TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA PENAL AUTO SUPREMO Nº 901/2016
Propuesta de regulación del manejo de datos autorizados personales en Bolivia
Caso mochilas: Abren proceso por presunto vaciado de CPUs
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó este jueves que el Ministerio Público ha abierto un proceso por el presunto vaciado de información de computadoras de la Alcaldía de Cochabamba, en el marco del caso mochilas chinas, reportó radio Pío XII de la Red ERBOL.
En los últimos días la concejal Rocío Molina reveló una carta de funcionarios de la Alcaldía, en la cual se denuncia que el 6 de abril se sacaron 14 computadoras de la Dirección de Desarrollo Humano, encargada del tema de las mochilas, y se las devolvió tres días después vacías de información.
Guerrero indicó que la Fiscalía departamental abrió el miércoles una investigación sobre esta denuncia.
"Se ha aperturado otro proceso por encubrimiento y obstrucción a la investigación a la justicia. Es otro proceso en que seguramente se va a citar a quienes eran responsables de las computadoras y las CPU's, de todo lo que se hubiera borrado o ocultado", dijo.
El fiscal general explicó que de inicio el proceso es contra dos personas: el encargado de informática y el responsable de la custodia y el manejo de los equipos.
La Alcaldía de Cochabamba está bajo investigación por un presunto sobreprecio y otras irregularidades en la adquisición de mochilas chinas. De acuerdo con la denuncia, se habría pagado unos 10 millones de bolivianos por demás y que la empresa adjudicada ya tenía las características de las mochilas antes que se lance el proceso de contratación.
El alcalde José María Leyes y dirigentes de Demócratas sostienen que se trata de un complot del MAS.
Fuente. 18/04/2018
La regulación para el acceso a datos en los registros públicos y privados en Bolivia
Garantía y defensa del acceso a los datos de carácter personal frente al crecimiento exponencial de la tecnología de la información y de las comunicaciones. a tal fin se analiza su naturaleza, como derecho fundamental de la persona su ámbito de aplicación, así como el conjunto de principios que han de ser respetados por los responsables y encargados de tratamiento que recogen, usan y en su caso comunican los datos de carácter personal a terceros.
El objetivo es analizar la implementación de un sistema de regulación para el acceso a datos y las formas de protección de datos de la intimidad personal o familiar contra un uso inadecuado, indiscriminado y se obtengan de manera legal o ilegal de los alcances del procesamiento de datos aquellos registros públicos y privados en Bolivia.
Privacidad de datos y cómputo forense
En la presente investigación de Privacidad de Datos y Computo Forense se desarrolló un análisis profundo, inicialmente se hizo una investigación general tomando en cuenta países tecnológicamente desarrollados como ser países europeos y países americanos, para posteriormente irnos a la parte especifica referida a la Privacidad de Datos Personales y Computo Forense en nuestro país, se recabo todos los datos, normas o leyes referidas a este, se evidencio que existe pocas normas jurídicas que norman la informática en el Estado Plurinacional de Bolivia, percatándonos de la no existencia de una norma jurídica que establezca específicamente la Protección de Datos Personales en el nuestro país, el desarrollo de la información en nuestra sociedad, permitiéndole disponer de nuevos servicios de comunicación electrónica, como redes sociales, Hotmail, etc., pero asimismo introduce grandes riesgos para su intimidad.
Se considera el tratamiento y seguridad que se debe dar a la información personal de cada individuo de nuestra sociedad, derecho que debe ser garantizado por el Estado y la sociedad, a cada persona existente dentro de nuestro territorio nacional. Por lo tanto se pensó en una ley que norme el derecho fundamental a la Privacidad de Datos Personales que tiene cada individuo en nuestra sociedad.
Asimismo se propone utilizar herramientas informáticas para la defensa de esta ley, también para la detección y el procesamiento de personas que mal utilizan las nuevas tecnologías para dañar a individuos, a la sociedad o a organizaciones en general.
El Computo Forense Informático comprende seis pasos muy importantes como el proceso de extracción, la conservación de la evidencia, la identificación de la misma, la interpretación, la documentación y la presentación de la evidencia digitalque proporcionen las técnicas o principios que coadyuven a la investigación de un delito informático, de tal manera que sean legalmente aceptadas dentro de un proceso judicial.
