Archive for marzo 2019
Pari ratifica que desfalcó solo al Banco Unión en la reconstrucción del caso
El Alto: Aparece el bebé que fue extraviado por su madre
Víctima acusa a su expareja de dar datos a los secuestradores
Vanesa, la joven víctima de secuestro en Villa Adela, presentó ayer una querella para ampliar la investigación contra su expareja, bajo la sospecha de que el padre de su hija fue quien proporcionó su número de celular e información personal a un integrante de la banda de delincuentes.
La arquitecta de 27 años, y madre de una bebé de un año y siete meses, también pidió que se procese a la pareja de Igor Monroy, alias El Gordo, parte de los secuestradores, ambos eran inquilinos en la casa de la víctima.
"Nosotros pedimos la ampliación de la investigación contra estas dos personas, Erick López, la expareja de Vanesa y Paola
Sullcani, esposa de El Gordo (Monrroy), debido a que hay indicios de que conocían las actividades que preparaban (para el secuestro). Tenemos la hipótesis de que ellos participaron o deben declarar y dar indicios de quién dio información a los secuestradores", explicó el abogado de la afectada, Andrés Zúñiga.
La mujer fue interceptada por un hombre y una mujer a una cuadra de su casa, en la zona Villa Adela, de la ciudad de El Alto. La subieron a un taxi, mientras la amenazaban con un cuchillo, la maniataron y la tuvieron retenida en un domicilio de la zona de Ventilla.
Luego de 57 horas de encierro, mientras los delincuentes preparaban las negociaciones con los padres de la víctima por 150 mil dólares por el rescate, Vanesa logró soltar sus ataduras, huir y denunciar a sus captores. La Policía logró aprehender a cinco varones y una mujer, e identificó como cabecilla del grupo a Franz Luna Chura, alias El Chascas.
Zúñiga explicó que la víctima, su expareja, Luna, Monroy y la esposa de éste eran amigos de infancia, conocidos en el barrio e incluso Luna había tratado de comenzar una relación amorosa con Vanesa. "La pretendía, la llama, le escribía mensajes", afirmó el abogado.
Durante su cautiverio los padres de Vanesa recibieron 12 llamadas, uno de los secuestradores exigía que el padre deje una mochilla con el dinero en una plaza y que entregaría a su hija una hora después del pago; ante la negativa del progenitor, en otra llamada del delincuente negoció y ofreció entregar a Vanesa en 20 minutos.
"Ya la van a traer a tu hija, en 20 minutos te la van a dejar en tu puerta (...) Ya pues ,muévase o voy cancelar", amenazó el secuestrador al padre de Vanesa.
Del otro lado de la línea, Édgar, el padre de Vanesa, y su esposa rogaban escuchar la voz de su hija y que el pago se haga al mismo tiempo que la liberación, pero no eran atendidos.
Así pasaron dos días hasta la madrugada del domingo, cuando dos de los secuestradores fueron aprehendidos por la Policía cerca de una plaza donde pedían que se entregue el dinero.
Horas más tarde, Vanesa se liberó por si sola y cuando se hicieron las primeras investigaciones, la Policía estableció que el inquilino, Monroy, era parte de la banda y proporcionó información de los movimientos de la familia a los secuestradores.
Más tarde también se encontró indicios de que Monroy y la expareja de Vanesa habían mantenido contacto, por lo que ahora se sospecha que fue López quien dio información personal y el número de celular de Vanesa a los captores de la arquitecta.
Sobre Sullcani, Zúñiga explicó que ella tenía que conocer las actividad de su pareja, quien semanas antes del secuestro no salió del domicilio para vigilar a Vanesa. La pareja de inquilinos no tenía ninguna actividad que justifique la tenencia de 100 mil bolivianos por el anticrético.
Los seis integrantes de la banda fueron encarcelados, los cinco varones en el penal de Chonchocoro y la mujer, pareja de Luna, fue remitida a la cárcel de mujeres de Obrajes.
Audios y vigilancia
- Llamadas "Mami estoy bien, ya me van a traer, estoy en camino, no hagan nada, no llamen a nadie (...) hagan todo lo que dice, tengo miedo, están viendo todo lo que hacen", fue lo que los secuestradores obligaron a decir a Vanesa a sus padres, en una de las llamadas que hicieron como una prueba de vida de la víctima.
- Casa La Policía reportó que los secuestradores lograron conocer la rutina de Vanesa luego de tres meses de vigilancia. Para este fin, Franz Luna, cabecilla de la banda, había alquilado una casa a tres cuadras del domicilio de la víctima; además, uno de los cómplices vivía como inquilino en la casa de la joven.
