Por la anulación de un proceso injusto
Cuando tenemos una justicia que está estructuralmente podrida no es de sorprender que se produzcan las aberraciones más grandes. Todos los días.
La lista sería infinita, pero uno de los casos que más repudio ha causado es el del Dr. Jhiery Fernández, que acaba de ser condenado a 20 años de cárcel por el delito de violación a un bebé de pocos meses de vida: Alexander.
Fernández fue objeto de un proceso que puede ser recopilado como ejemplo de cuán negligentes y criminales pueden ser los administradores de justicia de un país y cómo la verdad de los hechos, las responsabilidades de las personas y el resarcimiento a las víctimas pueden llegar a ser detalles sin importancia para jueces e investigadores decididos a imponer su nefasta voluntad.
Según las investigaciones -que partieron de pruebas contaminadas, maliciosamente manejadas y conducidas negligentemente- no se puede ni siquiera evidenciar que hubo una violación y mucho menos que -de haberse dado- haya sido cometida por Fernández. Las muestras de antígeno prostático y la sangre analizada no corresponden a la del médico.
Los jueces, que entraron en una pugna de acusaciones inclusive entre ellos mismos, remataron con una condena que sepulta en vida a una persona sin las pruebas para ello. Antes, gran parte de las y los acusados en el caso se habían declarado culpables en juicios abreviados para acceder a penas más cortas o leves. Fernández, no.
Tal ha sido la desproporción de este fallo, que ha generado una corriente de opinión condenando la sentencia y solicitando la revisión de la misma. Columnistas, expertos y medios como Página Siete, se han unido espontáneamente en una campaña que pone en evidencia la injusticia que se está realizando con el médico y la necesidad de revertir esta situación.
También se han pronunciado entidades como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) que pidió a las autoridades judiciales la anulación del proceso amañado; y el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), un instituto que investiga los abusos cometidos desde el Estado, que calificó de "tortura" la detención y condena que se dictó contra Jhiery Fernández sin pruebas suficientes. Finalmente, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, expuso pruebas periciales científicas y extractos de llamadas que develan que el médico Jhiery Fernández no agredió sexualmente al bebé Alexander y anunció movilizaciones en su defensa.
Nada de esto, con todo, ha merecido una intervención de parte de las principales autoridades de justicia. Ni el fiscal general, Ramiro Guerrero, ni el ministro de Justicia, Héctor Arce, han anunciado una revisión del caso y parecen dispuestos a tomar esta nefasta resolución sin mayores incomodidades a pesar de haber sido testigos de las incontables irregularidades que presentó el proceso. Además de lo señalado con la investigación, en dos años y dos meses de juicio oral en el proceso Alexander, las audiencias fueron suspendidas en 233 ocasiones: 63 audiencias fueron suspendidas por la ausencia de fiscales y de acusadores particulares; 83 por la falta de secretario; 46 por el Tribunal, sobre todo por la baja pre y posnatal de la jueza Guerrero; y 41 veces por otras razones.
El caso del bebé Alexander es, en conclusión, la encarnación de la pobreza, la miseria y el abandono al que son sometidos miles de niños bolivianos que nacen y mueren sin recibir el más elemental de los cuidados; también es un crudo retrato de lo que sucede en los pasillos de los juzgados: manipulación, negligencia, corrupción e impunidad ante la impotencia de las víctimas.
Pero, esta resignada conclusión no es suficiente: es preciso que las autoridades nacionales reaccionen y eviten, por lo menos una vez en nuestra triste historia de injusticia y crímenes de la justicia boliviana (!qué paradoja!), mirar para otro lado y se pretenda que el show deba continuar.
Fuente.TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO Nº 901/2016
Propuesta de regulación del manejo de datos autorizados personales en Bolivia
Caso mochilas: Abren proceso por presunto vaciado de CPUs
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó este jueves que el Ministerio Público ha abierto un proceso por el presunto vaciado de información de computadoras de la Alcaldía de Cochabamba, en el marco del caso mochilas chinas, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.
En los últimos días la concejal Rocío Molina reveló una carta de funcionarios de la Alcaldía, en la cual se denuncia que el 6 de abril se sacaron 14 computadoras de la Dirección de Desarrollo Humano, encargada del tema de las mochilas, y se las devolvió tres días después vacías de información.
