Archive for julio 2017
Por qué elegimos a los jueces en Bolivia?
La Constitución Política del Estado Plurinacional ha definido, a partir de la problemática republicana y neoliberal que nos tocó vivir, que la justicia es uno de los principales retos para la Democracia Intercultural que estamos construyendo. Las instancias máximas de decisión en el Poder Judicial fueron históricamente, a nivel institucional, dependientes de las decisiones de grupos de poder. Nos referimos a jueces colocados por parentesco, por imposición de dictadores de turno, o a partir de pactos político-partidarios en la reciente democracia neoliberal.
A lo largo de la historia de Bolivia, nunca se concibió a la justicia institucional como un derecho de la ciudadanía, sino más bien como un privilegio de sectores de poder, es decir, los jueces nombrados se debían al poder político y recibían beneficios de él. El conjunto de la ciudadanía simplemente sufría las decisiones (o falta de ellas) del Poder Judicial, que fluctuaban según la capacidad económica y el poder político del involucrado.
Pero además, en una sociedad históricamente marcada por la exclusión de la mayoría indígena originario campesina, la elitización señorial también se "validó" por el conocimiento, el color de la piel y el apellido, características que otorgaban pertenencia a los espacios de decisión, también en la justicia, por supuesto.
Los "escribanos y doctorcitos" de la Colonia, y posteriormente de la República, siempre jugaron el papel accesorio de legalización del poder colonial y señorial, que reproducía también el hecho de contar con el privilegio del conocimiento como poder y artilugio (capital simbólico) ajeno a la mayoría y dotado a personas especiales. Esos "doctorcitos" están presentes en gran parte de nuestra historia republicana, como parte integrante del Estado y muchas veces como operadores directos del poder en la presidencia de la República.
El ser abogado era concebido como un privilegio que permitía estar cerca de la administración del poder, y se convirtió en una expectativa para la mayoría excluida. Por eso, cuando los procesos democratizadores de la revolución de 1952 ampliaron las posibilidades de acceso a la educación, paulatinamente se produjo la irrupción de sectores populares en las universidades, principalmente en la carrera de Derecho como canal académico de ascenso social a través de la política o bien en los niveles inferiores del poder simbólico, en los que los abogados viven gracias a la extracción de recursos a la población a nombre de la legalidad y el mercado.
Este modo en el que el Derecho se ha desplegado en nuestra vida social no expresa ni más ni menos que la forma en la que se concibió el Estado republicano excluyente y hermético (cargado de simbolismos que solo tenían la pretensión de divinizar el poder del Derecho y de los que lo ejercían) porque no existía como pretensión histórica el de construir un país, sino el de proteger los intereses patrimoniales de las élites. En los tiempos neoliberales, los partidos políticos se repartieron los nombramientos de magistrados en el Parlamento, arrogándose espacios de poder judicial por largas temporadas que llegaban a los 10 años con derecho de reelección. Seguramente, hubo algunos meritorios, pero la gran mayoría estuvieron en el marco del tutelaje político para ejercer sus funciones.
Con los procesos de modernización posteriores se dieron algunos cambios que buscaban mayor democratización de la justicia, pero fracasaron o están agonizando bajo la sombra de la corrupción institucionalizada y las prebendas políticas.
El proceso constituyente tuvo que partir del fracaso del sistema judicial boliviano para proponer cambios en la justicia ordinaria que integren también a la justicia indígena originaria campesina, en la tarea de construir una nueva justicia plurinacional para un nuevo país. Pero además, en los niveles máximos de decisión, donde existía más presión partidaria y de grupos de poder, se propuso una total democratización abriendo la elección de jueces y magistrados al mandato del pueblo que les otorgaría la misión fundamental de hacer cumplir la Constitución y las leyes, en el marco de una nueva justicia, acción pública sobre la que serán juzgados por la sociedad.
El constituyente también propuso que la elección de los jueces debía marcar un derrotero propio, pues los procesos electorales habían sido convertidos, por la democracia representativa, en espacios de mercado en el que los candidatos se valorizan apadrinados por los partidos o grupos de poder, y se exhiben comercialmente por los medios de comunicación para convencer a la población de "darles" su voto a cambio de ofrecimientos futuros o de dádivas entregadas en la campaña.