Golpean al chofer que denunció a dirigentes por depósitos millonarios
El secretario ejecutivo del Sindicato de Choferes Virgen de Copacabana, Víctor Condori, fue brutalmente golpeado, presuntamente por encargo de dirigentes a quienes denunció por los depósitos millonarios de Vías Bolivia, de acuerdo a su abogado Frank Campero.
Condori es uno de los dirigentes que presentó una denuncia ayer (jueves) ante el Ministerio Público de La Paz para la investigación de la administración de los millonarios depósitos realizados por Vías Bolivia.
Campero anunció que presentara una denuncia a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen(Felcc). Además, de acuerdo a un reporte de radio Fides, apuntó a los dirigentes de la Federación de Choferes 1º de Mayo como los responsables de las agresiones.
"Tratan de acallar y amedrentar mandando a golpear, buscan frenar las investigaciones, se está presentando una denuncia ante la Felcc por las lesiones. Las primeras cabezas visibles son los de la Federación 1º de Mayo", denunció el abogado del transportista.
El jueves los representes de los sindicatos, Eduardo Abaroa, Pedro Domingo Murillo, Virgen de Copacabana y Pioneros Terminal, presentaron una denuncia contra los ex y actuales dirigentes de la Federación de Choferes 1º de Mayo por la presunta comisión de los delitos de, enriquecimiento ilícito de particulares.
Revelan millonario robo al Banco Unión en cajeros de Sucre
Dos funcionarios de la empresa encargada del mantenimiento de cajeros automáticos del Banco Unión en Sucre fueron acusados de sustrajeron Bs 1,3 millones entre agosto de 2015 y marzo de 2016 (antes del caso Pari), según una denuncia del Ministerio Público. Uno de ellos se defiende alegando que el monto era mucho menor.
En septiembre de 2017, se conoció un desfalco de 37,6 millones de bolivianos, protagonizado por el gerente de operaciones de la agencia Batallas (La Paz) de ese entonces, quien hizo "transacciones" en las sucursales de Achacachi y Batallas, entre el 19 de octubre de 2016 y el 4 de agosto de 2017, aprovechando las fallas en el sistema de control.
En Sucre, se descubrió el delito siete meses después del primer robo, cuando el Jefe Nacional de Operaciones del Banco Unión de ese entonces hizo conocer que "no igualaban los registros (…) verificando que dichas diferencias fueron muy seguidas en diferentes cajeros automáticos", según la denuncia presentada contra Luis T.S. y Beymar E.R., empleados de la empresa que realizaba mantenimiento a los cajeros automáticos en la Capital.
Se concluyó que los cajeros automáticos del Mercado Campesino (dos), del Mercado Negro y El Guereo registraban diferencias que ascendían a Bs 15.000 por cada sustracción.
El 22 de marzo de 2016, personal especializado llegó a Sucre a realizar una revisión y pruebas prácticas de los cajeros, y entrevistó a los dos funcionarios los cuales evadieron el interrogatorio.
Gracias a la inspección de las cámaras de seguridad, se logró determinar que el 9 de marzo, en el cajero automático N° 2 del Mercado Campesino, a las 16:37, ingresaron trabajadores de la empresa de seguridad y luego dos funcionarios de la empresa responsable del mantenimiento (Luis y Beymar), "quienes se aseguran dentro del recinto, colocan un teclado delante del equipo para ingresar al software y extraer el dinero que fue dispensado por la boquilla del cajero automático, para después desconectar el teclado, cerrar la puerta del ambiente interno y abandonar las instalaciones de dicho cajero automático", sostiene la denuncia.
Los denunciantes, la empresa encargada del mantenimiento con la adhesión del Banco Unión, hicieron conocer también que el 11 de marzo de ese año, esas mismas personas, con igual modus operandi, extrajeron dinero del cajero automático de El Guereo. Los sospechosos admitieron su responsabilidad y con una carta devolvieron Bs 285 mil pidiendo disculpas por sus acciones, publicó el diario Correo del Sur.
Tiempo después, uno de los sospechosos, Luis, se dio a la fuga. En agosto de 2016, la Fiscalía Departamental publicó edictos en un diario para que se presentara a declarar, pero nunca más se supo de su paradero.
A partir de ello, la intención de la empresa y el banco habría sido llegar a una conciliación. Así lo hizo conocer uno de los acusados, Beymar, quien, en una declaración informativa ante la Policía, admitió que sustrajeron Bs 480 mil, cantidad que estableció el banco, de los que devolvió Bs 435 mil.
