Cuando tenemos una justicia que está estructuralmente podrida no es de sorprender que se produzcan las aberraciones más grandes. Todos los días.
La lista sería infinita, pero uno de los casos que más repudio ha causado es el del Dr. Jhiery Fernández, que acaba de ser condenado a 20 años de cárcel por el delito de violación a un bebé de pocos meses de vida: Alexander.
Fernández fue objeto de un proceso que puede ser recopilado como ejemplo de cuán negligentes y criminales pueden ser los administradores de justicia de un país y cómo la verdad de los hechos, las responsabilidades de las personas y el resarcimiento a las víctimas pueden llegar a ser detalles sin importancia para jueces e investigadores decididos a imponer su nefasta voluntad.
Según las investigaciones -que partieron de pruebas contaminadas, maliciosamente manejadas y conducidas negligentemente- no se puede ni siquiera evidenciar que hubo una violación y mucho menos que -de haberse dado- haya sido cometida por Fernández. Las muestras de antígeno prostático y la sangre analizada no corresponden a la del médico.
Los jueces, que entraron en una pugna de acusaciones inclusive entre ellos mismos, remataron con una condena que sepulta en vida a una persona sin las pruebas para ello. Antes, gran parte de las y los acusados en el caso se habían declarado culpables en juicios abreviados para acceder a penas más cortas o leves. Fernández, no.
Tal ha sido la desproporción de este fallo, que ha generado una corriente de opinión condenando la sentencia y solicitando la revisión de la misma. Columnistas, expertos y medios como Página Siete, se han unido espontáneamente en una campaña que pone en evidencia la injusticia que se está realizando con el médico y la necesidad de revertir esta situación.
También se han pronunciado entidades como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDHLP) que pidió a las autoridades judiciales la anulación del proceso amañado; y el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), un instituto que investiga los abusos cometidos desde el Estado, que calificó de "tortura" la detención y condena que se dictó contra Jhiery Fernández sin pruebas suficientes. Finalmente, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, expuso pruebas periciales científicas y extractos de llamadas que develan que el médico Jhiery Fernández no agredió sexualmente al bebé Alexander y anunció movilizaciones en su defensa.
Nada de esto, con todo, ha merecido una intervención de parte de las principales autoridades de justicia. Ni el fiscal general, Ramiro Guerrero, ni el ministro de Justicia, Héctor Arce, han anunciado una revisión del caso y parecen dispuestos a tomar esta nefasta resolución sin mayores incomodidades a pesar de haber sido testigos de las incontables irregularidades que presentó el proceso. Además de lo señalado con la investigación, en dos años y dos meses de juicio oral en el proceso Alexander, las audiencias fueron suspendidas en 233 ocasiones: 63 audiencias fueron suspendidas por la ausencia de fiscales y de acusadores particulares; 83 por la falta de secretario; 46 por el Tribunal, sobre todo por la baja pre y posnatal de la jueza Guerrero; y 41 veces por otras razones.
El caso del bebé Alexander es, en conclusión, la encarnación de la pobreza, la miseria y el abandono al que son sometidos miles de niños bolivianos que nacen y mueren sin recibir el más elemental de los cuidados; también es un crudo retrato de lo que sucede en los pasillos de los juzgados: manipulación, negligencia, corrupción e impunidad ante la impotencia de las víctimas.
Pero, esta resignada conclusión no es suficiente: es preciso que las autoridades nacionales reaccionen y eviten, por lo menos una vez en nuestra triste historia de injusticia y crímenes de la justicia boliviana (!qué paradoja!), mirar para otro lado y se pretenda que el show deba continuar.
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