Acción de protección a la privacidad - Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1972/2011-R
Sucre, 7 de diciembre de 2011
Expediente:2010-22543-46-APP
Distrito:Santa Cruz
De todo lo anterior se tiene que tanto la intimidad como la privacidad son la base fundamental para la protección de todos los datos personales de las personas, que solo le atingen a él o a ella, por lo mismo se encuentra facultado para determinar cuándo y dentro de qué límites pueden revelarse situaciones referentes a su propia vida, entendiéndose en consecuencia de que la acción de protección de privacidad, entre otros protege la intromisión por parte de personas particulares y/o jurídicas a la vida íntima del ser humano que le corresponde como consecuencia del reconocimiento a su dignidad, por lo que la vulneración de estos derechos afectan directamente a su imagen, honra y reputación" (las negrillas nos corresponden).
Detención preventiva es cadena de extorsión y fallas del sistema
Javier acaba de cumplir 24 años y lleva más de dos años en la cárcel. Fue aprehendido por sustraer dos celulares, un delito de bagatela que la fiscalía tipificó como robo agravado, y cumple detención preventiva desde diciembre de 2015.
Muy cerca de él otro preso con detención preventiva asintió con la cabeza. No quiere dar su nombre porque "toman represalias, peor si eres extranjero". En el sector de "población", en el primer patio de la cárcel de San Pedro, hay muchos ojos y oídos atentos a lo que hacen o dicen las visitas. Por eso el diálogo se realizó en voz baja. Un tercer preso advirtió "lo que se diga aquí, es confidencial".
MAYORÍA SIN SENTENCIA
La visita a la cárcel permitió confirmar lo ya conocido. Siete de cada 10 personas privadas de libertad purgan condena sin sentencia, aguardan por años en detención preventiva que la justicia defina si son inocentes o culpables.
El 2017 una coalición de instituciones de la sociedad civil presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre la situación de los derechos humanos y el acceso a la justicia de la población privada de libertad que denuncia el uso excesivo de la detención preventiva, el primer eslabón del hacinamiento carcelario y la retardación de justicia, serios obstáculos para el debido proceso en el sistema penal boliviano.
A marzo del 2018, la situación no ha cambiado.
"Existen 18 mil personas privadas de libertad en recintos penitenciarios con capacidad para cinco mil, 270% más de lo que pueden soportar precarias estructuras, en los juzgados hay cientos de miles de expedientes que representan el 70% de mora procesal", detalló Susana Saavedra, directora de la Fundación Construir.
PROBLEMAS ESTRUCTURALES
Según Saavedra, detrás de estas cifras se esconden los problemas estructurales de la administración de justicia, como "la falta de independencia, las restricciones presupuestarias pues el Tesoro General de la Nación (TGN) destina menos del 1% del presupuesto general a justicia, el Estado ha reformado las normas, pero no ha transformado las instituciones, menos del 50% de las regiones del país tiene asientos judiciales y fiscales, cuando la gente demanda justicia se da una respuesta de mano dura contradiciendo reformas penales de corte garantista".
Hace cinco años, Rosario Baptista, abogada penalista, irrumpió en las cárceles de La Paz para realizar un estudio sobre prisión preventiva y derechos humanos, y se topó con hallazgos impactantes.
Tajante y conclusiva afirmó que lo que detectó hace cinco años no ha cambiado a la fecha. "Muchos están resignados a la idea de que nunca van a salir de la cárcel aunque sean inocentes, la corrupción condena a gente inocente (…) es un sistema altamente corrupto en el que los delitos tienen precio".
Baptista dejó de litigar porque "creo que hemos perdido la batalla ética contra el sistema". En su opinión se renuevan una y otra vez los mecanismos para perpetuar la injusticia. El indulto, por ejemplo, tiene como condición acogerse a un proceso abreviado "que no significa otra cosa que reconocer haber cometido un delito, inculparse para salir de la cárcel porque si pretenden demostrar su inocencia es posible que fracasen en el intento".
Fue categórica al afirmar que la prisión preventiva es la punta de un iceberg sostenido en la base por todos los factores que vulneran el debido proceso y que infringen el derecho a ciertas garantías mínimas para asegurar un resultado justo y equitativo.
EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN
Adolescentes, jóvenes, indígenas y mujeres sufren con mayor rigor los obstáculos para el acceso a la justicia y son víctimas de exclusión y discriminación en el sistema penitenciario. Los factores de vulnerabilidad se acrecientan porque además de su condición de género, generacional o étnica, enfrentan una situación de pobreza.
En el caso de las mujeres, la mayoría son jefas de hogar, pero cuando son privadas de libertad el mundo que intentaron sostener aun desafiando la ley se desmorona en un abrir y cerrar de ojos.
