Detienen a cuatro policías acusados de “volteo” de droga
La Policía capturó a cuatro efectivos, tres varones y una mujer, acusados de "volteo", es decir, robo de droga en Santa Cruz.
El coronel Jhonny Aguilera, de la fuerza anticrimen, informó a ATB que los policías aprehendidos habrían ingresado ilegalmente a un domicilio de la capital cruceña, vistiendo chalecos de DACI, para sacar presuntamente droga oculta en un colchón.
Los detenidos fueron identificados como Fernando Rivera Arancibia, Rolando Spencer, Oscar Castaca y Ruth Zarai Rojas.
Según informe de la fuerza antidroga, el presunto "volteo" ocurrió el pasado 29 de marzo, y que el caso fue denunciado el 4 de abril.
El jefe de la FELCN, coronel Maximiliano Dávila, indicó el miércoles que los cuatro policías implicados pertenecen al Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) y no a la fuerza antidroga.
Señaló que los involucrados no dieron parte a la FELCN del operativo y que, al pedírsele explicaciones, afirmaron que no habían encontrado droga.
Se hizo el narcotest a los ladrillos encontrados y dieron negativo, pero la FELCN ordenó hacer el microaspirado del colchón para corroborar que se trató de un "volteó".
El excoronel Gonzalo Medina, detenido por vínculo con el narcotráfico, hizo referencia a ese caso en su audiencia de medidas cautelares, como argumento para acusar al actual jefe antidroga de narcotraficante.
Envián a la cárcel a acusados de violación grupal en Beni
Dos alumnos y un docente de la carrera de Veterinaria de la Universidad Autónoma del Beni (UAB) fueron enviados a la cárcel de Mocoví de manera preventiva. Son acusados de abusar sexualmente a una joven de 22 años.
El fiscal asignado al caso, Javier Colque, aseguró que se realizan las investigaciones por el delito de violación con agravante, porque la víctima se encontraba inconsciente al momento del hecho, según el informe de la Fiscalía General.
La familia de la joven lamentó la falta de seguridad en la Universidad, pide justicia y apoyo de la población beniana.
"Estamos muy deshechos como familia al ver esta situación. No hay seguridad ni en la universidad, mandamos a nuestras hijas a estudiar y resulta que nos las traen violadas. Pedimos justicia, por favor", manifestó la tía de la víctima a la red ATB.
También relató que los acusados electrocutaron los dedos a la víctima a punto de quemarlos.
De acuerdo con las declaraciones de la joven J. CH. S., el hecho ocurrió el 26 de marzo de este año en un cuarto en la avenida 9 de Abril, donde compartieron bebidas alcohólicas junto a su docente y dos de sus compañeros.
En el lugar tomaron una bebida denominada Chapunato, que ocasionó inconsciencia a la víctima, quien relató que cuando reaccionó vio a su docente A. R. I. abusando sexualmente de ella, pero no pudo defenderse porque estaba sin fuerzas, señala el informe oficial.
La joven declaró que su último recuerdo fue de uno de sus compañeros, L. F. M., cuando le decía, "mi amor, vas a ser mi esposa". Después vio marcas en su cuello y espalda, además de sus manos quemadas, informó la Fiscalía.
Varias estudiantes y activistas acompañan el caso y aseguran que no es el único que existe dentro de la universidad beniana. A partir de mañana comenzarán con la campaña "Yo también sufrí acoso en la UAB".
"Con esta campaña las alumnas van a poder hacer su denuncia de forma anónima y vamos a tomar las acciones correspondientes", aseguró la activista Durby Blanco quien, además, señaló que existen otros casos de denuncias dentro de la universidad por temas como acoso y de discriminación.
En diciembre pasado, el país se consternó ante la denuncia de una violación grupal, perpetrada en el motel Delux, en Santa Cruz. La víctima era una joven de 18 años; los supuestos agresores eran cinco compañeros suyos, el menor de 14 años. Este caso fue conocido como el de La Manada boliviana y fue el primero de al menos ocho similares que se conocieron en lo que va de 2019.
