Archive for mayo 2017
Cinco libros de Derecho Civil.
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1.- COMPENDIO DE DERECHO CIVIL I – RAFAEL ROJINA VILLEGAS.
Simplemente uno de los mejores civilistas, te recomiendo ampliamente sus obras, este libro es sobre las Personas y la Familia.
2.- COMPENDIO DE DERECHO CIVIL II – RAFAEL ROJINA VILLEGAS.
3.- LA FILIACION – MARÍA JOSEFA MÉNDEZ COSTA.
Este libro toca temas como la filiación, nexo biológico, nexo jurídico, unidad de filiación y su proyección legal, consagración legal de la unidad de la filiación a nivel internacional e interno constitucional, aplicación del principio de la unidad de la filiación en derecho positivo privado extranjero, entre otros.
4.- DERECHO CIVIL – JORGE A. SÁNCHEZ-CORDERO DÁVILA.
Un compendio que agrupa todos los temas del derecho civil: personas, bienes, sucesión, obligaciones y familia.
5.- ESTUDIOS DE DERECHO CIVIL – IGNACIO GALINDO GARFIAS.
Este libro toca temas de filiación adoptativa, asociaciones y sociedades, el ilícito civil, interpretación e integración de la ley, evolución de la reforma agraria mexicana, contratos civiles etc.
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Elecciones Judiciales / Compromiso: el CEUB se alejará de la evaluación si ve injerencia política
Postulantes para magistrados
Frente al cuestionamiento de un rol supuestamente figurativo del sistema universitario en la preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), mediante carta, advirtió que se alejará "en cualquier momento" de dicho proceso si los partidos políticos intentan controlar de hecho a los tribunales evaluadores o interfieren en el trabajo de la comisión de profesionales universitarios. El oficialismo, por su parte, también por carta, ratificó que la labor del equipo académico será "protagónico" y que los criterios que éste emita "se respetarán".
Descreída, también por carta, la oposición reiteró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizará al sistema universitario como una "figura decorativa" para legitimar una preselección "sesgada" en favor de sus candidatos. Por ello, adelantó una "fiscalización constante" del proceso.
Si hay algo que diferencia a los reglamentos de preselección de 2011 y 2017 es la introducción del Sistema Universitario Boliviano (SUB) como actor de dos tramos (de tres) del proceso de evaluación. De los 100 puntos de calificación, 40 se llevará la "evaluación curricular", 30 la "evaluación escrita", y 30 la entrevista; los dos primeros estarán a cargo de la Universidad. Para ello, el SUB designará a ocho académicos.
El secretario ejecutivo de la CEUB, Gustavo Rojas, indicó que la Universidad envió, el 2 de mayo, una carta a las bancadas del Legislativo; en ésta demanda que la labor de la Comisión Universitaria de Académicos debe ser "protagónica y no figurativa", por lo cual los criterios que emitan tendrán que ser "respetados" por la Asamblea Legislativa para "contribuir de manera efectiva" en la preselección de los candidatos.
Por ello, Rojas dijo que el sistema universitario planteó la firma de "un compromiso o acuerdo nacional" entre los partidos políticos para que, renunciando a sus aspiraciones propias, se comprometan "a respetar el reglamento y los procedimientos propuestos por el SUB asegurando que la población vote para elegir profesionales probos en cuanto a capacidad profesional, solvencia académica y trayectoria transparente".
Espere…
"El acuerdo busca que los partidos políticos se comprometan a que no haya interferencias políticas, a que no haya sesgos, ni malinterpretar los resultados que se emitan de las dos evaluaciones en las que la Universidad está a cargo y que las calificaciones de los postulantes sean respetadas en todas las instancias hasta que lleguen a las elecciones del 22 de octubre", afirmó Rojas.
Caso contrario, el directivo del CEUB advirtió que, según la carta remitida al Legislativo, "en el supuesto no consentido de que sigan vigentes la obsesiva intención de controlar fácticamente los tribunales o interferir con el trabajo de la comisión de profesionales, por parte de los partidos políticos, tendremos que lamentar nuestro alejamiento para no ser cómplices de esa anomalía".
El ejecutivo alertó que si el sistema universitario ve que "en cualquier momento" existen "interferencias políticas" del oficialismo, de los partidos de la oposición o de cualquier otra instancia en la labor y evaluación de la comisión de profesionales de los postulantes, la Universidad no participará del proceso.