Con uno de los sospechosos fugados, el Ministerio Público abrió un proceso penal por los delitos de robo agravado y manipulación informática contra el funcionario que dio la cara. La imputación refiere que robaron Bs 1,3 millones.
Desde un principio, Beymar negó esa cantidad. En su declaración informativa contó que manipularon 32 veces el sistema informático para extraer Bs 15.000 en cada oportunidad.
Interrogado por el investigador sobre si el monto señalado en la denuncia (Bs 1,3 millones) corresponde a lo sustraído, respondió que "no corresponde todos los montos porque solamente podíamos sacar la cantidad de 15.000 bolivianos porque la falla así lo reflejaba, si hubiera sacado otro monto el error sería diferente, por lo tanto, los montos que son mayores a 15.000 o menores a 15.000 no corresponde a lo que saqué".
En esa oportunidad, Beymar confirmó que los robos se registraron de agosto de 2015 a marzo de 2016, cuando fueron descubiertos.
El imputado hizo notar en su declaración que "antes de que ocurrieran los hechos los cajeros presentaban errores, uno en específico, el cual hacía que los contadores se resten un número, pero la suma total no presentaba errores". Dijo también que esos "errores fueron reportados a la empresa contratista y al banco, pero no hicieron nada para solucionar", lo que les dio seguridad para perpetrar el robo.
Se conoce que el proceso judicial se activó en 2018, al parecer, porque la conciliación no prosperó. Este diario quiso recabar mayor información del Banco Unión en Sucre solicitando una entrevista con Gerencia General, que respondió que ese tema corresponde a la Gerencia Nacional.
Está en marcha el proceso penal por robo agravado contra Beymar, quien se defiende con medidas sustitutivas.
Exabogado de Gabriela Zapata: 'Tuvimos que dejar el país por esta infamia orquestada por el Gobierno'
¿Cómo se ve desde Perú el caso Zapata?, ¿cómo ha hecho seguimiento del tema?
En mayo se cumplen los tres años que estoy fuera del país, debido a que simplemente el Gobierno ha tratado de ocultar el tráfico de influencias y, por supuesto, ha buscado autores en cualquier lado. Así, las personas que nos dedicamos exclusivamente a la defensa legal hemos sido involucrados para distraer con cortinas de humo. En este caso dos profesionales (se refiere también a Wálter Zuleta) tuvimos que dejar Bolivia, producto de esta infamia orquestada por personeros del Gobierno.
Usted fue procesado en el caso de la presentación del supuesto hijo falso de Zapata, ¿cuánto avanzó ese tema?
En el caso del hijo fui procesado por el delito de trata de personas, donde el verbo rector es justamente la explotación sexual o laboral, de una dama o un niño. Para que vean cómo se han manejado los procesos con los pies. Ese proceso, en este momento, supe que había una imputación formal contra mi persona, y de ahí se quedó. Lo que digo es que para obtener mi refugio aquí en Perú, mostré la imputación formal, presenté a la Cancillería y esta repartición estatal me ha otorgado el refugio de manera inmediata, porque vieron que era tan grosera la persecución que me hacían. El trámite salió favorable en menos de una semana.
Si hubo ese delito, fue de parte de los padres del niño. Habrá, además una instigadora que se llamaría Gabriela Zapata, pero jamás el abogado.
¿Avanzó algo el proceso?
No ha empezado. Sé que hubo dos condenados, y son los papás del niño. Por supuesto, porque ambos tienen la posición de garantes. Es decir, como hablamos de un menor de edad, quienes tienen la tenencia y la tutela son los padres y ellos deberían velar por su bien, no ofrecerlo por una cantidad de dinero, como se denunció. Creo que a la mamá le dieron tres años y al padre un poco más, pero no hay nada más avanzado. Esta condena fue por presentar ante la justicia a un niño que no era el hijo del presidente y de la señora Zapata.
¿Usted nunca participó en el supuesto montaje?
Por supuesto que mi persona no estuvo metida en nada de esto. Yo he creído en la señora Gabriela Zapata. Yo fui con la jueza, que ahora es vocal de la Corte Superior de Justicia de La Paz, con el equipo multidisciplinario, integrado por la trabajadora social, sicóloga y la representante de la Defensoría; yo las llevé en mi vehículo. Ellas entrevistaron al menor, y luego me retiré. Por supuesto que fui tan sorprendido como cualquiera de esas profesionales. Pero como estaba en medio un tema político, tenían que echar la culpa a alguien, soy carne de cañón del Gobierno.
