Un juez, dos funcionarios y un ciudadano particular son investigados, y ya fueron imputados por la Fiscalía, por manipular informáticamente el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), con el fin de "dirigir" el ingreso de algunas causas nuevas al Juzgado Público Civil y Comercial 7, sin que las mismas sean sorteadas en Plataforma, tal y como establecen las normas en vigencia.
Todo comenzó el 26 de julio de 2017, cuando Humberto E.A. presentó una demanda ordinaria de resolución de contrato verbal en contra de Juan Carmelo Abuwad Villagomez y Carlos Abuawad Ampuero.
La demanda radicó en el Juzgado Público Civil y Comercial 7 con el número de registro judicial (NUREJ) 3084173. De acuerdo a norma y a procedimiento, el NUREJ debe ser asignado en un sorteo al momento de presentar la demanda en Plataforma.
En este caso, y pese a que los dos demandados eran conocidos de Humberto E.A., ellos fueron notificados mediante tablero en el Juzgado y después por edicto, a pedido del demandante, otorgando un plazo de 30 días para que asuman defensa.
Los Abuawad no se enteraron de la demanda y, por lo tanto, no respondieron a la misma. Entonces, el Juzgado Público y Civil 7 ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias y la retención de fondos, como medida cautelar.
Cuando los demandados intentaron realizar algunas transacciones y se percataron de que 403.312 bolivianos habían sido retenidos por una instrucción judicial, el perjuicio económico ya era grande ya era muy grande. El 25 de agosto de 2017 se apersonaron ante el Juzgado y presentaron un memorial advirtiendo que el proceso no fue llevado adelante conforme a las normas y solicitando que se anulen todos los obrados, hasta el vicio más antiguo.
Además, pidieron que al juez Iver Fernando R. que deje sin efecto la retención de sus fondos. El 20 de agosto de 2017, este juez les respondió con un "No".
A los demandados, que conocen el procedimiento que se adopta regularmente en los procesos civiles, les extrañó de sobremanera que la demanda interpuesta por Humberto E.A. haya avanzado tan rápido y sin darles la oportunidad de defenderse.
Después de varios reclamos, el 22 de septiembre de 2017, la autoridad judicial instruyó, notificando a la ASFI, que se levante la medida de retención de fondos en todas las entidades financieras, excepto la efectuada en el Banco Nacional de Bolivia por el monto de 403.312 bolivianos, "para después subsanar todo el perjuicio ocasionado".
Desconfiados, los demandantes solicitaron el 5 de octubre de 2017 que Plataforma de Atención al Usuario Externo (PAUE) certifique que la causa NUREJ 3084173 ingresó por sorteo, en cumplimiento de la norma.
SIN SORTEO El 10 de octubre de 2017, el encargado de Plataforma Andrés Daniel Espinoza Arias certificó: "Revisado el sistema SIREJ, se pudo evidenciar el mismo 'modus operandi' de un primer expediente encontrado con firmas y sellos falsificados de dos funcionarios, es decir fue ingresado de forma ilegal a través de la cuenta de la secretaria del Juzgado Público Civil 7. Por informática se verificó que este expediente nunca fue sorteado y el código NUREJ fue creado con el usuario de una funcionaria del Juzgado Público Civil 7 . También se constató que que tuvo actuados subidos al sistema SIREJ mediante otros usuarios".
FALSIFICACIÓN La auxiliar de Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia Suska Cora B.F., que trabaja en la ventanilla de recepción de memoriales, cuyo sello y forma aparecían en el expediente NUREJ 3084173 como "corredora", rechazó que haya rubricado el documento y sostuvo que ese sello no era el suyo.
Es decir, corroboró que falsificaron su firma y sello para hacer parecer que ella había entregado el caso al Juzgado de Iver Fernando Romero, pero ella nunca lo hizo. "Estoy muy preocupada con esta situación porque en menos de una semana ya van dos casos en los que veo que mi sello personal ha sido falsificado, por lo que pido a las autoridades que investiguen y den con los responsables".
LA DENUNCIA Los demandados formalizaron denuncia ante la Fiscalía contra el juez Iver Fernando R.F., la secretaria abogada Claudia U.J., Leyci Cindy P. M., Christian G.R., Wilson B. y el hombre que los demandó ante el Juzgado, Humberto E.A., por 12 delitos: falsificación de sellos, de papel sellado, y timbres; falsedad material; falsedad ideológica; uso de instrumento falsificado; manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos; incumplimiento de deberes; prevaricato, cohecho pasivo del juez; consorcio; cohecho pasivo propio; uso indebido de influencias; resoluciones contrarias a la ley.
Tras una investigación preliminar, la Fiscalía tomó declaraciones a todos los involucrados y recibió varios informes, entre ellos el del encargado distrital de Servicios Informáticos, ingeniero Alan Vásquez Velarde, quien entregó la lista de casos ingresados por Plataforma y de los casos que no fueron ingresados legalmente por esa vía. Coincidentemente, estos últimos corresponden al Juzgado Público y Civil 7.
Luego de evaluar todos los elementos acumulados, el 27 de agosto de 2018 la Fiscalía corporativa especializada en delitos contra la fe pública presentó una resolución de imputación penal en contra de tres funcionarios judiciales y un ciudadano particular (el demandante).
Datos
27 de agosto de 2018 es la fecha en la que la Fiscalía imputó formalmente a un juez y a tres funcionarios del Juzgado Público Civil Comercial 7 tras hallar indicios de la comisión de distintos delitos para manipular la radicatoria de causas nuevas en esa instancia.
1 de febrero de 2019 es la fecha en la que estos funcionarios serán sometidos a una audiencia cautelar para que otro juez establezca si se defenderán en libertad, o con detención preventiva, en tanto se profundizan las investigaciones en este caso.
Los delitos de 4 imputados
La Fiscalía imputó al juez del Juzgado Público Civil 7, Iver Fernando R.F., por los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes. Si se comprueba su culpabilidad en ambos delitos, en un juicio oral, se expone a una sentencia de 1 a 10 años de cárcel.
El prevaricato, según el artículo 173 del Código Penal, señala que "el juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones contrarias a la ley será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años".
La funcionaria Claudia U.J. fue quien utilizó su código para obtener el NUREJ de manera ilegal y a sabiendas de que debía cumplirse con el sorteo previo.
La funcionaria Leyci Cindy P.M. firmó la admisión del proceso de Resolución de contrato, recibió los antecedentes y los registró, a sabiendas de que el caso fue remitido al Juzgado Público y Civil 7 cuatro minutos despues de la supuesta hora de ingreso por Plataforma, lo cual es ilógico e irregular. Ambas funcionarias han sido imputadas por incumplimiento de deberes y se exponen a una pena de 1 a 4 años de cárcel.
LA PRUEBA DE QUE NO FUE SORTEADO. EXPEDIENTE
