martes, 20 de noviembre de 2018



Ciro Añez Núñez

En términos económicos son dos los elementos excesivamente costosos en el mercado, estos son: "el tiempo"  y "la información".

Actualmente se pierde mucho tiempo en la administración de justicia y el administrado no vuelve a recuperarlo jamás pues es la oportunidad desaprovechada para cumplirla. Es decir, esas idas y vueltas a los juzgados para dejar escritos (papeles) constituye una pérdida de tiempo sumado a la demora y las suspensiones continuas de audiencias conlleva todo aquello que dejó de hacer (lo cual puede ser: trabajo, vida familiar, estudios, capacitación, relaciones humanas, deporte, visita al médico, exámenes de laboratorio clínico, etc.). Todo eso tuvo que dejar de hacer el administrado a fin de satisfacer las exigencias impuestas por una determinada disposición judicial o administrativa que luego no se cumple a cabalidad.

Desde una perspectiva basada en la utilidad individual, ante tantas demoras y dilaciones, resulta que a vista de los administrados, se encuentra por demás convencido de que ha sido su peor decisión haber acudido o accedido a la jurisdicción, dado el enorme perjuicio que esto le ocasiona.

Cualquiera que haya asistido a un curso de economía básica ha tenido contacto con el principio de la "tragedia de los bienes comunes", un experimento mental que ayuda a ilustrar por qué ningún recurso que las  personas comparten de forma gratuita es sostenible a largo plazo salvo que esté gestionado y regulado.

Debemos dejar atrás montañas de papel para usar tabletas, celulares o computadoras en cualquier parte del mundo para acceder y revisar un expediente judicial.

En esta Era de la tecnología de la información y la comunicación, no es posible que los abogados y los asistentes pierdan su tiempo presentando papeles. Los juzgados deben ser útiles para los momentos cruciales durante la realización de audiencias mientras que las demás actividades deberían ser realizadas a través del uso del Internet.

La implementación del expediente digital en Bolivia es apremiante pues por ejemplo, posibilita demandar y contestar la demanda por internet, poner en operación la firma digital, hacer las notificaciones a las partes por e-mail, realizar pagos de costas on-line y adelantar determinadas audiencias a través de videoconferencias.

En ese sentido, lo primero es la digitalización de toda la documentación (esto no significa que la actual documentación en papel desaparecerá sino que se archivará). Posteriormente, se deberá elaborar un mapa documental, instalar una plataforma sólida, crear un registro de entrada electrónico, registro presencial, registro telemático, poner en práctica la firma digital y un régimen de transición que incluya amplia capacitación.

Con la instauración de la "justicia en red", los juzgados estarían virtualmente abiertos las 24 horas. De esta manera, se consigue racionalidad en el tiempo. Todo esto no es novedad pues sin ir muy lejos, Argentina y Brasil, hace rato ya cuentan con esto y sus ventajas son enormes. La jurisdicción federal de EEUU lo tiene desde el año 1996 y reúne varias buenas experiencias. Ya es hora que Bolivia incursione en la "despapelización". Amerita trabajar hacia el "papel cero" y la "justicia en red" en los despachos judiciales.

Fuente: Ciro Añez


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