¿Quién era la jueza que ahora es vocal?
Jacqueline Rada, ella dictó la resolución de la no existencia del menor, y se fue más allá de sus atribuciones, cuando era una demanda de maltrato sicológico, emitió una determinación más allá de su competencia.
¿Qué hace para subsistir?
ice la convalidación de mi título de abogado. Estoy en la profesión libre, gracias a Dios. Soy exitoso en un país que me recibió muy bien. Saqué a más de 30 personas de la cárcel y así, poco a poco me hago conocido.
Gabriela Zapata tramita recurso para reducir su condena y quedar libre
Gabriela Zapata, la ex pareja del presidente Evo Morales, logró que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, a cargo del magistrado cruceño Olvis Égüez admita el recurso de casación. Se trata de la última instancia de apelación que tiene la justicia boliviana y que en promedio se sabe que rechaza al menos ocho de cada diez casos que recibe. Así, busca reducir su condena de 10 años de cárcel que cumple en el penal de Miraflores, de La Paz, por el caso que se abrió tras el escándalo por el supuesto tráfico de influencias, debido a que el Gobierno adjudicó millonarios contratos a la empresa China CAMC , de la que fue gerente.
La admisión se puede confirmar en la página oficial de la Corte Suprema. A partir de la Ley 1970, la Sala Penal del Tribunal dicta dos decisiones cuando recibe un recurso de casación. La primera es el auto supremo de admisión o inadmisibilidad. En este caso, la novedad es que ya lo admitió. Y el segundo, decide el fondo del caso, si se confirma o revoca la sentencia.
El abogado Iván Lima, quien fue magistrado en esa Sala, reveló que "en los 18 años de trabajo del Tribunal Supremo se tiene que más del 85% de los recursos de casación (al menos ocho de cada diez) se declaran inadmisibles. Incluso si el caso es admitido, en muy pocos casos se aceptan los argumentos y se cambia las decisiones previas".
Esa segunda parte está por definirse. EL DEBER intentó comunicarse con el abogado de la reclusa, e incluso intentó visitarla en el penal de Miraflores, pero no consiguió resultados favorables.
"¿Gabriela Zapata?", preguntó un guardia de seguridad. "¿Es familiar, amigo?", interrogó, a lo que el interlocutor respondió "ella me conoce, ¿puede preguntarle si me quiere recibir?". El uniformado sonrió, y replicó: "A ver, ella recibe solamente a visitas selectas". Minutos después volvió a salir: "Dice que no es familiar ni amigo, que cree que es periodista, y no puede recibirlo ahora"
La exnovia del presidente Evo Morales no ha perdido el glamour. Otras reclusas y familiares de internas en este centro penitenciario comentaron que raras veces se deja ver dentro del penal, pero cuando lo hace siempre luce su figura, sus uñas bien pintadas y el peinado bien cuidado. Una de ellas comentó que deja a su paso una fragancia a perfume francés.
El 23 de mayo de 2017 la exgerente de la empresa china CAMC fue condenada por el juzgado I de Sentencia de La Paz a 10 años de cárcel por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso de bienes y servicios públicos.
En la indagación, abierta en enero 2016 y que para el MAS llevó al mandatario a la derrota en el referéndum del 21-F que dijo no a su repostulación, el Ministerio Público determinó que Zapata sostuvo reuniones con empresarios e inversores privados en oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia sin ser funcionaria. Además, como gerente de CAMC, habría influido para lograr millonarios contratos con el Estado.
El 13 de julio de 2018, la Sala Penal Segunda, de La Paz, ratificó la sentencia. Fue entonces que la defensa de Zapata y otros implicados enviaron el caso a Sucre e ingresó a la Sala Penal el 22 de enero de este año.
Se supo que el comité de admisión revisó si la casación cumplía con todos los requisitos y procedimientos, y emitió el auto de admisión en la Sala de Égüez.
Las huellas que dejó el caso son profundas. Pilar Guzmán, la tía de cariño de Zapata, estuvo implicada y fue recluida en la cárcel hasta hace algún tiempo. Ella, ya en libertad, hizo llegar el mensaje de que "no sabe nada ni quiere saber de Gabriela"
Tres abogados defensores fueron procesados, uno de ellos estuvo en prisión y otros dos salieron del país y residen en Perú.
