Fiscal pide enjuiciar a Mesa y él llama a defender el 21F
El expresidente Carlos Mesa se sintió "condenado" y convocó a defender el 21F, después de conocer que la Fiscalía presentó ayer el requerimiento acusatorio para dar inicio al juicio de responsabilidades en su contra.
"Aquí de lo que estamos hablando ya es de una condena. No tengan ustedes ningún temor de decir que yo ya he sido condenado. Esta acusación que el fiscal ratifica después de la petición del Procurador General y esta pantomima que vivimos en la que estuve presente, protagonizada por el ministro Arce y una mayoría parlamentaria de dos tercios, es el adelanto de lo que va a pasar", manifestó Mesa.
La exautoridad sostuvo que, a partir de la acción de la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia dará curso a la solicitud "en tiempo récord", para ponerlo en consideración de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Consultado sobre si considera que el proceso iniciado en su contra tiene connotaciones políticas, Mesa apuntó que no le cabe ninguna duda de que es así.
"Lo que el Gobierno está tratando de hacer es electoralizar este momento político con un objetivo muy claro: que nos olvidemos del 21 de febrero (de 2016). Lo que el Gobierno quiere hacer es decir aquí vamos a definir quiénes van a enfrentarse políticamente en la elección de 2019, quiénes van a ser los potenciales rivales de Evo Morales Ayma, y el Gobierno asume, piensa que yo puedo ser uno de los rivales porque aparezco bien posesionado en las encuestas", dijo.
En ese sentido, Mesa remarcó que no va a entrar en la lógica que el Gobierno quiere, "que nos olvidemos del 21 de febrero y que asumamos que Evo Morales va a ser candidato" presidencial.
"Evo Morales no puede, no debe ser candidato a la Presidencia de Bolivia y aquí, en este momento, yo quiero expresarles mi compromiso de actuar de manera activa, de manera propositiva, de manera comprometida en la defensa del 21 de febrero y en la petición democrática de que el Gobierno del presidente Morales y el TSE escojan el camino adecuado, que es el reconocimieno del 21F y darle la espalda a esa aberración que se hizo cuando el TCP decidió habilitar al presidente Morales".
Mesa cuestionó, además, la falta de independencia de poderes y afirmó que no confía en el sistema judicial.
"Cómo puedo confiar en la justicia, cómo se puede confiar en un mecanismo judicial manejado desde el Poder Ejecutivo, en un Fiscal General que lleva adelante una investigación en la que no convoca a personas fundamentales para que la investigación se culmine, entre ellas a las personas que nosotros hemos mencionado", aseguró.
Experto: En 6 meses se puede tener sentencia contra el expresidente
La sentencia final que puede emitir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en caso de que la Asamblea Legislativa Plurinacional autorice el juicio de responsabilidades contra el expresidente Carlos Mesa, por el caso Quiborax, se tendrá en unos seis meses, dijo el investigador en asuntos jurídicos Franz Barrios.
"El fiscal remitió los antecedentes, ahora este requerimiento debe ir a consulta a la Sala Plena del TSJ, para que a su vez sea remitido a la Asamblea pidiendo autorice el enjuiciamiento. Esta instancia, en un plazo de menos de tres meses, a través de la comisión mixta, debe revisar los antecedentes. De darse la autorización, un tribunal del TSJ iniciará la etapa de juicio. Todo el proceso puede tomar seis meses, para que los miembros del TSJ emitan una sentencia final contra Mesa", explicó.
El experto acotó que si bien en la Asamblea se puede demorar unos tres meses para revisar los antecedentes del caso, también dependerá de la voluntad política para que se autorice o rechace l requerimiento acusatorio.
La Fiscalía General presentó ayer el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en contra de Mesa y sus exministros Gustavo Pedraza, Freddy Escobar y Luis Fernández.
Las disposiciones de la Ley 044 dan cuenta de que en caso de existir materia justiciable, la Fiscalía requerirá ante el TSJ el enjuiciamiento, requerimiento que previa consulta a su Sala Penal será remitido a la ALP y pedir autorización.
En el numeral II del artículo 16 se especifica que la Comisión Mixta de Justicia Plural, del Legislativo, conocerá el requerimiento acusatorio e informará al pleno de la Asamblea y ésta, por decisión de al menos dos tercios, concederá la autorización de juzgamiento y remitirá los antecedentes a la Sala Plena del TSJ.
