poder son capaces de cualquier cosa". 

Siñani está acusado de Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes, por haber omitido informar el Concejo que su esposa era representante legal del empresario Edwin Saavedra, quien es accionista de TERSA.


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Fiscalía aprehende a funcionario de DDRR de La Paz por corrupción



En una acción conjunta entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, se aprehendió la tarde de este lunes al funcionario encargado del área  informática de Derechos Reales (DDRR) en La Paz, que realizó alteraciones en los sistemas para incrementar el número de extensiones de terrenos en al menos dos casos.

El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, explicó que el sospechoso habría alterado sin trámite alguno la extensión de una propiedad reduciéndola de 240 a 120 otro cuadrados.
"El Ministerio Público ha procedió a la aprehensión inmediata de este funcionario y se va proceder diligencias que corresponden (...) es un golpe que se está dando a la corrupción de forma interinstitucional", indicó Jiménez.

El aprehendido también hizo el cambio de una extensión del terreno ubicado en El Alto, de 6.300 a 6.600 metros cuadrados.

Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, explicó que se realizará auditoras en las oficinas de Derechos Reales de todos los departamentos, no sólo en áreas de financieras y técnicas, sino también en sistemas.

Defensoría denuncia cobros a solicitantes de adopción

La Defensoría del Pueblo denunció este miércoles que se ha detectado cobros indebidos que se realizarían en el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz, a solicitantes de adopción. Remitirá el caso a la Fiscalía para su investigación.

"Se ha detectado que Sedeges de La Paz realiza cobros indebidos a las y los solicitantes de adopción, en montos de 250 bolivianos para personas solas y 350 bolivianos si se trata de parejas. Este cobro vulnera el principio de gratuidad establecido en el artículo 10 de la ley 548 y la prohibición de lucro señalado en el artículo 94 de la misma norma", dijo la Defensora interina Nadia Cruz.

La Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente dispone en su artículo 10 que los procesos judiciales y administrativos en los cuales se encuentran involucrados niñas, niños o adolescentes, sean de carácter gratuito; mientas que el artículo 94 dispone que se remita al Ministerio Público los casos en que se encuentrenfines de lucro de servidores públicos en centros de acogimiento u organismos intermediarios de adopciones.

La Defensora explicó que este y otros hallazgos se realizaron en el marco de una  investigación que se lleva adelante con asistencia  técnica de UNICEF, con la finalidad de proponer acciones que contribuyan a mejorar los procesos de adopción.

Señaló que los cobros se descubrieron en grupos focales realizados con madres y padres que han solicitado la adopción en el Sedeges. Recalcó que el caso se remitirá al Ministerio Público para que se inicie la acción penal correspondiente.

Otros problemas encontrados  

La Defensora indicó que en la investigación también se evidenció desconocimiento de protocolos o lineamientos de adopción por parte de las defensorías de la niñez y adolescencia, y los servicios de gestión social.

También se detectó que "una cantidad significativa de niñas niños y adolescentes institucionalizados, muchos de ellos en centros de acogida por un tiempo mayor a 15 años debido a la falta de coordinación" de las defensorías, servicios y jusgados.

También se evidenció que existe abandono de trámites de adopción, generado porque las expectativas de los solicitantes de adopción no están acordes a las necesidades de los niños en condición de adoptabilidad, que las capacitaciones dirigidas a las familias son meramente informativas que generan desconfianza y falta de atención adecuada empática y transparente en el servicio administrativo y judicial.

Asimismo, se develó que personal técnico y profesional de las defensorías, servicios de gestión social y juzgados no cuentan con la formación suficiente en derechos humanos ni en adopciones.

Para atender estas deficiencias la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones, entre las cuales están pedir a las defensorías y servicios sociales que prioricen una solución permanente para los niños frente a una de carácter provisional, además de instar a los diferentes niveles de gobierno a que implementen programas sobre Cultura de la Adopción.

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Mandan a la cárcel a dos exfuncionarias de UELICN


Dos exfuncionarias de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) fueron enviadas al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, con detención preventiva, acusadas de delitos de corrupción, informó el fiscal Ronald Chávez. 

Las detenidas son la exjefe de la Unidad Jurídica de la UELICN, Nancy C. T. M., y una exfuncionaria del área administrativa identificada como Mabel F. B.

La UELICN fue intervenida por el Ministerio de Gobierno, después de denuncias de que se habría adjudicado irregularmente contratos para el servicio de mantenimiento de aviones y helicópteros usados en la lucha antidroga.

La exjefa jurídica está acusada de haber recibido más de 30 mil bolivianos en su cuenta particular, de parte de una empresa implicada en el caso.   

El fiscal Chávez indicó que en audiencia se presentaron los contratos para el mantenimiento de las aeronaves, además de los depósitos a cuentas personales. Indicó que el juez decidió la detención preventiva para asegurar la presencia de ambas acusadas en el proceso.

La denuncia fue hecha pública por la diputada opositora Rose Marie Sandoval, quien afirmó que la UELICN favoreció a un "clan familiar" con contrataciones que sumarían 60 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros y aeronaves de las unidades aéreas Diablos Negros y Diablos Rojos.

Consultado si habrá más implicados, el fiscal señaló que las infestaciones continúan.

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Fiscalía ve incumplimiento de deberes en Sedes y Agemed por la venta de medicamentos falsos

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El fiscal departamental de La Paz, William Alave, anunció este viernes el inicio de una investigación penal contra funcionarios públicos que permitieron por al menos cinco años el tráfico de medicamento ilegal en el país al no realizar un control suficiente para evitar esta situación.

La autoridad apunta contra los funcionarios del Servicio departamental de salud (Sedes) y de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) del Ministerio de Salud.

"Ya detuvimos a 10 personas (traficantes) y paralelamente vamos a ingresar a generar una investigación sobre incumplimiento de deberes, porque no solamente vamos a sancionar a los que trafican con medicamentos, sino a aquel que no controla de manera efectiva" este delito, dijo Alave a Unitel.


Anulan absolución de acusado del feminicidio de Isabel Pilco y ordenan nuevo juicio



c-auditoria-pilco-391218-9C59La Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz anuló la absolución emitida a favor de David Viscarra, acusado por el feminicidio de su concubina María Isabel Pilco, y dispuso el inicio de un nuevo juicio, por las irregularidades detectadas en el proceso.

En noviembre de 2014, la fiscalía imputó por feminicidio a Viscarra y en julio de 2017, el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer de La Paz dictó sentencia absolutoria y decretó la libertad del imputado, argumentando que no se había determinado claramente la causa de la muerte, porque solo tomaron como referencia la opinión de los peritos del acusado.

Elvira Gavincha, madre de la víctima, peregrinó por distintas instancias pidiendo que la medida sea revisada, que las autoridades judiciales valoraren nuevamente las pruebas presentadas por la acusación y que no se permita que el hecho quedé en la impunidad.


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