Eduardo León estuvo 343 días recluido en el penal de San Pedro acusado de usar una libreta militar falsificada para lograr su título profesional, luego de que la justicia había declarado su detención domiciliaria porque supuestamente formaba parte de un complot para presentar a un hijo falso de Morales y Zapata.
El jurista aseguró que la admisión de la casación demuestra, una vez más, que "la señora Zapata fue beneficiada en este proceso de manera absolutamente ilegal". Aseguró que el juicio fue maratónico, y que se buscó la pena más benigna. "Así, llegando a los tres o tres años y medio, pueda tramitar un beneficio de extramuro o libertad condicional".
En el mismo proceso otro de sus exabogados, Wálter Zuleta, fue condenado a tres años de presidio en San Pedro, al ser hallado culpable de los delitos de contribuciones y ventajas ilegítimas en grado de complicidad y uso indebido de bienes y servicios públicos en grado de complicidad en este mismo caso, y también presentó el recurso de casación.
La propia esposa de Zuleta fue quien tramitó el recurso en Sucre. Este medio no pudo contactarlo para conocer su criterio.
Quien sí habló desde Lima fue el tercer abogado, William Sánchez Peña, involucrado en el proceso por el supuesto hijo falso.
"Mi criterio es que se ha sentenciado a algunas personas, incluida la señora Zapata, por tráfico de influencias; sin embargo, no se quiere decir nada sobre cómo se generó. Lo raro es que hubo contrataciones por más de $us 500 millones en obras públicas con invitaciones directas.
La empresa china CAMC ni siquiera fue convocada, ni a los ministros que generaron las invitaciones directas", dijo.
Este medio confirmó que la empresa china aún opera en la avenida Sánchez Bustamante, esquina de la calle 13 en la zona sur de La Paz. Tiene sus oficinas en el edificio Calacoto Bussines Center, piso quinto.
Además, se contactó con el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, quien al contestar su celular dijo que no escuchaba bien y cortó la comunicación, pero posteriormente, apagó su móvil y no se pudo hablar con él.
El candidato a la Presidencia por Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, declaró la semana pasada que, durante los tres últimos años, las investigaciones en la Fiscalía y la justicia sobre presuntas irregularidades en las contrataciones y adjudicaciones de obras con la empresa china no avanzaron, lo que para él, es una muestra de la protección en un caso que involucra a la expareja del presidente Morales. Desde el oficialismo le recordaron que formó parte de la comisión parlamentaria que indagó el caso y lo acusaron de padecer de amnesia.
Jhasmani Ramiro T. L.: “Toda persona a la que le he cobrado me ha pedido que se lo cobre una deuda”
Después de dos meses de permanecer en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en La Paz, Jhasmani T. L. retornó a Cochabamba para participar de una serie de actuaciones que tienen relación con tres casos: videos, mecánico y consorcio.
En los cinco días que estuvo en la ciudad, el "abogado torturador" -como muchos lo conocen- se mostró accesible con los medios e, incluso, en algunos casos sarcástico ante las cámaras de televisión.
En una entrevista con Los Tiempos dijo que no le preocupa la imagen que la gente tiene de él, pero sí cuestionó que algunos de sus colaboradores "hablen cosas que no son".
- ¿Quién es Jhasmani Ramiro T. L.?
- Abogado de profesión, padre de familia, amador de sus hijos. Ése soy yo.
- ¿Cuántos años ejerce la profesión?
- Diecisiete años en el ejercicio de la profesión como abogado penalista.
- ¿Cómo asume usted la imagen pública que tiene ahora?
- La imagen que se me da a través de los medios de prensa no me afecta mucho porque no vivo de los comentarios de la gente. Pero sí me preocupa el impacto que pueden tener esos comentarios maliciosos o insidiosos de algunos medios de prensa con relación a mi familia. Vuelvo a decir Jhasmani T. puede estar siendo juzgado por procesos penales de distinta índole, pero de ahí a que sea delincuente, no lo soy. Lo que sí, soy una persona muy preocupada por el aspecto de mi familia y mis hijos porque sí soy un buen padre de familia.
- ¿Había un nexo entre Jhasmani con la Policía? ¿Usted ofrecía defenderlos de manera gratuita a cambio de favores ?
- Totalmente falso, mi trabajo como defensor es enteramente profesional. Yo puedo defender tanto a un policía como a un fiscal, un juez, defenderlo, pero no por el hecho que lo haya defendido esta autoridad tiene un compromiso posterior conmigo. Eso no es ético ni leal.
- ¿Qué pasa con la vocal María Anawella T. P. y los otros detenidos?