El grado de inversión se convirtió en el eje rector de la decisión, pues los medios no "informaban" acerca de las cualidades y características de los candidatos, sino que los prefabricaban como parte del mercadeo electoral para generar un proceso de inducción mediática de la sociedad civil. La mayoría de los candidatos elegidos, en la era neoliberal, fueron producto de una gran dosis de mercado que además lanzaba el mensaje colonial de la incapacidad del pueblo para gobernar con sus propios dirigentes. Tuvo que entrar en crisis el imaginario neoliberal para que estas ideas neocoloniales también hicieran aguas.
Así, la elección de jueces no es un tema de detalle, sino estructural para construir la justicia relacionada con la Democracia Intercultural.
También pudimos ver con la primera experiencia de elección judicial que fueron elegidos, en su gran mayoría, jueces por su dimensión simbólica relacionada con la plurinacionalidad, aunque llevaban consigo expectativas de poder propias basadas en la tradicional formación del Derecho que han pervertido en mucho la defensa de los derechos fundamentales. Muchos de ellos con poncho, ojota o pollera no estuvieron a la altura de las transformaciones que el país requiere y profundizaron aún más la crisis de la justicia.
Como un tema de principio no debemos confundir la mala acción judicial de los nombrados en la primera experiencia, con los propósitos estratégicos propuestos por el constituyente y plenamente presentes en la actual CPE que son los de transformar la esencia señorial de la justicia.
Existe hoy la experiencia democrática de la elección judicial de 2011, que fue una lección también para el mundo. Para algunos, la conclusión es volver al planteamiento tradicional y retornar a que las elecciones sean totalmente meritocráticas y no representativas, basados en la funesta experiencia anterior, pero sin recordar que toda la historia republicana se ha nutrido de meritocráticos magistrados que estuvieron al servicio de las oligarquías de turno y fueron parte del poder constituido.
En fin, un debate mayor nos debería llevar a ver la necesidad de encontrar la relación entre lo meritocrático y lo representativo, entre los títulos y la experiencia de vida, pues quizás esa relación es la que nos permita tener magistrados con nuevas propuestas para cambiar la justicia, pero además con la suficiente ética de vida para sostener esos cambios.
- Juan Carlos Pinto es sociólogo; fue director del Sifde, del OEP
Ministro Arce pide cárcel para fiscal y jueces por "ocultar" pruebas en el caso Ramírez
Arce también cuestionó el actuar de los funcionarios policiales que habrían torturado a Reynaldo Ramírez. Dijo que no se puede permitir la tortura como mecanismo de investigación.
Tras reunirse este lunes con Reynaldo Ramírez, víctima de un injusto fallo judicial, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, acusó al fiscal Marcelo Delgadillo y a los jueces Mery Yanet Mojica y Alberto Luis Paz de "ocultar" las pruebas y no haber tomado en cuenta un informe pericial que señalaba que el investigado era inocente.
"Se ha evidenciado acciones criminales de parte del fiscal Marcelo Delgadillo y acciones criminales de parte de los dos jueces. El fiscal oculta deliberadamente el informe pericial que decía que la fotografía de Reynaldo Ramírez no presenta similitudes y rasgos iguales a niveles de rasgos fotográficos faciales más significativos con el individuo masculino de la fotografía rotulada", señaló la autoridad.
Arce refirió que el 22 de diciembre de 2015, el fiscal presentó en el juicio un total de 63 pruebas, y "en las 63 pruebas oculta criminalmente (el informe pericial) y esa es la responsabilidad penal de este fiscal, que tiene que estar en la cárcel, oculta deliberadamente el informe, lo esconde" añadió la autoridad de Estado.
Asimismo, expresó muy molesto que la mayor responsabilidad está en los que dieron la sentencia, que condenó a Reynaldo Ramírez a 30 años de prisión sin derecho a indulto, sabiendo que no había evidencias certeras de que él fuera el autor del feminicidio.
"Ellos (los jueces) han actuado culpando y responsabilizando a una persona inocente y eso es un crimen que no se puede permitir", aseveró.
El ministro lamentó que las autoridades jurisdiccionales que llevaron este caso hayan actuado de manera ligera y sentenciando a un inocente, por lo que anunció que el Gobierno presentará una demanda penal contra el fiscal y los dos jueces.
"Había prueba de su inocencia y la han escondido, la han guardado y no lo han tomado en cuenta. Han desoído los principios fundamentales que hacen al derecho penal. Ellos han condenado a un inocente. Es inadmisible", apuntó.
Arce indicó que pedirá una "profunda investigación penal" porque está convencido de que "hay responsabilidad penal por prevaricato e incumplimiento de deberes" en los funcionarios que llevaron el caso de Ramírez sin tomar en cuenta las pruebas que lo favorecían.