Con la autorización legislativa se inicia la etapa preparatoria, hecha por el fiscal general bajo el control de la Sala Penal del TSJ, precisa el artículo 17.
El Gobierno creó en 2006 el Consejo de Defensa Legal
La administración del presidente Evo Morales creó en 2006, mediante Decreto Supremo 28694, el Consejo Nacional de Defensa Legal, debido a la demanda de Quiborax; todas las acciones del litigio debían ser informadas al presidente Evo Morales, reveló ayer el diputado Wilson Santamaría (UD).
La norma fue dictada en 2006 y en su artículo 2 dispone la "creación del Consejo Nacional de Defensa Legal de Bolivia Ad Hoc, con la finalidad de coordinar y articular la defensa legal del Estado Boliviano y de su Secretaría Técnica como órgano asesor del mismo, ante la demanda de arbitraje internacional interpuesta en contra del Estado por la empresa Non Metallics Minerals SA en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)".
Santamaría cuestiona si este consejo cumplió con las atribuciones que le encomendó el Gobierno mediante una norma expresa, ya que la misma estaba conformada por los ministros de Relaciones Exteriores, de la Presidencia, de Economía y Finanzas, y de Minería, y podían ser reemplazados por los viceministros, dice la norma, según ANF."La Fiscalía, en una investigación objetiva debe convocar a todos los involucrados, ¿el fiscal conoce de este decreto? ¿Sabe que en el país la responsabilidad es solidaria y mancomunada cuando existe una delegación expresa? ¿Convocó a estos otros ministros (a declarar)?, porque el Gobierno les delegó defender al Estado en el caso Quiborax", sostuvo el legislador.
Por el arbitraje perdido, el expresidente Carlos Mesa denunció a los ministros Héctor Arce y César
Navarro, además del procurador general del Estado, Pablo Menacho, y la exsubprocuradora Elizabeth Arismendi.
Normativa jurídica relacionada:
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Las estafas lastiman a 550 personas cada mes
Si uno hurga en los datos del Ministerio Público queda descubierto que el delito de estafa es un problema silencioso que afecta a muchos bolivianos. La fiscal Marina Flores, desde su oficina, que se encuentra en Sucre, tiene la información que grafica el tamaño de un drama que cada día crece: cada mes llegan hasta su oficina un promedio de 550 denuncias por estafas individuales y múltiples.
Una estafa individual es cuando un individuo provoca a otro un perjuicio patrimonial, mientras que estafa múltiple es cuando se engaña a más de una persona. Y en Bolivia ambos se expanden a lo largo y ancho del país, dejando heridas en sus víctimas y una sed por conseguir justicia que empieza tocando las puertas de la Policía o el Ministerio Público, y en muchos casos desistiendo porque el camino a recorrer para sancionar al estafador es largo y exige no solo paciencia, sino también gastos en trámites y abogados.
Desde el 1 de enero hasta el 14 de junio ingresaron al Ministerio Público 3.402 casos por delitos de estafa y, de ellos, 1.336 se registraron en Santa Cruz, mientras que Pando es el departamento donde los estafadores hicieron menos de las suyas. Solo se reportaron 10 denuncias.
"Los afectados tienen que poner la denuncia en la Policía o en la Fiscalía. Hay gente que estafa a una persona, después a otra y a otras más.
En Sucre hay un hombre que tiene más de 40 denuncias por estafa simple", cuenta la fiscal Marina Flores y da algunos ejemplos: hay gente que alquila una casa y luego la da en anticrético a varias personas, y hay otra que saca un vehículo de un rent a car y lo vende falsificando papeles o aquellos que se prestan dinero que después se niegan a pagar, y también está aquel que convence a una persona o a un grupo para que invierta en un negocio que supuestamente dará ganancias jugosas, pero que luego desaparece.
La fiscal detalla que se trata de un delito de contenido patrimonial y la justicia busca el resarcimiento del daño a la víctima, y que si se consigue declarar en rebeldía al acusado, por más que se vaya del país, el caso no se extingue aunque pasen 20 años".
Uno de los tantos casos
En 2002, Miriam González Sumoya tomó una decisión dura: irse a vivir a Ámsterdam (Holanda). Un solo propósito la empujó: ir a trabajar duro para ahorrar dinero para asegurar la manutención y los remedios de su hija Juanita, que padece de hipoacusia neurosensorial. Estuvo hasta el 2009 y se vino con un buen ahorro, fruto de un trabajo duro que empezaba a las cinco de la mañana y que terminaba a altas horas de la noche.