- Se empezó a imputar a funcionarios de la Policía, a fiscales y autoridades judiciales con solamente declaraciones incriminatorias de personas que supuestamente trabajaban en mi entorno. O sea, un "x" asistente que dice que sabe que yo tenía un vínculo con "x" autoridad y eso fue suficiente para agarrar y procesar a las autoridades.
Si la declaración de una persona es verdad absoluta como para meter presos a un juez, un vocal o a un policía, creo que estamos muy mal.
- ¿Cree que existen documentos físicos y digitales que lo incriminan?
- Dicen que existe un refuerzo documentado por lo que supuestamente encontraron en mi computadora, es absurdo porque hasta ahora sé que mi computadora no la lograron abrir. Pero sí sé que sacaron bastantes documentos de mi oficina, documentos personales, de los casos que atendí, pero a razón de un allanamiento ilegal.
- Se le acusa de ser líder de un consorcio.
- Tener un consorcio es ilegal, pero yo sé que no he tenido un consorcio, tengo una oficina jurídica que ha estado compuesta por profesionales abogados, de ahí que muchos de los colegas se hayan dejado encandilar con las comodidades, el lujo y el ingreso económico de la oficina, maravilloso; pero llegado el momento se ponen a declarar cosas que no son.
- ¿Cuánto tiempo ya lleva cobrando este tipo de deudas?
- No es mucho, pero toda persona a la que he cobrado un dinero ha terminado pidiéndome que también le ayude a cobrar otros dineros.
- ¿Les decía a sus clientes cómo hacía los cobros?
- Les digo las formas estrictamente legales (…) Pero los clientes que vienen, vienen con la consigna de: "Doctor sería bueno que usted le cobre como usted sabe porque es más fácil y es más rápido. Ayúdeme a recuperar mi dinero".
- ¿A cuánta gente ha cobrado?
- Unos cuantos, no son muchos uno no los cuenta, es como me dijeras cuántos proceso has atendido en toda tu vida. (Se ríe)
- ¿Cómo tomó su traslado de El Abra a Chonchocoro?
- Eso sí es una injusticia, porque se me está vulnerando la unidad familiar, derecho al juez natural y defensa efectiva. En el tema de salud, mi pie derecho tiene una infección, se está pudriendo por dentro.
Tengo que hablar con mis traumatólogos para considerar la amputación de mi pie .
FICHA PERSONAL
Jhasmani Ramiro T. L.
Edad: Cumplió sus 39 años en la cárcel de El Abra (nació el 5 de enero de 1980).
Profesión: De profesión abogado, estudió e la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón y se tituló por excelencia.
Apodo: Sus compañeros de la universidad y sus colaboradores, además de sus familiares, le llaman "Jhas".
Albarrancho: seis personas van a prisión por disputa de predios
Seis de las 17 personas detenidas por el conflicto de tierras en la zona de Albarrancho, en la ciudad de Cochabamba, fueron enviadas ayer con detención preventiva a las cárceles de San Sebastián, San Antonio y El Abra.
La Fiscalía acusó a los imputados por los presuntos delitos de lesiones gravísimas, además de tenencia y portación ilegal de armas y explosivos, informó el abogado de uno de los heridos, Pablo Romero.
Desde el Comando Departamental de la Policía reportaron que el enfrentamiento del pasado viernes dejó tres heridos. Uno de ellos perdió una mano por la explosión de una dinamita. En tanto que a otro le extrajeron dos balines, confirmó.
Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) encontró rastros de cachorros de dinamita, machetes, palos y agentes químicos caseros en el lugar donde se produjo el incidente.
"Cuatro mujeres se han beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva en mérito a que han presentado diferentes elementos arraigadores, en mérito a que han acreditado familia, domicilio y actividad lícita", informó el abogado de una acusada, Juan Góngora.
El jurista explicó que la audiencia de 11 aprehendidos se desarrolló ayer en ambientes de la Estación Policial Integral (EPI) del Norte.
La audiencia de otras seis personas se llevó adelante en los mismos ambientes el sábado. "Todas obtuvieron libertad porque no se encontró indicios de autoría ni responsabilidad en los hechos", detalló Romero.
Familiares y conocidos de los acusados aguardaron la resolución del juez en puertas del edificio policial por más de cinco horas con una vigilia.
Efectivos tuvieron que intervenir en varias oportunidades para evitar agresiones físicas entre la gente que apoyaba a los acusados y otra que respaldaba a los heridos. Ambos grupos denunciaron que existen avasallamientos en los predios.
