Seis de las 17 personas detenidas por el conflicto de tierras en la zona de Albarrancho, en la ciudad de Cochabamba, fueron enviadas ayer con detención preventiva a las cárceles de San Sebastián, San Antonio y El Abra.
La Fiscalía acusó a los imputados por los presuntos delitos de lesiones gravísimas, además de tenencia y portación ilegal de armas y explosivos, informó el abogado de uno de los heridos, Pablo Romero.
Desde el Comando Departamental de la Policía reportaron que el enfrentamiento del pasado viernes dejó tres heridos. Uno de ellos perdió una mano por la explosión de una dinamita. En tanto que a otro le extrajeron dos balines, confirmó.
Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) encontró rastros de cachorros de dinamita, machetes, palos y agentes químicos caseros en el lugar donde se produjo el incidente.
"Cuatro mujeres se han beneficiado con medidas sustitutivas a la detención preventiva en mérito a que han presentado diferentes elementos arraigadores, en mérito a que han acreditado familia, domicilio y actividad lícita", informó el abogado de una acusada, Juan Góngora.
El jurista explicó que la audiencia de 11 aprehendidos se desarrolló ayer en ambientes de la Estación Policial Integral (EPI) del Norte.
La audiencia de otras seis personas se llevó adelante en los mismos ambientes el sábado. "Todas obtuvieron libertad porque no se encontró indicios de autoría ni responsabilidad en los hechos", detalló Romero.
Familiares y conocidos de los acusados aguardaron la resolución del juez en puertas del edificio policial por más de cinco horas con una vigilia.
Efectivos tuvieron que intervenir en varias oportunidades para evitar agresiones físicas entre la gente que apoyaba a los acusados y otra que respaldaba a los heridos. Ambos grupos denunciaron que existen avasallamientos en los predios.
Doscientos quince hectáreas de las tierras en disputa fueron declaradas en 2013, por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como fiscales. Sin embargo, la resolución se revocó con un amparo que presentó la familia Olmedo en un juzgado de Ivirgarzama en el trópico.
Según el relato de los heridos, los agresores llegaron al lugar, en buses de la línea Q, armados, los golpearon y destruyeron sus viviendas sin motivo.
Tras el hecho, el representante del grupo Olmedo, Carlos Olmedo, dijo que cuenta con el derecho propietario de 315 hectáreas y acotó que tres sindicatos de cocaleros están asentados como poseedores.
En los últimos días, la filtración de más de 150 audios que revelan la posible existencia de una red para traficar tierras hizo que legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la oposición se pronuncien exigiendo que se investigue los alcances. En las grabaciones se menciona el nombre de autoridades de la Alcaldía, del Concejo y del INRA.
SUBCENTRAL: COMUNARIOS EXIGEN SANEAMIENTO
Julia Orellana, representante de la subcentral Albarrancho, adelantó que solicitarán garantías a la Policía porque temen que la familia Olmedo tome represalias contra los dirigentes de cinco comunidades agrarias que solicitaron que el INRA sanee los predios a favor de los pobladores del sector.
"Estamos en posesión de esas tierras desde 1954. En la reforma agraria se quedaron como reserva para beneficiar al sector de Albarrancho", manifestó.
Comentó que el conflicto data de 2009 aproximadamente y negó estar involucrada en hechos irregulares.
Orellana comentó que presentará hoy documentación que muestra el alcance de la red de corrupción que existe para urbanizar la zona.