Justicia anula sentencia contra dos médicos por mala praxis
La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz anuló la sentencia que condenaba a cinco años de prisión a un ginecólogo y un urólogo, acusados de mala praxis por haber extirpado a una mujer un riñón y causado daño al otro, que solo tiene una funcionalidad del 53%. El proceso para la sentencia duró ocho años.
"Me parece injusta lo que hicieron con mi proceso, que después de casi ocho años de pelear con estos hombres fuertes, médicos con cargos altos, y el deterioro de mi salud con mi único riñón que está con una funcionalidad de 53%", dijo a ANF María Nieves Quispe, víctima de este caso.
La Asociación de víctimas de mala praxis médica cuestionó la medida judicial porque considera que se trata de un retroceso, puesto que es la primera sentencia en el país sobre mala praxis.
Quispe sufrió el daño en 2008 después una operación en la que le habían cortado los uréteres de ambos riñones, perforado la vejiga y dañado órganos, lo que ocasionó que entre en terapia intensiva.
Sol.bo recauda fondos para ayudar a Fabián Siñani
La agrupación Soberanía y Libertad (Sol.bo) está instalando 20 puntos para recolectar fondos con el objetivo de pagar la fianza judicial y ayudar a la familia del concejal Fabían Siñani, quien debe cumplir detención domiciliaria por el caso TERSA.
El vocero de Sol.bo, José Luis Bedregal, informó que se colectarán recursos que "puedan contribuir a la familia" de Siñani, pues se le ha retirado también el derecho a trabajar.
Bedregal lamentó la determinación judicial contra el concejal porque. según él. "Fabián y su familia son como miles de familias paceñas que viven de su salario"
Cerca de la medianoche del martes, la jueza Claudia Castro dictaminó la detención domiciliaria del concejal Siñani, presuntamente involucrado en el caso del favorecimiento a la empresa TERSA. La autoridad judicial fijó además una fianza de 80 mil bolivianos.
Bedregal señaló Siñani necesita el dinero para recuperar su libertad. El concejal saldrá de celdas para su detención domiciliaria, cuando deposite la fianza y cumpla los demás requisitos.
El vocero de Sol.bo calificó el proceso contra Siñani de "absolutamente manipulado por el poder político".
Fustigó lo que conceptuó como "angurria política" y criticó a quienes "han perdido cualquier tipo de principio y de valor, y hoy, por mantenerse en el poder son capaces de cualquier cosa".
Siñani está acusado de Uso Indebido de Influencias e Incumplimiento de Deberes, por haber omitido informar el Concejo que su esposa era representante legal del empresario Edwin Saavedra, quien es accionista de TERSA.
Fiscalía aprehende a funcionario de DDRR de La Paz por corrupción
En una acción conjunta entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, se aprehendió la tarde de este lunes al funcionario encargado del área informática de Derechos Reales (DDRR) en La Paz, que realizó alteraciones en los sistemas para incrementar el número de extensiones de terrenos en al menos dos casos.
El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, explicó que el sospechoso habría alterado sin trámite alguno la extensión de una propiedad reduciéndola de 240 a 120 otro cuadrados.
"El Ministerio Público ha procedió a la aprehensión inmediata de este funcionario y se va proceder diligencias que corresponden (...) es un golpe que se está dando a la corrupción de forma interinstitucional", indicó Jiménez.
El aprehendido también hizo el cambio de una extensión del terreno ubicado en El Alto, de 6.300 a 6.600 metros cuadrados.
Por su parte, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, explicó que se realizará auditoras en las oficinas de Derechos Reales de todos los departamentos, no sólo en áreas de financieras y técnicas, sino también en sistemas.
Defensoría denuncia cobros a solicitantes de adopción
La Defensoría del Pueblo denunció este miércoles que se ha detectado cobros indebidos que se realizarían en el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de La Paz, a solicitantes de adopción. Remitirá el caso a la Fiscalía para su investigación.