Ante esto, los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, José Alberto Gonzales, enviaron, el 10 mayo, una respuesta a la institución académica ratificando que el trabajo que efectuarán los ocho integrantes de la Comisión Universitaria de Académicos "será protagónico; por tanto, los criterios que emitan serán respetados en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial".
En la carta del MAS se señala que todos los parámetros de evaluación se basan en criterios técnicos, académicos, de experiencia y de valoración ética que recoge la propuesta del SUB, que tiene experiencia en procesos de evaluación y calificación.
"El hecho de que el Reglamento y sus anexos fueron aprobados en la sesión de la Asamblea Constituye es un tácito compromiso de cumplimiento para todos y cada uno de los asambleístas, lo que garantizará la preselección de profesionales idóneos, meritorios y con trayectoria ética".
Dicho reglamento fue aprobado, el 29 de abril, tras varias modificaciones y una larga sesión, con los dos tercios de los votos del oficialismo, mientras la oposición no participó de la votación bajo el argumento de que no avalaría una norma que "da defunción a la Justicia", no obstante, los opositores anunciaron que fiscalizarán todo el proceso de selección.
Los jefes de bancada de Unidad Demócrata (UD) de Diputados, Wilson Santamaría, y de Senadores, Edwin Rodríguez, también remitieron una misiva al CEUB en la que reiteraron que están convencidos de que el MAS "usará a la Universidad como una figura decorativa para legitimar una preselección sesgada en favor de sus candidatos".
Ambos asambleístas destacaron la intención del sistema universitario de generar un cambio en la Justicia, empero —afirman— "mientras el MAS no tenga la mínima intención de modificar su reglamento para conformar una verdadera comisión académica independiente, que ustedes encabecen, en la cual tengan un carácter protagónico fuera del manoseo político este proceso de preselección, volverá a fracasar como ocurrió en la gestión 2011".
Rojas señaló que, en su criterio, la carta enviada por el oficialismo ratifica que no existirá una "interferencia política" en el trabajo de la comisión académica para preseleccionar a los candidatos a autoridades judiciales, mientras que la oposición de la misma manera remarca que no habrá ninguna injerencia política y que fiscalizará el proceso.
"En mi posición personal, las cartas enviadas han sido positivas porque ya tenemos el compromiso de dos partidos políticos", apuntó Rojas.
El 16 de octubre de 2011, por primera vez se eligieron mediante voto a autoridades judiciales tras un proceso de selección cuestionado por aspectos como la minimización de los criterios de meritocracia.
En la primera fase, la comisión de profesionales y las comisiones mixtas revisarán los documentos de los solicitantes sobre su formación académica, su producción intelectual y trayectoria profesional.
En la segunda fase, el equipo académico se encargará de la evaluación escrita —que es un nuevo requisito incorporado al Reglamento— y para ello elaborará unas 720 preguntas para formular cuatro exámenes, uno para cada tribunal y para el consejo.
Para el diputado oficialista Manuel Canelas la inclusión de la prueba escrita en la evaluación de los candidatos busca dar "mayor prioridad" a la meritocracia, la cual admitió que "no tuvo o no fue lo suficientemente significativa" en la elección de magistrados de 2011.
La diputada del partido de oposición Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa señaló que si bien se han efectuado "modificaciones positivas" en dicho Reglamento como la inclusión de una comisión del sistema universitario y la prueba escrita, el "tema de fondo" es que pese a los cambios lo que se mantiene como ocurrió en 2011 es que de la lista de candidatos habilitados el MAS elegirá con dos tercios de los votos a 'sus' candidatos a magistrados.
"Todos los cambios que se han hecho terminan en nada y no tienen ninguna significancia si al final el resultado será el mismo, porque la decisión final para seleccionar a los candidatos, pese a que tengan buenas notas, está en manos del MAS y elegirán a quienes son funcionales o cercanos al oficialismo, como pasó en la elección del Defensor del Pueblo, los vocales departamentales electorales o del Tribunal Supremo Electoral (TSE)", aseguró Costa. Canelas justificó que el hecho de que dos tercios del puntaje de la evaluación curricular y escrita (70% de la nota) para la preselección esté en manos de especialistas del sistema universitario, busca precisamente "despejar susceptibilidades".