Aseguró que tras varios años de trabajo no le queda duda que "los tribunales y las cárceles amplifican las inequidades de género".
De los 61 recintos carcelarios existentes en el país, ocho son habitados por mujeres, pero sólo cuatro fueron construidos exclusivamente para albergar a población femenina, dos son estructuras adaptadas para la convivencia mixta.
El hacinamiento también afecta a las mujeres privadas de libertad, pero su mayor preocupación es la situación de sus hijos e hijas que comparten el encierro con ellas, un problema que en opinión de Quiroga "no se resolverá sacándolos de las cárceles, sino con medidas para que sus madres no ingresen en privación de libertad, más aún por delitos de escasa relevancia social".
CORRUPCIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA
La Defensoría del Pueblo precisó en 2012 que la recurrente amenaza de separar a las mujeres privadas de libertad de sus hijos representa "una forma de tortura". Y desde la práctica cotidiana, la abogada Arleti Tordoya del equipo jurídico de Mujeres Creando en Santa Cruz, aseguró que el impacto del encarcelamiento en la vida de las internas y sus familias no es tomado en cuenta cuando se ordena su detención preventiva o se incurre en retardación de justicia.
Aún más, aseguró que la prisión preventiva "criminaliza doblemente a las mujeres porque es un resorte de la corrupción del sistema, las mandan a la cárcel y las extorsionan, como no pueden pagar quedan atrapadas en la retardación de justicia".
El Mapa Socio Jurídico de Mujeres Privadas de Libertad brinda datos sobre los múltiples problemas que enfrentan y, entre otros, menciona que el alto porcentaje (90%) de trabajo por cuenta propia terminará jugando en su contra debido a que la estabilidad laboral es uno de los requisitos para demostrar arraigo y desvirtuar el peligro de fuga.
Otro de los factores que las hace más vulnerables a la detención preventiva es que no cuentan con documentos de propiedad o contratos de arrendamiento de un inmueble, o no pueden demostrar una familia constituida porque son madres solteras, divorciadas o viudas. El sistema no perdona, muchas mujeres embarazadas y con lactantes no se benefician de la prisión domiciliaria.
DELINCUENCIA JUVENIL
En más de una década de trabajo en Bolivia, Roberto Simoncelly fue testigo de importantes cambios en el sistema que sanciona los delitos juveniles. Dirige ProgettoMondo Mlal y conoce de cerca los avances y retrocesos del sistema penal y aunque considera que el Código Niño, Niña, Adolescente es una de las reformas más progresistas, no sólo de Bolivia sino del mundo, ya no le queda duda que los avances normativos se han estancado porque persiste una tendencia a utilizar la prisión como el primer recurso para encarar los problemas derivados de la delincuencia juvenil.
Las cifras muestran que la prisión preventiva juvenil ha disminuido al 45% a nivel nacional, pero este promedio global oculta otras realidades locales. En La Paz, por ejemplo, sólo el 20% de los adolescentes tiene sentencia, el 80% cumple detención preventiva, en muchos casos por más de dos años cuando la ley establece un periodo máximo de seis meses.
Para Simoncelly la detención preventiva "conlleva un problema de trato degradante e inhumano" que sólo se explica por la "falta de formación de las autoridades de justicia para adolescentes que no sólo desconocen completamente las normas, sino que están incurriendo en incumplimiento de deberes".
Medida excepcional
"La detención preventiva es una medida excepcional que se está aplicando como regla general" afirmó Simoncelly y, en su criterio, esto también se debe a que "como sociedad somos fuertemente punitivos y tenemos interiorizado adentro de nosotros el sentido de justicia como si fuera un sentimiento exclusivo de venganza".
La prisión preventiva es un espejo de lo que pensamos como sociedad, "por eso no nos escandaliza, porque en nuestra mentalidad punitiva penamos que más cárcel nos garantiza más seguridad" puntualizó.
Y no titubeó al afirmar que esa expectativa está totalmente alejada de la realidad. "Más cárcel, genera más inseguridad" afirmó, y recordó la frase que se hizo popular en la Gran Bretaña de Margaret Tatcher: "las cárceles son sistemas muy costosos para convertir gente mala en gente peor".
La disyuntiva entre justicia o venganza no despeja los temores de la gente y, al contrario, suele servir de excusa a los administradores de justicia que en teoría saben que la regla general que se deriva de la presunción de inocencia es que para que alguien pueda ser privado de libertad se requiere una sentencia condenatoria en su contra.