Miriam cuenta que el 19 de septiembre de 2011 dio en préstamos con el 3% de interés 30.000 dólares bajo documento privado y reconocimiento de firmas a Edwin González Nogales, propietario de una empresa de insumos agrícolas y que el dinero tenía que devolverlo el 19 de marzo de 2012. Pero transcurrió el tiempo –cuenta– y el préstamo no fue devuelto y cuatro años y medio después le inició un proceso judicial ejecutivo en abril de 2016. "Como eso no fue suficiente para que se me pague, el 2 de febrero de 2017 le inicié un proceso penal por estafa y estelionato, la querella ingresó el 4 de febrero, pero hasta ahora sigo peregrinando, viviendo un tormento porque no se me hace justicia".
Miriam dice que se siente agotada porque pedir justicia le consume su tiempo, tiempo que debería dedicarle a su hija, que no puede hablar, que no escucha y que solo tiene el 10% de su capacidad visual. "Esos 30.000 dólares que presté al señor Edwin González estaban destinados para invertirlos en un negocio o para prestarlo y vivir de los intereses, pero me siento engañada porque no se me los devuelve", dijo la mujer, que adelantó que hará una huelga de hambre para que su caso sea de conocimiento nacional, puesto que se siente desesperada y con una soledad enorme frente a un aparato judicial que no le hace justicia hasta ahora.
Samuel Durán Zeveriche, abogado de Edwin González, dijo que efectivamente existe una deuda de 30 mil dólares y que en ningún momento su cliente se ha negado a pagar. "Resulta que mi cliente tenía varias deudas y le dijo a la señora Miriam que iba a vender su casa para cumplir sus compromisos", explicó el abogado, y sostiene que si hasta ahora no se ha cumplido con el pago es porque la señora Miriam rechazó la oferta de pago y que lo que busca es meter preso al señor González.
"Propusimos al juez conciliar y queríamos que nos den 25 días de plazo en vez de pagar una fianza. Pero ella dijo que no quiere plata, sino ver que mi cliente vaya preso. Queremos que cobre el dinero como es correcto. Ese dinero está en depósito judicial", aseguró el abogado, que considera que el caso que él defiende no debe ser considerado como estafa porque su cliente, en el momento de prestarse el dinero, no tenía intenciones de engañar. Pero Miriam González dice que si fuera verdad que le quieren pagar ya lo habrían hecho y que esos 25 días que le pidieron ella no los aceptó porque le pedían que desista del proceso antes de recibir el dinero.
La fiscal Marina Flores detalla que de los más de 500 casos denunciados, 200 encuentran una salida alternativa de solución, 200 van a juicio y 100 se rechazan porque la víctima no vuelve en busca de justicia.
'Pildoritas' usan un fármaco que provoca pérdida de conciencia
Las delincuentes llamadas pildoritas usan otra técnica para operar. Ahora utilizan una pastilla que deja a las víctimas semiconscientes y quedan a merced de las ladronas que obtienen datos personales y pueden hurtar dinero de las tarjetas de crédito o de débito.
Se trata del "Hemitartrato Zolpidem", una droga potente que causa efecto por horas. Según un sitio especializado, las contraindicaciones de este medicamento son que puede inducir a la amnesia, sonambulismo y causa el descenso del nivel de consciencia.
Las personas que consumen esta pastilla pueden interactuar, prepararse alimentos, conducir, entablar comunicación, pero no recuerdan los hechos acontecidos, de tal manera que piensan que no ocurrió nada y que todo está normal. Las pildoritas los dopan para obtener el PIN de las tarjetas.
"Habiendo obtenido las imágenes de los cajeros automáticos se llegó a establecer que las víctimas ingresan abrazados de sus pepeadores o pildoritas, es el efecto de las pastillas", advirtió el jefe de Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Juan José Millan.
Hubo casos donde las "pildoritas" llegaron a robar hasta 12 mil bolivianos a sus víctimas sin que la víctima se dé cuenta.
"Después de una buena borrachera las victimas revisan sus documentos y sus tarjetas de crédito piensan que todo está bien. Se dan cuenta que fueron robados después de cuatro días", dijo.