En la fase de entrevistas, los delegados del sistema universitario solo serán observadores, señaló Rojas. Al respecto, la oposición criticó que la universidad solo participe como veedor en dicha entrevista y no evalúe de forma oral el conocimiento de los solicitantes.
La Universidad tendrá un papel 'protagónico'
Los criterios de la comisión de profesionales designada por el sistema universitario tendrán un papel protagónico y se respetarán en todo el proceso de evaluación de los postulantes a magistrados y ratificamos que ese proceso será transparente. Y su participación no será de "floreros", como afirmó la oposición. Por esto, las universidades no deben desconfiar del proceso.
Si no se tiene ética, los méritos no son válidos
La elección de magistrados en 2011 no fue meritocrática, pero ahora sí se tomará en cuenta los méritos pues 70 puntos suman la evaluación curricular y escrita pero los otros 30 puntos que vale la entrevista los evalúa el MAS, lo cual es subjetivo. Empero, de qué validez sirven todos los títulos si no hay ética e integridad en los profesionales si éstos se ponen al servicio de un gobierno.
Debían sumarse más instancias a evaluación
Me parecía más pertinente que a la comisión de profesionales se sumen instituciones de la sociedad civil y personalidades reconocidas que participen en la evaluación de la preselección de los postulantes. La evaluación curricular y escrita que hará la universidad ayudará a verificar la profesionalidad, pero debe garantizarse la transparencia y que el proceso sea abierto a la gente.
Exigencia de idioma nativo es innecesaria
El partido opositor Unidad Demócrata (UD) y dos analistas coinciden en que el requisito de hablar un segundo idioma oficial cuando el magistrado asuma el cargo es "innecesario" y que debería darse una flexibilidad para que se cumpla esta medida.
El Reglamento de preselección de candidatos dispone como requisito hablar al menos dos idiomas oficiales, lo cual debe ser acreditado ante el Tribunal Supremo Electoral antes de asumir el cargo, a través de una certificación emitida por una entidad autorizada para el efecto. Por ello, no será una petición que inhabilite a los postulantes.
El diputado del oficialismo Manuel Canelas explicó que el cambio de exigir a los candidatos que presenten una certificación de que hablan dos idiomas oficiales, uno originario, cuando las autoridades sean posesionadas "no tiene un interés muy relevante".
Agregó que la medida abre la posibilidad de que las autoridades judiciales electas tendrán un periodo de tiempo para obtener el conocimiento de otra lengua.
En 2011, el sexto requisito común del reglamento para la preselección de los candidatos a magistrados era hablar dos idiomas oficiales, pero en una de las disposiciones transitorias se disponía que esa obligación no se aplicaría "de manera excepcional" para esa primera elección judicial.
La diputada del partido de oposición Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa indicó que desde la emisión de la norma en 2012, que obliga a los funcionarios públicos a hablar dos idiomas oficiales —castellano y originario—, hasta ahora "no se aplica".
En esa línea, Costa afirmó que es una "reforma innecesaria" porque no se puede condicionar la capacidad de un funcionario público a hablar una lengua originaria para el ejercicio de su cargo.
La politóloga y socióloga María Teresa Zegada, por su parte, sostuvo que el requisito de hablar un segundo idioma originario debería implementarse a largo plazo ya que puede evitar la participación de personalidades con mucha capacidad en el área judicial y "obstaculiza más este proceso".
El economista Armando Ortuño sostuvo que el hablar un idioma originario debería ser un "proceso paulatino" y de mayor flexibilidad para los profesionales, a fin de que cumplan la medida.
Fuente.Elecciones Judiciales: Más sospechas de ‘cuoteo y boicot’ opacan inscripciones
Las sospechas de cuoteo y acusaciones boicot entre el oficialismo y la oposición se intensificaron este fin de semana, después que la Asamblea Legislativa bajo control del oficialista MAS, decidiera el viernes ampliar el plazo para la inscripción de más postulantes a magistrados y consejeros del Órgano Judicial.
La senadora Adriana Salvatierra (MAS), dijo al canal estatal que la práctica del cuoteo es típico de los partidos de la oposición y por ello boicotearon en forma permanente el actual proceso de inscripción, incluso días previos a la elaboración aprobación del reglamento de selección.