Doscientos quince hectáreas de las tierras en disputa fueron declaradas en 2013, por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como fiscales. Sin embargo, la resolución se revocó con un amparo que presentó la familia Olmedo en un juzgado de Ivirgarzama en el trópico.
Según el relato de los heridos, los agresores llegaron al lugar, en buses de la línea Q, armados, los golpearon y destruyeron sus viviendas sin motivo.
Tras el hecho, el representante del grupo Olmedo, Carlos Olmedo, dijo que cuenta con el derecho propietario de 315 hectáreas y acotó que tres sindicatos de cocaleros están asentados como poseedores.
En los últimos días, la filtración de más de 150 audios que revelan la posible existencia de una red para traficar tierras hizo que legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la oposición se pronuncien exigiendo que se investigue los alcances. En las grabaciones se menciona el nombre de autoridades de la Alcaldía, del Concejo y del INRA.
SUBCENTRAL: COMUNARIOS EXIGEN SANEAMIENTO
Julia Orellana, representante de la subcentral Albarrancho, adelantó que solicitarán garantías a la Policía porque temen que la familia Olmedo tome represalias contra los dirigentes de cinco comunidades agrarias que solicitaron que el INRA sanee los predios a favor de los pobladores del sector.
"Estamos en posesión de esas tierras desde 1954. En la reforma agraria se quedaron como reserva para beneficiar al sector de Albarrancho", manifestó.
Comentó que el conflicto data de 2009 aproximadamente y negó estar involucrada en hechos irregulares.
Orellana comentó que presentará hoy documentación que muestra el alcance de la red de corrupción que existe para urbanizar la zona.
Jhasmany reivindica sus métodos de "trabajo" y critica a la justicia
FOTO: APG
FOTO: APG
Organización criminal
Familia
La Policía detecta "mercado negro" de venta órganos en el Hospital Obrero
Tres personas fueron aprehendidas por la "venta ilegal" de órganos y otros tres trabajadores del Hospital Obrero están arrestados en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). La Policía informó que se encontró "un mercado negro" por la venta de órganos al interior del nosocomio.
"Existe un mercado de negro de órganos que se disfraza bajo la convicción de donación. Existen personas que se encargan de reclutar a donantes que tienen que presentar ciertas características que las hacen viables", informó el director Departamental de la FELCC, coronel Jhonny Aguilera.
La autoridad policial indicó que las personas aprehendidas son una paciente que se encuentra en el Hospital Obrero, su hija y la donante de uno de sus riñones. Y los arrestados son un cirujano, un nefrólogo y un pasante.
El director de la FELCC contó que el 20 de marzo, familiares denunciaron la desaparición de una mujer y sus cuatro hijos. La División de Trata y Tráfico a cargo de la capitán, Gabi Coca, realizó la búsqueda en distintos nosocomios de esta ciudad y la morgue, es así que dieron con el paradero de la desaparecida que se encontraba en el Hospital Obrero.
En la entrevista con la señora, ella dijo a los policías que ella es parte de un grupo de WhatsApp en el que ofrecían la venta de órganos bajo el epígrafe de donación. "De esta forma sabemos que hay una persona que iba a recibir este órgano, para esto estaba cancelando seis mil dólares. En (noviembre de 2018) le entregó 500 dólares que se encontraba enmascarado en un contrato criminal porque se fingía un préstamo como parte de esta entrega de dinero", detalló.
La División de Trata de Personas se apersonó al Hospital Obrero y se había programado una cirugía para este viernes, pero no se encontraba registrado en el documento la intervención para la autoridad policial. Esto es sinónimo de "corrupción", porque hubo una omisión de los pasos administrativos.
El director departamental de la FELCC señaló que la mujer que iba a vender uno de sus órganos se sentía acosada y presionada para que se continúe con los tratamientos de trasplante.
"Ella se encontraba acosada para que se someta para el trasplante porque una funcionaria la llamo y le dijo que debería presentarse el día de ayer para continuar con los tratamientos que iban habilitar la operación y si no lo hacia ella iba a sufrir una serie de sanciones", explicó la autoridad policial.
La Policía arresta a tres galenos y aprehende a tres personas por tráfico de órganos
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) arrestó a tres médicos del Hospital Obrero de La Paz y aprehendió a tres personas acusadas de tráfico de órganos, informó el jueves el director de esa unidad policial, Johnny Aguilera.
"La División de Trata y Tráfico de Personas de la FELCC procedió con la aprehensión y arresto de seis personas por la presunta comisión del delito de venta y disposición ilegal de órganos", explicó en conferencia de prensa.