"Se ha detectado que Sedeges de La Paz realiza cobros indebidos a las y los solicitantes de adopción, en montos de 250 bolivianos para personas solas y 350 bolivianos si se trata de parejas. Este cobro vulnera el principio de gratuidad establecido en el artículo 10 de la ley 548 y la prohibición de lucro señalado en el artículo 94 de la misma norma", dijo la Defensora interina Nadia Cruz.
La Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente dispone en su artículo 10 que los procesos judiciales y administrativos en los cuales se encuentran involucrados niñas, niños o adolescentes, sean de carácter gratuito; mientas que el artículo 94 dispone que se remita al Ministerio Público los casos en que se encuentrenfines de lucro de servidores públicos en centros de acogimiento u organismos intermediarios de adopciones.
La Defensora explicó que este y otros hallazgos se realizaron en el marco de una investigación que se lleva adelante con asistencia técnica de UNICEF, con la finalidad de proponer acciones que contribuyan a mejorar los procesos de adopción.
Señaló que los cobros se descubrieron en grupos focales realizados con madres y padres que han solicitado la adopción en el Sedeges. Recalcó que el caso se remitirá al Ministerio Público para que se inicie la acción penal correspondiente.
Otros problemas encontrados
La Defensora indicó que en la investigación también se evidenció desconocimiento de protocolos o lineamientos de adopción por parte de las defensorías de la niñez y adolescencia, y los servicios de gestión social.
También se detectó que "una cantidad significativa de niñas niños y adolescentes institucionalizados, muchos de ellos en centros de acogida por un tiempo mayor a 15 años debido a la falta de coordinación" de las defensorías, servicios y jusgados.
También se evidenció que existe abandono de trámites de adopción, generado porque las expectativas de los solicitantes de adopción no están acordes a las necesidades de los niños en condición de adoptabilidad, que las capacitaciones dirigidas a las familias son meramente informativas que generan desconfianza y falta de atención adecuada empática y transparente en el servicio administrativo y judicial.
Asimismo, se develó que personal técnico y profesional de las defensorías, servicios de gestión social y juzgados no cuentan con la formación suficiente en derechos humanos ni en adopciones.
Para atender estas deficiencias la Defensoría del Pueblo emitió recomendaciones, entre las cuales están pedir a las defensorías y servicios sociales que prioricen una solución permanente para los niños frente a una de carácter provisional, además de instar a los diferentes niveles de gobierno a que implementen programas sobre Cultura de la Adopción.
Mandan a la cárcel a dos exfuncionarias de UELICN
Dos exfuncionarias de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN) fueron enviadas al Centro de Orientación Femenina de Obrajes, con detención preventiva, acusadas de delitos de corrupción, informó el fiscal Ronald Chávez.
Las detenidas son la exjefe de la Unidad Jurídica de la UELICN, Nancy C. T. M., y una exfuncionaria del área administrativa identificada como Mabel F. B.
La UELICN fue intervenida por el Ministerio de Gobierno, después de denuncias de que se habría adjudicado irregularmente contratos para el servicio de mantenimiento de aviones y helicópteros usados en la lucha antidroga.
La exjefa jurídica está acusada de haber recibido más de 30 mil bolivianos en su cuenta particular, de parte de una empresa implicada en el caso.
El fiscal Chávez indicó que en audiencia se presentaron los contratos para el mantenimiento de las aeronaves, además de los depósitos a cuentas personales. Indicó que el juez decidió la detención preventiva para asegurar la presencia de ambas acusadas en el proceso.
La denuncia fue hecha pública por la diputada opositora Rose Marie Sandoval, quien afirmó que la UELICN favoreció a un "clan familiar" con contrataciones que sumarían 60 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros y aeronaves de las unidades aéreas Diablos Negros y Diablos Rojos.
Consultado si habrá más implicados, el fiscal señaló que las infestaciones continúan.