Salvatierra desempolvó recortes de prensa de 1999, donde los operadores políticos del gobierno y el hoy jefe opositor Samuel Doria Medina, daban señales de cuoteo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
"Son una serie de políticos que aparecieron y que con sus representantes en la Asamblea Legislativa, hoy pretenden a nosotros darnos lecciones de transparencia. El pueblo en ese entonces no decidía porque nunca existió una evaluación de meritocracia y porque todas las negociaciones se realizaban en un cuarto oscuro", manifestó.
Explicó que la ampliación del plazo es para permitir que varios interesados con trámites pendientes ante la Contraloría General, Órgano Electoral y Órgano de Justicia, puedan habilitarse al proceso de selección del cual saldrán 36 candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, 36 para el Tribunal Constitucional, 10 al Consejo de la Magistratura y 14 para el Tribunal Agroambiental.
Hasta este fin de semana existían 166 postulantes para las cuatro instancias del Órgano Judicial, mientras se espera que se presenten más candidatos ante la Comisión de Justicia y de Constitución de la Asamblea, en un plazo que se extendió hasta el 9 de junio.
MURILLO: "SON JANIWAS"
El senador opositor Arturo Murillo manifestó que no habrá ningún proceso de selección adecuada porque el MAS escogerá a sus preferidos con "los papelitos que les mandarán desde el frente (Palacio), indicando por quién votar, por tanto, no habrá renovación ni mejoras de justicia", advirtió.
"Es una pena. La población nos dio oportunidad de reconducir el tema judicial, pero el MAS es 'janiwa' (palabra aimara que define a una persona que no entiende las cosas). Es sordo no escucha ahora ni escuchará mañana. Ellos le van a meter nomás hasta que el pueblo les meta también contra ellos", manifestó.
COSTA: NADA OBLIGA A TOMAR AL MEJOR
La diputada opositora del mismo partido, Ximena Costa, dijo a Erbol que la designación de autoridades judiciales mediante voto popular, no resolverá el problema de la justicia, sino solo las cabezas porque así sean elegidos "los más grandiosos", no se arreglará el conflicto de los juzgados a todo nivel.
Recordó que si bien el actual reglamento es mejor que en 2011 porque las universidades calificarán hasta el 70% de la nota, no hay nada que obligue en el Reglamento a que se tome el puntaje como criterio de selección, es decir, si un postulante ingresa con el 100 puntos y el otro con 55, el MAS definirá políticamente.
"Por más que el Reglamento mejore, igualito al final del proceso, son los dos tercios del MAS que van a decidir a quiénes pone de candidatos y aquí viene un tema de fondo que se debe analizar: qué está pasando con la ética en el país, de qué sirve un magistrado con dos maestrías porque igualito se pondrá al servicio del MAS y se vende al poder", manifestó al remarcar su escepticismo por una pronta mejora de la justicia.
Separación de poderes del Estado
Para nadie es un secreto que la justicia boliviana está plagada de jueces corruptos y funcionarios venales, a lo que se suma la intromisión del Órgano Ejecutivo, que presiona y decide los asuntos de otros poderes del Estado, en franca transgresión a la Constitución Política. Lo peor es que abiertamente se ejercen acciones que van en contra de la independencia del sistema judicial con la aquiescencia y hasta compromiso de funcionarios que declinan dócilmente la cerviz y permiten la intrusión ajena. "A confesión de parte, relevo de pruebas", señala un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo libera a la contraparte de tener que probarlo.
No otra cosa significa lo que ocurre en el Órgano Judicial, que mediante sus mecanismos propios debiera analizar, evaluar, decidir, anunciar, fundamentar y defender sus determinaciones. Pero el Consejo de la Magistratura (CM), al parecer cedió sus prerrogativas al ministro de Justicia, Héctor Arce, quién informó que el CM destituyó a 130 jueces y vocales que tenían procesos, en cumplimiento del nuevo reglamento de evaluación de autoridades judiciales. Arce además, saludó ese reglamento y la determinación del CM de cesar de sus funciones a los "malos administradores de justicia que tienen en su contra sentencias condenatorias, acusación formal, imputación y más de dos procesos disciplinarios con suspensión".El Ministro de Justicia explicó que la determinación del Consejo "dignificará la justicia boliviana", y recordó que se enmarca en la Ley 898, de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia que se realizó en junio de 2016. Finalmente, el ministro anunció que aquellos cargos acéfalos en los tribunales departamentales de justicia serán cubiertos por los miembros de la primera promoción de la Escuela de Jueces.