"Y por el bien de la justicia, quienes han causado este daño deben responder penal y civilmente, no es un caso que va a quedar en la impunidad", remarcó.
Tortura como mecanismo de investigación
Arce también cuestionó el actuar de los funcionarios policiales que habrían torturado a Reynaldo Ramírez, tal como lo denunció. Anunció que solicitará una profunda investigación al respecto.
"Vamos pedir una investigación a la Policía porque no podemos concebir que la tortura sea un mecanismo de investigación. A partir de este caso, vamos a solicitar al Comando General de la Policía una investigación de los hechos que Reynaldo ha vivido", aseguró.
El ministro Arce anunció que el gobierno ayudará a Ramírez para que se reinserte en la sociedad, así como en el ámbito laboral por mandato del presidente Evo Morales.
"Vamos analizar con Reynaldo los medios y mecanismos para que él pueda reinsertarse en la sociedad. Laboralmente vamos a coadyuvar y colaborar para que pueda rehacer su vida y reinsertarse en la sociedad en las mejores condiciones. Esto es un ejemplo que no debe pasar y un ejemplo de sobrevivencia", precisó Arce.
Entre tanto, el sentenciado injustamente, Reynaldo Ramírez, muy dolido señaló que iniciará una querella penal y una demanda civil contra los responsables de este hecho irremediable.
"Vamos a iniciar un proceso penal y civil por el daño ocasionado a mi familia, daño a mi imagen y a mi honor. Me dañaron psicológicamente", afirmó Ramírez.
Asimismo, contó el calvario que vivió al ser condenado a 30 años y del que tuvo que pasar dos años en la cárcel de Palmasola. Pidió al Gobierno y la población boliviana ayuda para su familia a para rehacer su vida.
"Me siento muy mal, desde el día que me metieron al penal. Fue como un infierno, sentí mucho dolor, maltrato 
psicológico y físico. Tengo que rehacer mi vida, comenzar de cero. Pido que me apoyen. Pido resarcimiento económico para mi familia", agregó.
Convocatoria a la Prueba de Suficiencia Académica - Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - 2017
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas convocan a estudiantes de último curso, bachilleres y profesionales , que deseen cursar estudios en las Carreras de Derecho o Ciencias Políticas y Gestión pública a inscribirse a la Prueba de Suficiencia Académica Gestión 2017.
Costo: Bs. 550 (Post. Nacionales) y Bs. 1740 (Post. Extranjeros).
Debe registrarse a http://www.fdcp.umsa.bo/prefacultativo.
Las inscripciones inician el 10 de julio hasta el 11 de agosto de 2017.
Envían a la cárcel al destituido Fiscal Departamental de Oruro
El Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal ordenó la detención preventiva del destituido Fiscal Departamental de Oruro, Franz Ochoa Yucra, después de que el Ministerio Público lo imputó por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Familia vive una “tortura” tras sufrir estafa de $us80 mil
El sueño de la familia Zonco Lobo de La Paz se convirtió en una pesadilla que ya lleva tres años. Estafadores les quitaron los ahorros de toda la vida y desde entonces peregrinan en instancias de Policía, Fiscalía y Justicia en busca de recuperar el dinero que tanto les costó ganar, sin embargo, este proceso se convirtió en una "tortura" de trabas, papeleos y frustraciones.
"Toda una tortura. Yo me enfermado, estoy mal de salud, todo un desastre. El gasto ha sido terrible. En la Policía, la Fiscalía nada es gratis, en el juzgado menos, todo hay que pagar", lamentó entre lágrimas Mercedes Zonco.
La pesadilla de esta familia comenzó como el sueño de tener un inmueble. Según su denuncia, en julio 2014, vieron un anuncio de venta de terreno en la zona Sur de La Paz, y esperanzados contactaron al presunto vendedor, Enrique Kanda Aliaga, un hombre de la tercera edad que usa su condición de adulto mayor para generar confianza.
Kanda llevó a la familia al terreno que estaba vendiendo, ubicado por la zona El Pedregal. El adulto mayor dijo que era cuidador de ese inmueble que pertenecía supuestamente a su sobrina, quien necesitaba el dinero de la venta para actividades comerciales.
La familia observó que Kanda tenía acceso físico al terreno y además exhibió el documento de información rápida del mismo. Entonces, los Zonco decidieron avanzar con la compra, con la condición de que el vendedor lleve a la dueña del inmueble para completar la transacción en persona.