La FELCC advierte que las personas solo se dan cuenta que fueron víctimas de las "pildoritas" cuando han obtenido las imágenes de ellos ingresando a los cajeros automáticos acompañados de estas personas desconocidas. "Se quedan sorprendidos cuando se ven entrando a los cajeros y no se acuerdan de nada", señaló.
Este año, la División de Propiedades atendió más de 12 casos de este tipo. "Estoy convencido de que las cifras negras triplican a las denuncias, no lo hacen por cuestión de privacidad, no denuncian por vergüenza", dijo.
La FELCC identificó calles como la Ingavi, Pichincha, Manco Kapac, Murillo, Pucarani, Figueroa como zonas rojas donde operan las pildoritas en restaurantes, bares, discotecas y cantinas en complicidad de meseros y administradores. En promedio atienden dos casos de pildoritas cada 15 días.
El mayor Millán recomienda a las víctimas de este tipo de delitos cerciorarse que los 17 dígitos que tiene la tarjeta de crédito sean los correctos, luego deben aproximarse al banco y por último cambiar el código de seguridad de la cuenta.
Pidió que las autoridades en salud intervengan las farmacias para incautar este tipo de medicamentos que están ingresando al país de manera ilegal desde Perú y que se están vendiendo de manera indiscriminada sin receta médica generando daños en la salud y causando inseguridad. Una sobredosis de estos medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central puede ser mortal, dijo el oficial.
¿ PAREJA DE UN HOMOSEXUAL O LESBIANA PUEDE SER CONSIDERADO FAMILIA ?
Liberan a mujer que provocó su aborto por tener 3 hijos
Una mujer de 27 años fue liberada debido a que tenía tres hijos, luego que la Fiscalía Departamental de Tarija la imputara por el delito de aborto.
El Fiscal Fernando Valverde dijo que la mujer decidió ingerir pastilla para interrumpir su embarazo, lo que le causó malestar estomacal, hasta llegar a una clínica privada.
En el examen médico se ha determinado que la mujer tenía 24 semanas de gestación, según reporta el digital La Voz de Tarija.
El fiscal Valverde indicó que se le ha dado medidas sustitutivas a la mujer, debido a que la misma tiene otros tres hijos a su cargo y no tiene el apoyo del padre de los menores, por lo que no se ha querido dejar desprotegidos a los niños.
BOLIVIA. Código Penal.
Capítulo II. Aborto
Artículo 263. (Aborto) El que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura, será sancionado:
1) Con privación de libertad de dos a seis años, si el aborto fuere practicado sin el consentimiento de la mujer o si ésta fuere menor de diez y seis años.
2) Con privación de libertad de uno a tres años, si fuere practicado con el consentimiento de la mujer.
3) Con reclusión de uno a tres años, a la mujer que hubiere prestado su consentimiento.
La tentativa de la mujer no es punible.
Artículo 264. (Aborto Seguido de Lesión o Muerte) Cuando el aborto con el consentimiento de la mujer fuere seguido de lesión, la pena será de privación de libertad de uno a cuatro años; y si sobreviniere la muerte, la sanción será agravada en una mitad.
Cuando del aborto no consentido resultare una lesión, se impondrá al autor la pena de privación de libertad de uno a siete años; si ocurriere la muerte, se aplicará la de privación de libertad de dos a nueve años.
Artículo 265. (Aborto Honoris Causa) Si el delito fuere cometido para salvar el honor de la mujer, sea por ella misma o por terceros, con consentimiento de aquélla, se impondrá reclusión de seis meses a dos años, agravándose la sanción en un tercio, si sobreviniere la muerte.
Artículo 266. (Aborto Impune) Cuando el aborto hubiere sido consecuencia de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto, no se aplicará sanción alguna, siempre que la acción penal hubiere sido iniciada.
Tampoco será punible si el aborto hubiere sido practicado con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no podía ser evitado por otros medios.
En ambos casos, el aborto deberá ser practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer y autorización judicial en su caso.
Artículo 267. (Aborto Preterintencional) El que mediante violencia diere lugar al aborto sin intención de causarlo, pero siéndole notorio el embarazo o constándole éste, será sancionado con reclusión de tres meses a tres años.
Artículo 268. (Aborto Culposo) El que por culpa causare un aborto, incurrirá en prestación de trabajo hasta un año.
Artículo 269. (Práctica Habitual del Aborto) El que se dedicare habitualmente a la práctica de aborto, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años.
Fuente.