¿Y en qué queda la Constitución Política del Estado? Recordemos que el artículo 12 de la CPE dispone que el Estado "se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos". "II. Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado". "III. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí".
En el artículo 184, inciso 5, establece, entre las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, la de "Designar, de las ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, a los vocales de los tribunales departamentales de justicia". Varios medios de comunicación recogieron opiniones de representantes de la Asociación de Magistrados y Jueces de Bolivia (Amabol), entre ellos, de David Rosales, quién anunció que el equipo jurídico de esta entidad trabaja en la elaboración de un amparo constitucional ante el anuncio de despido de jueces.
Se argumenta que hasta ahora no se conoce el nuevo reglamento que fue aprobado el viernes 05 de mayo, en base al que se efectúan las destituciones. Rosales, según publicaciones, explicó que luego del "estado de emergencia" que declaró Amabol, se remitió una solicitud para que se les extienda copia legalizada del supuesto reglamento aprobado, para recién analizar y plantear una postura oficial sobre base legal, ya que hasta la fecha se desconoce el contenido de ese documento, pero que según las declaraciones de las propias autoridades se estarían vulnerando, entre otros derechos, la presunción de inocencia de los jueces.
Es probable que la intención de depurar el sistema judicial haya movido al gobierno a acelerar acciones, pero existen normas y procedimientos que se deben seguir. También es posible que todos los jueces destituidos hayan infringido la ley, y que merezcan ser alejados de sus cargos y hasta enjuiciados, no obstante, todo ciudadano tiene derecho a ser escuchado y a defenderse de una acusación sobre la base del principio jurídico de un debido proceso.
Servicio de Red Wifi - Carrera de Derecho - 2017
Fuente: Pagina web de Derecho, toda informacion oficial debe ser pedido a la Unidad de Sistemas de la Carrera de Derecho.
Destituyen a 130 jueces y vocales que enfrentan procesos
El ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, informó ayer de que el Consejo de la Magistratura destituyó a 130 jueces y vocales que tenían procesos, en cumplimiento del reglamento de evaluación de autoridades judiciales.
Arce saludó ese reglamento y la determinación de la Magistratura de cesar de sus funciones a los "malos administradores de justicia que tienen en su contra sentencias condenatorias, acusación formal, imputación y más de dos procesos disciplinarios con suspensión".
El ministro de Justicia explicó que la decisión del Consejo de la Magistratura "dignificará la justicia boliviana", y recordó que se enmarca en la Ley 898, de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia que se realizó en junio de 2016.
Anuncian elecciones judiciales para el 22 de octubre de 2017 en Bolivia
Las
elecciones judiciales están presupuestadas en 150 millones de
bolivianos, es decir, en 50 millones menos que los utilizados en las
elecciones presidenciales.
El vocero del
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, José Luis Exeni, anunció
este jueves que las elecciones judiciales se realizarán el próximo 22 de
octubre y el presupuesto para su realización está previsto en 150
millones de bolivianos, 50 millones menos que en las elecciones
presidenciales, además, manifestó que la convocatoria oficial para esos
comicios se mostrará el 24 de mayo."Queremos comunicar a todo el país que el miércoles 24 de mayo, desde el Tribunal Supremo Electoral vamos a emitir la convocatoria para la elección de las y los magistrados del Órgano Judicial reafirmando la fecha para el 22 de octubre", informó a través de un boletín de prensa.
(Conocer mas).
Libros de Derecho Procesal para descarga.
2.- ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL | JOSÉ OVALLE FAVELA (1981).
El resto de los libros se encuentra en este enlace.
Comunicado: cambio, retiro y/o adicion de materias - 2017.
Comunicado
La respuesta a cartas presentadas a Direccion por motivo de cambio, retiro y/o adicion de materias se encontraran disponibles a partir del dia Miercoles 10 de mayo en el Sistema Academico.
Nota: Se publica este anuncio para fines de consulta, toda solicitud de informacion oficial debe ser hecha ante las autoridades pertinentes de la Direccion de Carrera de Derecho - UMSA.
Enlace al Sistema Academico.