La supuesta dueña del terreno no apareció y Kanda se presentó con el joven Robert Mauricio Caba Dorado, de quien aseguró que era ahijado de la propietaria. Los vendedores argumentaron que la dueña había viajado de urgencia y que había dejado un poder a su ahijado para hacer la transacción.
La familia decidió hacer el pago. Quedaron en una transacción de 89 mil dólares, de los cuales entregaron 80 mil en la mano de Caba, dejando el resto para después. Fueron con el joven a oficinas de la Alcaldía para pagar el impuesto a la trasferencia, y en la tardanza Caba escapó del lugar y después ya no contestaba las llamadas.
Los Zonco siguieron adelante y contrataron obreros para limpiar el terreno. La sorpresa fue grande cuando el 17 de julio de 2014, Mercedes recibió una llamada de sus trabajadores para decirle que unas personas que decían ser dueñas del inmueble habían aparecido.
La mujer trató de contactarse con los vendedores, pero el joven Caba tenía el celular pagado y Kanda sólo atinó a decir que no hagan caso y pongan un portón, luego ya no contestó.
Ante la emergencia, la familia pidió a una señora que llame a Kanda para hacerse pasar por una compradora y preguntar por el terreno. Se encontraron con que el adulto mayor seguía ofreciendo el inmueble. Lo citaron y lograron capturarlo.
Enfrentaron a Kanda con las personas que decían ser dueñas del terreno, y éstas lo acusaron de haber allanado el inmueble. Todos fueron a instancias policiales, donde la familia Zonco constató que los documentos que les mostraron para la compraventa eran falsos.
Descubrieron que los documentos que les había entregado el joven Caba no coincidían con la realidad, y que incluso los estafadores habían utilizado papeles de otro bien inmueble para fingir que se trataba del terreno que estaban ofreciendo.
Entonces comenzó el calvario de los Zonco con las autoridades. Mercedes relató que pidió ayuda del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía, donde le mostraron la foto de Caba, puesto que el joven ya había tenido antecedentes de conducta delictiva.
En el DACI, según el relato de la mujer, pidieron una semana para encontrar a Caba, pero al terminar ese plazo el oficial que los atendió dijo que ya no formaba parte de esta unidad. Mercedes aseguró con frustración que después descubrió que la versión del uniformado era mentira.
Mientras tanto, la familia Zonco sin ayuda policial logró detectar por su cuenta el paradero de Caba y fueron a su encuentro. Según Mercedes, el joven dijo que devolvería los 80 mil dólares de la siguiente manera: 28 mil con un terreno a nombre de un familiar, 12 mil con un vehículo y 40 mil en efectivo.
Los Zonco esperaron a que la familia de Caba aparezca para hacer estas transacciones –como él había prometido- pero no lo hicieron, por lo cual iniciaron el proceso judicial en el acto.
De acuerdo con la denunciante, en julio de 2015, se logró que un juez envíe al joven Caba a la cárcel con detención preventiva. Sin embargo, Mercedes dijo que a su familia no le sirve que el acusado esté encerrado, porque lo que necesita es recuperar el dinero. "Es el sacrificio de toda mi vida, cómo puede quedar asi tan fácilmente los maleantes", exclamó.
Por otro lado, el adulto mayor sigue en libertad. La familia Zonco intentó encontrarlo, pero él cambiaba constantemente de teléfonos y daba direcciones falsas. Hace poco lo capturaron y se sorprendieron con que tenía en su posesión varios documentos de poderes para inmuebles. "A tantos está haciendo llorar", lamentó Mercedes.
Ahora, la familia Zonco teme que se consume lo que consideran una injusticia. Según Mercedes, uno de los acusados de estafa pidió mediante su abogada Zuleika Lanza someterse a un juicio abreviado. Explicó que el sindicado aceptaría su delito, pero eso no convence a la familia.
La familia Zonco pidió que se amplíe a más delitos la imputación, pero se sorprendió de que primero se diera lugar a la solicitud de juicio abreviado. La audiencia se realizará este lunes 3 de julio y las victimas aseguraron que se negarán a que se consume el procedimiento abreviado.
Por otro lado, también está por comenzar el juicio oral por este caso. Mercedes aseveró que la misma fiscal que lleva adelante el proceso le dijo que con este litigio se podrá conseguir una condena a los acusados, más no así la recuperación de su dinero. Los acusados no tienen bienes a su nombre.
Mercedes rompió en llanto y dijo estar frustrada con el curso que siguió el caso, que incluso ha deteriorado su salud, puesto que recientemente le diagnosticaron diabetes. Lamentó que mientras ella sufre por el dinero que le sonsacaron, los estafadores están tranquilos, uno en libertad y el otro –según la mujer- con el beneficio de estar en el sector Posta de la cárcel.