Guerrero indicó que la Fiscalía departamental abrió el miércoles una investigación sobre esta denuncia.
"Se ha aperturado otro proceso por encubrimiento y obstrucción a la investigación a la justicia. Es otro proceso en que seguramente se va a citar a quienes eran responsables de las computadoras y las CPU's, de todo lo que se hubiera borrado o ocultado", dijo.
El fiscal general explicó que de inicio el proceso es contra dos personas: el encargado de informática y el responsable de la custodia y el manejo de los equipos.
La Alcaldía de Cochabamba está bajo investigación por un presunto sobreprecio y otras irregularidades en la adquisición de mochilas chinas. De acuerdo con la denuncia, se habría pagado unos 10 millones de bolivianos por demás y que la empresa adjudicada ya tenía las características de las mochilas antes que se lance el proceso de contratación.
El alcalde José María Leyes y dirigentes de Demócratas sostienen que se trata de un complot del MAS.
Fuente. 18/04/2018
La regulación para el acceso a datos en los registros públicos y privados en Bolivia
Garantía y defensa del acceso a los datos de carácter personal frente al crecimiento exponencial de la tecnología de la información y de las comunicaciones. a tal fin se analiza su naturaleza, como derecho fundamental de la persona su ámbito de aplicación, así como el conjunto de principios que han de ser respetados por los responsables y encargados de tratamiento que recogen, usan y en su caso comunican los datos de carácter personal a terceros.
El objetivo es analizar la implementación de un sistema de regulación para el acceso a datos y las formas de protección de datos de la intimidad personal o familiar contra un uso inadecuado, indiscriminado y se obtengan de manera legal o ilegal de los alcances del procesamiento de datos aquellos registros públicos y privados en Bolivia.
Privacidad de datos y cómputo forense
En la presente investigación de Privacidad de Datos y Computo Forense se desarrolló un análisis profundo, inicialmente se hizo una investigación general tomando en cuenta países tecnológicamente desarrollados como ser países europeos y países americanos, para posteriormente irnos a la parte especifica referida a la Privacidad de Datos Personales y Computo Forense en nuestro país, se recabo todos los datos, normas o leyes referidas a este, se evidencio que existe pocas normas jurídicas que norman la informática en el Estado Plurinacional de Bolivia, percatándonos de la no existencia de una norma jurídica que establezca específicamente la Protección de Datos Personales en el nuestro país, el desarrollo de la información en nuestra sociedad, permitiéndole disponer de nuevos servicios de comunicación electrónica, como redes sociales, Hotmail, etc., pero asimismo introduce grandes riesgos para su intimidad.
Se considera el tratamiento y seguridad que se debe dar a la información personal de cada individuo de nuestra sociedad, derecho que debe ser garantizado por el Estado y la sociedad, a cada persona existente dentro de nuestro territorio nacional. Por lo tanto se pensó en una ley que norme el derecho fundamental a la Privacidad de Datos Personales que tiene cada individuo en nuestra sociedad.
Asimismo se propone utilizar herramientas informáticas para la defensa de esta ley, también para la detección y el procesamiento de personas que mal utilizan las nuevas tecnologías para dañar a individuos, a la sociedad o a organizaciones en general.
El Computo Forense Informático comprende seis pasos muy importantes como el proceso de extracción, la conservación de la evidencia, la identificación de la misma, la interpretación, la documentación y la presentación de la evidencia digitalque proporcionen las técnicas o principios que coadyuven a la investigación de un delito informático, de tal manera que sean legalmente aceptadas dentro de un proceso judicial.
Acción de protección a la privacidad - Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1972/2011-R
Sucre, 7 de diciembre de 2011
Expediente:2010-22543-46-APP
Distrito:Santa Cruz
De todo lo anterior se tiene que tanto la intimidad como la privacidad son la base fundamental para la protección de todos los datos personales de las personas, que solo le atingen a él o a ella, por lo mismo se encuentra facultado para determinar cuándo y dentro de qué límites pueden revelarse situaciones referentes a su propia vida, entendiéndose en consecuencia de que la acción de protección de privacidad, entre otros protege la intromisión por parte de personas particulares y/o jurídicas a la vida íntima del ser humano que le corresponde como consecuencia del reconocimiento a su dignidad, por lo que la vulneración de estos derechos afectan directamente a su imagen, honra y reputación" (las negrillas nos corresponden).