Informó que la División de Trata y Tráfico realizó un operativo después de recibir información de inteligencia y del patrullaje cibernético.
Remarcó que la vendedora, la compradora y la intermediaria en la venta de un riñón están aprehendidas en las celdas de la FELCC, y serán transferidas al Ministerio Público.
En el caso de los médicos, el jefe policial informó que tenían programado el trasplante para el viernes, pero esa intervención quirúrgica no estaba registrada, en franca vulneración de procedimientos y protocolos.
Policía exhibe celulares robados y agiliza proceso de devolución
Madre angustiada sufre por la desaparición de su hija
Una madre de familia se encuentra angustiada debido a la desaparición de su hija adolescente, quien habría una carta despidiéndose de su familia hace casi dos meses al ausentarse del hogar, reportó radio Ichilo de la Red ERBOL.
La familia es de San Carlos de Yapacaní en la provincia Ichilo, región conocida como el Norte Integrado del departamento de Santa Cruz.
El pasado 25 de enero, la hija de 14 años salió de madrugada, llevando consigo documentos, una cantidad de dinero y dejando una carta donde indicaba que quería a su familia, pero estaba "muerta" y que no la busquen.
"Cuando me levanté a las cinco de la mañana mi hija no había estado en su cama" relató preocupada la mujer, quien aclaró que nunca dio malos tratos ni golpes a su hija. La señora también dijo que algunas personas le informaron que la habían visto en las ciudades de Yapacaní y Montero.
"Lo único que quiero saber es dónde está mi hija y cómo está, para no sufrir y que mis hijos no sufran", acotó la desesperada madre.
"Día a día ando en la calle buscando, no hay noticias; sin comer sin nada ando", lamentó.
La madre no descarta que se trate de un caso de trata y tráfico, puesto que sugiere que la adolescente N. L. haya sido seducida con engaños por alguna pareja.
Mujer es condenada a 18 años de cárcel por trata y tráfico
El Fiscal Departamental de Tarija, Aimoré Álvarez, informó que el Tribunal de Sentencia Primero condenó a 18 años de cárcel a Susy Romina Dorado Estrada por explotación sexual a una menor de edad.Oficial golpeaba a mujer en unidad policial de Chapare
Una mujer de 21 años, a punto de dar a luz, denunció ayer al teniente de la Policía, Marcelo R. C. por violencia física y psicológica. Según la declaración de la víctima, que ya está siendo procesada en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el oficial vivía con ella dentro de la unidad policial de Chimoré —donde él comandaba—, la encerraba y agredía, incluso cuando estaba ya en gestación.
"En diciembre de 2018 logré escapar (de la unidad policial). El 26 de diciembre denuncié al teniente ante la Felcv y la Didipi (Dirección Departamental de Investigación Interna), pero, como es policía, sus compañeros le encubrieron todo", contó entre lágrimas.
Ninguna de las denuncias prosperó pese a las pruebas presentadas y la declaración de la víctima ante estas instancias policiales. La denuncia puesta en la Felcv no fue remitida al Ministerio Público. "Media hora después de haber puesto la denuncia, él me llamó para decirme que sabía lo que estaba haciendo, me dijo que me cuidara", señaló la víctima.
Días después, una cabo que trabaja en esta unidad se contactó con la denunciante para decirle que se había comunicado con el agresor y que éste se comprometía a no volver a molestarla más.
Sin embargo, según algunas fuentes policiales consultadas por este medio, el teniente tendría influencias con el sector cocalero, pero además su padre sería notario en Villa Tunari.
"Los policías escuchaban mis gritos, ellos sabían que me pegaba y que me tenía encerrada, pero no quisieron hacer nada por miedo. Él es una persona muy influyente", señaló la víctima.
Al respecto, el comandante departamental de la Policía, Raúl Grandy, dijo que pidió la documentación correspondiente del caso a las instancias policiales cuestionadas y aseguró que se hará seguimiento "prolijo" de la denuncia.
Según la víctima, la última vez que fue agredida fue diciembre, cuando tenía seis meses de embarazo, y ahora el uniformado, que fue derivado a otra unidad en la ciudad, incluso deslindó la paternidad. "El otro día fui a buscarle a su trabajo y se fue corriendo, pese al estado en el que estoy me hizo correr tras él", dijo.
Las Mujeres de Fuego se contactaron con la víctima para prestarle ayuda en el caso.
"Los policías escuchaban mis gritos, pero no hacían nada porque él era su jefe"