La mujer cree que el dinero de los estafadores los ayuda a tener ventajas ante las autoridades. "No quiero recordar, estoy dolida contra la Policía, los fiscales, los jueces. Son corruptos. Él único que nos ha tocado que ha actuado bien en el doctor Iván Córdoba", manifestó con pena.
Mercedes con los ojos empapados en lágrimas recordó a las autoridades que ella es la víctima y les pidió que no se parcialicen con los estafadores.Comisión Codificadora analiza perspectivas del nuevo Código Procesal Administrativo
La Comisión, encargada de elaborar las propuestas de códigos en lo Civil, Comercial, Administrativo, Laboral y de Ejecución Penal, inició el tratamiento del nuevo Código Procesal Administrativo, que es parte del denominado "Códigos Morales".
Los abogados de la Comisión Administrativa, Wilson Jaime Villarroel Montaño y Carlos Rocha Orozco, expusieron los fundamentos teórico-doctrinales y normativos. Además, explicaron los alcances que debe contener la nueva norma.
La sesión de la Comisión fue presidida por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce Zaconeta, quien expresó su reconocimiento al trabajo de los expertos y recomendó que las normas sean trabajadas en base a la realidad del pueblo boliviano y no sean exclusivas de sectores privilegiados.
Destacó la decisión de acelerar el trabajo para plantear los anteproyectos, a la brevedad posible, de las nuevas normas que completarán los "Códigos Morales".
El jurista Villarroel Montaño manifestó en su ponencia que la nueva norma se ajusta a los preceptos básicos de la Constitución Política del Estado, es decir las reglas del procedimiento administrativo deben asegurar la aplicación del derecho de petición, el más importante de todos los derechos fundamentales y que es el que pone en contacto al ciudadano con el Estado.
Asimismo, manifestó que se trabaja con prioridad para garantizar "mayor seguridad jurídica".
"Se refuerzan los principios de legalidad y de control judicial, a diferencia de la Ley del Procedimiento Administrativo Nº 2341, que no los preveía, en el Código se exige información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, como un principio específico", aseveró.
Se plantea una mayor efectividad en las decisiones del Estado. Según Villarroel la nueva propuesta busca superar a la Ley del Procedimiento Administrativo, al incluir medidas cautelares en el procedimiento.
"Anteriormente sólo estaban previstas en los procedimientos regulatorios y hoy alcanzan a toda la Administración. Esto permitirá, en contrapartida a un mayor y mejor margen de tutela de los derechos de los administrados, que el Estado también pueda disponer medidas urgentes para preservar el interés público, sin necesidad de pedir, por ejemplo, auxilio judicial", explicó.
En la misma línea, continuó el perito, se encuentran las previsiones destinadas a la ejecución de los actos administrativos, que no estaban previstas en la vigente ley.
A su turno, el jurista Carlos Rocha consideró importante la celeridad en los trámites, pues reviste mayor de interés para los ciudadanos administrados.
"Superando a la Ley del Procedimiento Administrativo, en la propuesta de este nuevo Código se prevén plazos específicos para ciertas actuaciones, así como se ha incorporado la figura del pronto despacho que permite a la autoridad judicial requerir inmediato pronunciamiento de la administración cuando ésta es renuente a cumplir su deber o intenta evadir la definición en un asunto determinado", afirmó.
En la misma línea, a decir de Rocha, se incluye el régimen de denuncias ausente de la Ley del Procedimiento Administrativo. "Se ha simplificado el cómputo de términos y plazos. Se han incluido nuevas figuras como la delegación de firma y la encomienda de gestión que, se espera, coadyuven de manera notable a una mayor celeridad en los trámites".
En el anterior periodo constitucional, de la gestión del presidente Evo Morales, se han viabilizado un primer paquete de normas fundamentales como el nuevo Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, el Código Niño, Niña, Adolescente, el Código de las Familias y el Proceso Familiar; y la Ley del Notariado.
Para el segundo paquete de los "Código Morales" se tiene que trabajar en cinco normas. Se perfiló un nuevo Código Civil, Código de Comercio, Código Laboral y de Proceso Laboral, el Código Procesal Administrativo y la Ley de Ejecución Penal.
El pasado 30 de mayo Arce Zaconeta presentó a los miembros de las comisiones codificadoras para trabajar el segundo paquete de los "Códigos Morales". El 19 de junio arrancó el trabajo de la Comisión del Código Civil.
Fuente.
